Quim Torra promete un plan de gobierno para el que carece de apoyos

El flamante presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha extendido este lunes, durante su discurso de investidura, en detallar su proyecto de Gobierno, cosa que no hizo el sábado. Las medidas son en muchos casos inconcretas o simplemente no dependen de él, e incluyen la recuperación de Aigües Ter-Llobregat como empresa pública, desplegar la Hacienda catalana o un salario mínimo de 1.100 euros brutos. Buena parte de los objetivos de Torra los anunció ya el diputado Jordi Turull en su investidura fallida, o provienen del proyecto de Gobierno que Carles Puigdemont no consiguió completar. Torra lo tiene, si cabe, más complicado: la CUP ya ha avanzado que estará en la oposición, y el entendimiento que ha buscado Torra con Catalunya en Comú ha sido rechazado de plano.

Nadie, más allá de Junts Per Catalunya y Esquerra Republicana, se compromete a apoyar a Torra para que alcance sus objetivos de Gobierno. Ni la CUP, que ha facilitado su elección. “No damos apoyo a su Govern”, le ha avisado Carles Riera. Los acuerdos tampoco vendrán desde Catalunya en Comú o PSC, y mucho menos desde Ciudadanos o PP, tal como han avisado sus dirigentes, mientras Torra siga por el camino unilateral. Lejos de tender puentes, Torra ha desafiado al Estado al asegurar que impulsará las 16 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Aunque ha sido muy concreto en algunos ámbitos, Torra se ha extendido muy poco en aspectos como la justicia, la seguridad o la inmigración. Los grandes ausentes del discurso que resumimos a continuación fueron la gestión del turismo, el despliegue de la Renta Garantizada de Ciudadanía y el desarrollo de algunas “estructuras de Estado” anunciadas por el anterior Gobierno, como la Agencia Catalana del Medicamento. Torra tampoco se ha referido al papel de Barcelona en su proyecto.

Economía. La gran apuesta económica de Torra ha sido el desarrollo del Pacto Nacional por la Industria, cuyos objetivos para 2017 solo se completaron al 70%, según ha asegurado el propio president. Con 1.844 millones previstos, Puigdemont se había comprometido al desarrollo de 116 medidas sobre competitividad, digitalización o infraestructuras. En el ámbito de política fiscal, Torra ha anunciado el despliegue final de la Agencia Tributaria de Cataluña, una entidad cuestionada por los expertos y anulada en parte por el Tribunal Constitucional. Puigdemont la consideraba una estructura de Estado “preparada” para aplicar el resultado del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Trabajo y Asuntos Sociales. El nuevo presidente ha fijado como objetivo un salario mínimo de 1.100 euros brutos mensuales, aunque la Generalitat no tiene competencias sobre ello. Esta meta proviene del Gobierno de Puigdemont, que defendía que una Cataluña independiente tendría un salario mínimo de 1.000 euros. En materia de Asuntos Sociales, Torra ha anunciado que tramitará “de forma inmediata” el reglamento sobre el régimen sancionador de la ley que defiende los derechos de las personas LGTBI. Sobre la Renta Garantizada, el president no ha detallado cómo solucionará los problemas que han surgido con su implementación.

Cambio climático. Torra ha anunciado la recuperación de Aigües Ter-Llobregat como empresa pública. La privatización de esta compañía durante el Gobierno de Artur Mas ha sido anulada en los tribunales, y su recuperación pública era una condición de la CUP. Acciona, empresa a la que se adjudicó la gestión por 1.000 millones de euros en 50 años, cifra en 308 millones el reembolso que tiene que hacer la Generalitat. Además, Torra ha fijado el objetivo a largo plazo de avanzar en el Pacto Nacional para la Transición Energética, para conseguir que, en 2050, toda la electricidad generada en Cataluña venga de fuentes renovables.

Educación. Torra ha defendido el carácter “plurilingüe” de la escuela catalana, sin aclarar cómo prevé rehacer el consenso social sobre el modelo, dinamitado por el conflicto político. El nuevo presidente ha anunciado el despliegue del decreto de la escuela inclusiva, más formación profesional y que aumentará la dotación de docentes y la financiación pública, algo que ya hizo Puigdemont a instancias de los sindicatos y de la CUP. Torra también ha llamado a reformular los precios en la matrícula universitaria, aunque sin aclarar cómo lo hará. Tras una subida de hasta el 67% de las tasas universitarias durante la crisis, los estudiantes piden una bajada del 30%.

Sanidad. En el ámbito sanitario, Torra se ha comprometido a una mejora de los salarios y de las condiciones laborales de los sanitarios. El anterior gobierno ya había desplegado un plan de garantía de estabilidad laboral, pero no se conocen los resultados. El nuevo president también prevé desafiar al Tribunal Constitucional al asegurar que mantendrá la cobertura pública universal. Torra ha afirmado, además, que impulsará el plan de choque para mejorar las listas de espera sanitarias. Durante el primer año de aplicación (desde abril de 2017), este plan de contingencia redujo las demoras pero no ha logrado cumplir todos los objetivos.

Cultura. El nuevo president se ha comprometido a aumentar el presupuesto y a desarrollar el Plan Nacional del Libro. Torra también ha prometido reactivar el canon digital audiovisual, suspendido por el Constitucional, e impulsar un IVA superreducido, algo que no es competencia de la Generalitat. En su intervención, Torra ha olvidado citar el Plan de Museos, la única medida presentada por el exconseller Lluís Puig.

Con información de J. Mouzo, J. Á. Montañés, R. Carranco y J. García.