Admitida la querella contra Sabanés y el gerente de la EMT por la compra de BiciMad
La magistrada pide al Ayuntamiento que entregue toda la documentación sobre la municipalización
La juez del Juzgado de Instrucción número 52 ha admitido a trámite la querella del grupo municipal del PP contra la concejal de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), Álvaro Fernández Heredia, por la compra del servicio de bicis compartidas BiciMad. El PP cree que la adquisición fue irregular y se querelló por un supuesto caso de prevaricación y malversación, que el Ayuntamiento niega. La magistrada pide al Consistorio y a la EMT que faciliten toda la documentación sobre la compra, pero de momento no ha citado a declarar a Sabanés y Fernández Heredia.
En el auto del 15 de febrero de 2018, al que tuvo acceso EL PAÍS, la juez pide al Ayuntamiento y a la EMT que entreguen "todos los informes contables", el "informe sobre valoración del precio del contrato", el "expediente completo sobre la aportación de capital" por parte del Ayuntamiento y "la información completa relativa al expediente sobre la prestación de servicio relacionados con la movilidad ciclista y peatonal en la ciudad de Madrid", que sirvieron para oficializar la adquisición del servicio en 2016, por un total de 10,5 millones. La magistrada también pide los informes económicos de la empresa privada Bonopark, que gestionaba el servicio antes de las municipalización.
Este lunes, el Ayuntamiento, liderado por Manuela Carmena, defendió que en el auto "la magistrada ni siquiera llama a declarar a la delegada de Medio Ambiente ni al gerente de la EMT". Según el Consistorio, la juez se limita a "instruir diligencias previas encaminadas a determinar los hechos y el procedimiento aplicable y ordena diligencias documentales que darán oportunidad a los querellados para acreditar el modo correcto en que se desenvolvió la operación de BiciMad". Una portavoz del Área de Medio Ambiente aseguró, además, que el Consistorio y la EMT "colaborarán facilitando toda la documentación pedida por el juzgado".
Por su parte, el PP considera que la petición de la juez representa el "paso previo" en juicios de ese tipo. Y no descarta que "pronto" la magistrada cite a declarar a la edil y al gerente de la EMT "en calidad de imputados". El portavoz del grupo municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida dio este lunes una lectura política del asunto: "Manuela Carmena tiene a su gobierno en un juzgado de lo penal como consecuencia de la realización de determinadas actuaciones que pudieran ser constitutivas de delito", sostuvo. Y agregó: "El gobierno que vino a regenerar la política, en estos momentos se está defendiendo en los juzgados".
El actual gerente de la EMT está, además, implicado en otra investigación judicial sobre la cuenta falsa en Twitter del Consorcio regional de Transportes. Fernández Heredia está siendo investigado (antigua figura de imputado) por un presunto delito contra la propiedad intelectual, después de que la Policía detectara que él era el "titular de la línea" desde donde se realizaban "la mayoría de los accesos" a la cuenta falsa que usaba una copia del logo del Consorcio de manera supuestamente irregular.
Los casos de la cuenta falsa de Twitter y de BiciMad se suman al del Open de Tenis, en el que están siendo investigados —y ya han declarado ante la juez— otros dos ediles del gobierno de Carmena. Se trata del ex delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato y la ex delegada de Cultura, Celia Mayer. Ambos están siendo investigado a raíz de otra denuncia del PP sobre un posible caso de prevaricación en la contratación a dedo de sendos informes externos, pagados con dinero público, para demostrar supuestas irregularidades en el certamen de tenis Open.
En ninguno de estos casos la alcaldesa de Madrid ha decidido destituir a sus ediles, a pesar de que tanto Mato como Mayer fueron reprobados por el pleno. De momento, la regidora también respalda al gerente de la EMT y la edil de Medio Ambiente.
El PP considera la compra "lesiva" para las arcas públicas
Para los populares, la adquisición de BiciMad fue "lesiva" para las arcas públicas, puesto que generó un "gasto inoportuno y excesivo". Según sostiene el portavoz de los populares, Martínez-Almeida, en lugar de 10,5 millones, el Consistorio hubiera podido rescatar ese servicio que perdía 300.000 euros al mes por una cifra inferior. "En ningún momento los servicios municipales tanto del Ayuntamiento como de la EMT contrastan la valoración de los 10,5 millones de euros", ponen de manifiesto los ediles del PP.
Asimismo, en la querella se recoge una serie de supuestas irregularidades llevadas a cabos por la delegada de Medio Ambiente y por el gerente de la EMT "que llevaban a razonar que se han podido adoptar decisiones y resoluciones en su ámbito de actuación, por su carácter arbitrario e injusto, que pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación".
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