La división del ‘procés’ se cuela en las aulas

La escuela catalana vive su momento más convulso desde la restauración de la democracia. Su relación con el proceso independentista y las quejas por adoctrinamiento han exacerbado el debate sobre el modelo educativo, una controversia en la que se mezclan posicionamientos políticos ajenos a los colegios y enfrentan a posiciones irreconciliables. Pero si en lo que coinciden todas las partes es que el terremoto que ha dinamitado tantos consensos en Cataluña en los últimos años ha llegado al sistema educativo. “Era casi inevitable”, considera Xavier Martínez-Celorrio, profesor de Sociología de la Educación en la Universidad de Barcelona. “Cuando se contraponen dos formas tan distintas de entender la sociedad catalana, ambas confluyen en su intento de influir sobre la escuela”.

Durante el pasado otoño, mientras Cataluña vivía momentos de gran tensión —fractura del Parlament, referéndum ilegal, violenta intervención policial y fallida declaración de independencia—, docentes, padres y alumnos se enfrentaron en algunos centros a la tesitura de mostrar por primera vez sus discrepancias cara a cara. Los colegios fueron utilizados como centros de votación y en ellos se organizaban actos como los del 2 de octubre, convocados —en algún caso por la propia Generalitat— como protestas contra la violencia policial del 1-O pero interpretadas por otros como un nuevo paso en la estrategia de agitación independentista.

El resultado ha sido una escalada de denuncias. En Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y La Seu d’Urgell (Lleida), la justicia investiga los comentarios de menosprecio supuestamente vertidos por algunos docentes contra hijos de guardias civiles. El Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán) ha recibido 30 quejas y consultas por adoctrinamiento. Y la Alta Inspección de Educación estudia otros 134 casos por el mismo motivo, según el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo.

Unas denuncias a las que resulta muy difícil poner rostro por la petición de anonimato de los implicados, pero que ilustran la existencia de varias controversias superpuestas. En unos casos, se cuestionan los contenidos: “Se presenta a España como algo ajeno y perjudicial para Cataluña”, lamenta una madre de Barcelona. En otros, la forma de explicar lo que ocurre fuera de las aulas: “La maestra de mi hijo de 10 años se despachó a gusto contra la policía. También decía que no pasaba nada si las empresas se iban de Cataluña…”, explica otra madre del Vallès, que ha denunciado el caso al Ministerio de Educación. Algunos docentes, como una profesora del Baix Llobregat, ponen el foco en la relegación del castellano: “Se me ha llegado mandar hablar en catalán en una reunión. Y he visto a una compañera gritar a un niño por usar el castellano”, afirma. Y un agente policial recuerda como “tras años de llevar a los niños contentos a la escuela, algo cambió cuando vieron que en ella se votaba contra España”.

Los datos disponibles —cantidad y motivos de las quejas que han trascendido— permiten extraer algunas conclusiones. Una es que, pese a la confrontación política, gran parte del sistema educativo —más de 4.000 centros y casi un millón de alumnos en educación primaria y secundaria— ha sorteado sin incidencias los meses de mayor tensión. Los problemas planteados se concentran en unos pocos centros, casi siempre situados en zonas con menor apoyo al independentismo.

Otra, que en el modelo educativo se ha ido acumulando malestar que ha ido abriendo nuevas disputas. La primera fue la de la lengua. En los últimos tiempos ha adquirido más virulencia el supuesto adoctrinamiento, es decir, los contenidos y la forma de presentarlos. Y, desde hace un año, ha irrumpido la controversia por el uso partidista de un espacio público como es la escuela, donde se celebran actos de apoyo a los líderes independentistas, como el sábado pasado en Vilassar de Mar (Barcelona).

“Con el paso del tiempo se ha ido rompiendo el gran acuerdo con el que arrancó el modelo educativo”, explica Albert Branchadell, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este recuerda que “el gran consenso alcanzado en la primera ley de normalización lingüística, de 1983, se rompió en la segunda, de 1998. ERC consideró que se quedaba corta y el PP que iba demasiado lejos”.

La primera ley, que sentó las bases del uso preeminente del catalán, fue una apuesta de la izquierda, que quiso trasladar a las aulas las complicidades tejidas en fábricas y barrios durante el franquismo. El catalán y su recuperación tras 40 años de dictadura, más que motivo de división, era considerado una vía de integración y un ascensor social. Pese al consenso, ya entonces hubo focos de oposición al modelo, minoritarios pero combativos, que rechazaban la “marginación del castellano” y que cristalizaron en el llamado Manifiesto de los 2.300. La ley acabó en el Tribunal Constitucional, que en 1994 “avaló lo hecho hasta entonces con la inmersión, pero también sentó las bases de lo que vendría después, al establecer que no podía excluirse al castellano como lengua vehicular”, afirma Branchadell.

Resulta difícil entender la intensidad que rodea el debate sin tener en cuenta que la historia de la escuela catalana es un reflejo de la política de esta comunidad, marcada ahora por el procés. Esto explica las posiciones casi irreconciliables. Joan Mena (En Comú Podem), Bernat Solé (ERC) y Lluís Font (Junts per Catalunya) comparten la visión de que la escuela “sigue manteniendo su papel cohesionador e integrador en una sociedad compleja, que ha recibido una oleada de inmigración y que se enfrenta a nuevos y grandes retos; los ataques que recibe ocultan una voluntad de minar el autogobierno”. Los tres partidos, la asociación de padres Fapac, los sindicatos con representación y muchas otras entidades forman un amplio frente —con gran peso dentro del sistema educativo— que defiende el modelo. Este frente cree que buena parte de las denuncias han sido alentadas o magnificadas por intereses políticos. Y recuerdan que cinco de los nueve docentes denunciados en Sant Andreu ya han sido exculpados.

Para el PP y Ciudadanos el consenso en torno a la escuela nunca ha existido o dejó de tener sentido el día que “el nacionalismo decidió convertirla en punta de lanza de su proyecto de construcción nacional”, según Andrea Levy (PP). Sonia Sierra, de Ciudadanos, niega “el dogma del catalán como cohesionador social: ningún estudio internacional lo avala”.

Situación de trincheras

Para la Asamblea por una Escuela Bilingüe, entidad minoritaria pero de creciente actividad, “el nacionalismo lleva 30 años manipulando la educación”. “Nunca ha habido consenso, sino sometimiento”, zanja Ana Losada. El sindicato AMES —sin representación, pero que se presentará por primera vez a las próximas elecciones coaligado con CSIF— denuncia “planteamientos partidistas y tendenciosos en los libros de Ciencias Sociales de 5º y 6º de primaria”, explica Antonio Jimeno. El ministerio de Educación encargó un informe a la Alta Inspección sobre el caso pero aún no lo ha hecho público.

En esta situación de trincheras, cuesta encontrar posiciones intermedias. Eva Granados, del PSC, es una de ellas. “La escuela como vía de integración era el verdadero sentido del modelo. Ahora ha quedado atrapada entre dos nacionalismos en pugna por imponer sus postulados”, lamenta.

Para Albert Branchadell, la tensión de fondo ha hecho fracasar todas las iniciativas para flexibilizar el modelo. “Cuando el segundo Gobierno tripartito trató de implementar la tercera hora en castellano, se topó con una gran oposición. Fue visto como una amenaza a todo el modelo, cuando no hay razones objetivas para pensar que más horas o asignaturas en castellano lo sea”, afirma.

Algo parecido ocurre con la negativa de la Generalitat a incluir en las hojas de inscripción una casilla que permita elegir a los padres una mayor presencia del castellano en la educación de sus hijos. Este litigio, que se arrastra desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 1994, ha llevado a 40 familias a reclamar en los tribunales que sus hijos reciban el 25% de las asignaturas en castellano. Seis de ellas han logrado una sentencia favorable, pero la aplicación de los fallos está siendo en la práctica muy compleja.

Los expertos defienden que “es necesario desescalar el conflicto, porque la situación actual solo radicaliza posiciones y perjudica a la propia escuela”, considera Martínez-Celorrio. “Hay una cuestión larvada de descontento de algunas familias que viene de lejos. Pero no creo que se haya roto el consenso. El modelo catalán está muy arraigado”, estima Maria Vinuesa, de la Asociación Rosa Sensat, con gran prestigio pedagógico. Albert Branchadell aboga por “abandonar el frentismo”. “El calor del debate impide a las partes flexibilizar posiciones. Es necesario tender puentes y buscar nuevos acuerdos”.