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Carmena desoyó los avisos del interventor en la compra de BiciMad

El funcionario alertó de que la compra de 10,3 millones podía incurrir en una remunicipalización irregular

Usuarios y estaciones de BiciMad en el centro de Madrid.
Usuarios y estaciones de BiciMad en el centro de Madrid.

El gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) desoyó en 2016 los avisos del interventor de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Ángel Calonge, sobre la adquisición de BiciMad. El interventor alertó en una nota de que la compra (10,3 millones) podía incurrir en una remunicipalización irregular, y pidió que se consultara a los letrados municipales. El Consistorio no contestó. Dejó que el expediente caducara y encargó un informe externo para avalar la compra. El PP habla de prevaricación.

Según manifestó ayer en la comisión municipal que investiga la compra, el interventor cuestionó que la cesión del contrato de Bonopark a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) fuese la fórmula adecuada para que el Consistorio prestase el servicio de forma directa. Al ser la EMT una empresa integralmente municipal, consideraba que lo que se estaba haciendo era una remunicipalización, y que formalmente se debía tramitar de una forma diferente. Por ello aconsejó, aunque no constituyera una obligación, que el gobierno pidiera una opinión a la asesoría jurídica municipal.

El interventor se topó, sin embargo, con el silencio del Consistorio. Nadie le contestó, lo que en su opinión no es un procedimiento habitual: “Las notas hay que contestarlas”, dijo. También confirmó que, como informó EL PAÍS, el Ayuntamiento dejó caducar el primer expediente de compra, y que lo recuperó semanas después, pero sin atender a sus peticiones.

De hecho, en octubre de 2016 el Consistorio encargó a dos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, aprovechando un convenio con el centro, que redactaran un informe de validez jurídica. El análisis acabó avalando la adquisición de BiciMad y descartó una remunicipalización irregular. Ese documento permitió cerrar la adquisición.

Ángel Luis Ortiz, responsable del servicio jurídico municipal, añadió en la comisión que no se le comunicó la nota interna del interventor y tampoco que el Consistorio había pedido ese informe ad hoc a la Universidad Autónoma. Manifestó, además, ciertas dudas sobre el procedimiento adoptado por el equipo de Carmena. “Si se pide un informe externo, tiene que hacerse con el conocimiento de la asesoría jurídica; si el informe se pidió, efectivamente, yo no tuve noticia”, aseguró.

Tras oír esas declaraciones, el PP dijo que remitirá el acta al juzgado que está decidiendo si abre una instrucción tras su querella contra la edil Inés Sabanés y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, por presunta prevaricación y malversación. El PP cree que los 10,5 millones desembolsados por BiciMad —y los otros cinco para su gestión—, son un precio excesivo, pagado sin una valoración objetiva del mismo. El ejecutivo no pidió una valoración externa en 2016, según el PP, aunque intentó un año después validar el precio, pidiendo otra valoración ad hoc sin concurso y en un plazo de 10 días.

La portavoz municipal, Rita Maestre, sostuvo que se van aclarando las dudas sobre la compra, ya que los funcionarios dijeron que los informes jurídicos no eran obligatorios. Pero Sergio Brabezo, de Ciudadanos, cree que el Ayuntamiento dio validez política al expediente “a espaldas de la asesoría”. Mercedes González, del PSOE, lamentó que entre los comparecientes “nadie sabe nada” de la concesión a Bonopark que hizo la anterior alcaldesa, Ana Botella (PP).

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