La Generalitat comprará viviendas con riesgo de desahucio a la banca

El Ejecutivo catalán quiere evitar que esas casas pasen a manos de fondos de inversión

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila.
El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila. Joan Sánchez

La Generalitat y los ayuntamientos tendrán derecho de compra preferente de las viviendas que estén en manos de entidades financieras y sobre las que pese un procedimiento de ejecución hipotecaria para evitar más desahucios. Con esta medida, la Administración catalana pretende impedir que los pisos en los que residen familias “en situación de vulnerabilidad” puedan pasar a manos de fondos internacionales, especialmente activos en la compra de lotes de préstamos morosos y viviendas. Las Administraciones temen que esas adquisiciones desemboquen en una nueva oleada de desahucios.

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, explicó ayer tras la reunión del Consell Executiu que la Agencia Catalana de Vivienda ha reservado ocho millones de euros para estas adquisiciones, a las que se añadirán las cantidades que se recauden con el impuesto que grava los pisos vacíos en manos de la banca —con el que se preveía recaudar hasta 26 millones de euros— y los fondos de los que dispongan los consistorios. La medida, según fuentes de la consejería, también afectará a la Sareb, el banco malo.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2014 se produjeron 14.230 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, de las cuales 12.878 correspondían a pisos de segunda mano. La Generalitat considera que “buena parte” de este parque de viviendas podría pasar a manos de fondos internacionales a “precios reducidos”.

La medida, que se incluye dentro del decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes para proteger las familias en situación de vulnerabilidad residencial, consiste en dar derecho de tanteo y retracto –es decir, compra preferente— sobre cualquier operación de estas características en las 72 localidades en las que hay más dificultades de vivienda, que incluyen Barcelona y su área metropolitana.

La Generalitat podrá destinar a alquiler social los pisos que la banca mantenga sin rehabilitar

Ese derecho de las Administraciones, que se podrá ejercer hasta 2021, supondrá que las entidades financieras deban comunicar a la Generalitat cualquier operación de venta de viviendas. El Ejecutivo tendrá preferencia para comprar la casa por el mismo precio por el que iba a ser adquirida por un tercero. En la operación podrán participar los ayuntamientos. Vila, que dijo que el decreto entrará en vigor “de forma inmediata”, consideró que muchas entidades “preferirán” por una “cuestión de reputación” vender los pisos a la Generalitat que a un fondo de inversión, que adoptará otros criterios para gestionar esas viviendas.

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Otra de las medidas del decreto pasa por obligar a ejecutar obras de rehabilitación de las viviendas vacías que proceden de ejecuciones hipotecarias o de daciones en pago. En caso de incumplir con esa obligación, las entidades pueden ser sancionadas con una multa de hasta 90.000 euros.

Si la vivienda, además, está ubicada en una de las 72 localidades con mayor demanda de vivienda, la Generalitat podrá reclamar la cesión temporal del inmueble para llevar a cabo las obras de rehabilitación y destinarlas a familias en riesgo de exclusión en un plazo de diez años. Esta medida ya estaba contemplada con otros supuestos en la ley de Vivienda del Gobierno de José Montilla bajo la fórmula del alquiler forzoso, que el primer ejecutivo de Artur Mas eliminó en 2011 mediante la ley Ómnibus. “En ningún momento el decreto contempla la cesión obligatoria ni se pone en duda la propiedad de los inmuebles”, añadió Vila.

El decreto ley del Gobierno también da la consideración de “colectivo prioritario” a las familias que hayan sufrido una ejecución hipotecaria y que residan en este piso con un alquiler social. El Gobierno pretende de este modo garantizar la permanencia de estas familias en la vivienda y evitar que exista el riesgo de un posible doble desahucio.

El decreto, por último, prevé la creación de un registro administrativo de viviendas vacías que sean propiedad de entidades financieras y empresas, que tendrán un plazo máximo de tres meses para inscribirse en él. La Generalitat quiere contrastar con este registro la cifra que hasta ahora se da por buena de 448.000 viviendas vacías, que procede del censo de población del Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra, según el departamento, ha sido puesta en duda por el sector y no corresponde a lo que la Generalitat entiende como “piso vacío”.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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