Los jefes de Unipost niegan haber cobrado de la Generalitat por el referéndum

Los responsables de Unipost, la empresa de mensajería contratada por la Generalitat para distribuir las cartas del referéndum del 1 de octubre, han negado haber cobrado un solo euro por esa gestión. En su declaración como testigos ante el juez que investiga la consulta ilegal, dos responsables de la compañía —a punto de entrar en fase de liquidación— han afirmado que ignoraban que el trabajo encargado por el Gobierno catalán estuviera relacionado con el reparto de las cartas para los miembros de las mesas electorales y de las tarjetas censales. 

Los directivos de Unipost —que ya se encargó del reparto de material durante la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014— han alegado que firmaron, en 2016, un contrato marco con la Generalitat para llevar a cabo diversos envíos periódicos. Entre ellos, el que tenía que ver con el referéndum, aunque los empleados han insistido en que ignoraban el propósito del trabajo. Los sobres, afirmaron, llegaron solamente con el sello de la Generalitat, pero no conocían su contenido. A preguntas de la acusación, uno de los empleados ha recordado que no podían saberlo porque, entre otras cosas, abrir correspondencia ajena es un delito.

Sobre el pago por el servicio, los jefes de Unipost han sostenido que la Generalitat envió las cartas sin el correspondiente albarán, motivo por el que no las repartieron y decidieron dejarlas en el almacén. Sin reparto, han afirmado, no podía haber cobro. Durante las semanas previas al referéndum del 1 de octubre, agentes de la Guardia Civil registraron las sedes de Unipost y se incautaron de miles de cartas.

Entre los cinco testigos que han declarado este miércoles están el director de zona de Cataluña-Baleares y el director financiero de Unipost. El resto de empleados han matizado que ya no trabajan allí porque la empresa está en concurso de acreedores.

La investigación judicial considera que la Generalitat gastó casi un millón de euros en las cartas para el referéndum. Y hace responsable de esa gestión al exvicepresidente Oriol Junqueras -encarcelado por orden del Tribunal Supremo- por haber tramitado las facturas. La Guardia Civil ve probados los pagos y concluye que la empresa emitió cinco facturas a cinco departamentos de la Generalitat para cobrar. La diligencia sobre Unipost es relevante porque es una de las pruebas que manejan los investigadores para acreditar el delito de malversación de fondos públicos.