La Guardia Civil busca gastos del referéndum en Unipost

El juez que investiga el referéndum ilegal del 1 de octubre ha puesto el foco en averiguar cuánto dinero gastó la Generalitat para organizarlo. Esa es la razón que ha llevado este jueves a la Guardia Civil a registrar, de nuevo, las sedes de la empresa de mensajería Unipost, contratada por el Gobierno catalán para distribuir las notificaciones de las mesas electorales y las tarjetas censales. Los agentes informaron al magistrado hace unos días de que la publicidad en medios del referéndum había costado más de medio millón.

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Agentes de la Guardia Civil han registrado, desde las 8 de la mañana, la nave que Unipost posee en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por su implicación en la organización del referéndum. El operativo, ordenado por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha concluido con otros dos registros en sedes de Unipost y con la detención temporal del director general de la compañía, Pablo Raventós, que ha sido llevado a presenciar los registros y después ha quedado en libertad.

Unipost, que se encuentra en concurso de acreedores, fue la empresa utilizada por la Generalitat para difundir propaganda y documentos electorales para la celebración del referéndum de independencia. Sus propietarios son una de las ramas de la familia Raventós. El presidente es Antón Raventós, mientras que Pablo Raventós es el director general de la compañía.

Los últimos informes de la Guardia Civil remitidos al juez ya señalaban a esos miembros de la familia Raventós como sospechosos. En un seguimiento, los agentes descubrieron una reunión mantenida el pasado 15 de septiembre en el hotel Pulitzer de Barcelona entre Francesc Sutrias, Xavier Vendrell y Antón Raventós. Estuvieron charlando “por espacio de una hora y media aproximadamente”, según consta en el sumario. Sutrias era director de Patrimonio de la Generalitat y fue detenido cinco días más tarde, en el operativo contra altos cargos del Gobierno catalán. En una conversación posterior —su teléfono estaba intervenido— dijo que había sido “muy interesante” la experiencia de estar detenido “para entender la lógica profunda del Estado", que es “otro mundo”. Vendrell, por su parte, es un histórico dirigente de Esquerra que tuvo un papel clave en el diseño de la hoja de ruta independentista y en la organización del referéndum.

Las detenciones del 20 de septiembre provocaron una oleada de indignación ciudadana que culminó con las protestas frente a las sedes de los departamentos de la Generalitat que estaban siendo registrados. Las protestas fueron convocadas por los líderes independentistas: Jordi Sànchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural. Ambos permanecen en prisión provisional por un delito de sedición por orden de la Audiencia Nacional, que considera que trataron de impedir el cumplimiento de una orden judicial.

Golpe al 1-O

La víspera de esos hechos, el 19 de septiembre, los agentes ya irrumpieron por indicación del mismo magistrado en las sedes de la empresa; entre otras, en Terrassa. Allí encontraron documentación relacionada con el censo para el 1-O, incluidas notificaciones para las mesas electorales y tarjetas censales. En los días previos, los agentes se habían incautado de material electoral. Pero aquel golpe en Unipost fue el más duro para el Gobierno catalán, ya que se trataba de documentación clave para organizar la consulta. Pese a ello y pese a la prohibición del Tribunal Constitucional (TC), el referéndum se acabó celebrando en una jornada en la que la policía trató de impedir por la fuerza las votaciones. La empresa también fue la encargada de distribuir una carta del expresident Carles Puigdemont invitando a los catalanes a participar en la consulta.

La Generalitat ya utilizó Unipost para la consulta no vinculante del 9 de noviembre de 2014. El Tribunal de Cuentas ha detallado que se adjudicó a la empresa el concurso para prestar el servicio por casi 250.000 euros. La empresa acumuló importantes pérdidas (50 millones de euros) y entró en concurso de acreedores tres años más tarde, en julio de 2017 y cuando el Gobierno catalán ya había anunciado su intención de celebrar el referéndum de independencia de manera unilateral.

El juez ordenó los registros antes de que, esta semana, haya tenido que coger la baja por una dolencia abdominal que le mantiene ingresado, aunque estable, en un hospital de Barcelona.