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La auditoría sobre BiciMad detectó falta de documentos

Los auditores encargados de avalar el precio del servicio no accedieron a todos los informes para "contrastar la bondad de la estimación"

Un usuario de BiciMad en un punto de recogida y entrega.
Un usuario de BiciMad en un punto de recogida y entrega.Kike Para

Los auditores encargados de analizar la adquisición de BiciMad han concluido que no tuvieron acceso a todos los informes necesarios para "contrastar de forma objetiva la bondad de la estimación" del servicio. Esta auditoría fue encargada sin concurso por la EMT para avalar la operación un año después de pagar 10,5 millones. La oposición sospecha de irregularidades y, si bien la auditoría confirma el precio de la cesión, el Ayuntamiento hasta ahora no ha mencionado que los profesionales admitieron que su análisis es parcial.

A medida que el Ayuntamiento entrega los papeles, emergen elementos que darán de qué hablar en la comisión de investigación sobre la compra de BiciMad. EL PAÍS desvela hoy que la empresa Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría —la misma que no detectó el desfalco del caso Palau y que analizó las cuentas del gobierno de Barcelona de Ada Colau—, encargada de avalar la compra de BiciMad, no pudo contar con toda la información necesaria para determinar si el precio pagado fue el adecuado.

En al menos tres de las 15 páginas del estudio, los analistas admiten "no haber dispuesto de información suficiente" para valorar los activos de BiciMad. Y si bien concluyen que el precio final es correcto (valoran el servicio en 10,6 millones, tan solo 100.000 euros más de lo desembolsado por el Consistorio), se guardan de dar patinazos legales, ya que sigue abierta la querella contra la concejal Inés Sabanés y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, por presunta malversación.

Cuando Bonopark, empresa que gestionaba las bicis compartidas, pidió auxilio al Consistorio en 2015, tenía pérdidas de 300.000 euros al mes. Los robos se multiplicaban y la firma vasca estaba a punto de la quiebra. El Ayuntamiento intervino. Dispuso 10,5 millones (que pronto se dispararon a 15) y rescató el servicio a través de la fórmula de la cesión del contrato a la EMT. La junta del gobierno de Manuela Carmena firmó la transferencia y el ejecutivo liderado por Podemos celebró la municipalización, mientras que Bonopark se mantenía como operador tecnológico.

Un negocio redondo que la oposición cuestionó. La EMT intentó aclarar las dudas encargando a posteriori una evaluación independiente. Los dirigentes de la EMT contrataron sin concurso público en diciembre de 2017 a una firma externa que "validara" determinados documentos. Concedieron 15 días para analizar una operación millonaria. Y cuando este diario pidió explicaciones al área de Medio Ambiente, el Ayuntamiento aprovechó para filtrar el resultado de la auditoría a las agencias de comunicación, pero sin detallar que los analistas habían alertado de que no habían tenido acceso a todos los papeles.

"No hemos dispuesto de soporte documental completo y suficiente que permita contrastar de forma objetiva la bondad de la estimación, tanto la relativa al coste de los servicios como la relativa a la valoración de la mano de obra necesaria para la puesta en funcionamiento de las mejoras", explican los auditores. También lamentan que la información sobre el repuesto de bicis y los GPS "no es suficiente".

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Es decir, que no pudieron asegurar que el inventario declarado por Bonopark, y asumido por el gobierno como cierto, fuera así. La falta de documentos "constituye una limitación al alcance del trabajo realizado", ya que la documentación analizada "no es completa para verificar el total", añaden los auditores. Y concluyen: "Cualquier consideración acerca de la valoración asignada a los activos tangibles e intangibles por Bonopark debe tener en cuenta este aspecto".

El pasado jueves, tras la junta de gobierno, la edil de Medio Ambiente afirmó que ahora el gobierno ha entregado "todos" los papeles a la oposición, para que pueda arrancar la comisión de investigación. El equipo local siempre ha descartado irregularidades, pero en estas semanas la oposición ha lamentado la falta de transparencia por parte del equipo local. La próxima semana se espera que los portavoces pacten la fecha definitiva del comienzo de la investigación interna.

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