El Supremo rechaza dar permiso a Jordi Sànchez para participar en la campaña fuera de la cárcel

El expresidente de ANC Jordi Sànchez no podrá salir de prisión para hacer campaña electoral. El magistrado Pablo Llarena ha rechazado los permisos de salida solicitados por el exrresponsable de ANC para participar en la campaña, así como los contactos con los medios de comunicación y el uso de internet fuera del régimen de control fijado por la cárcel de Soto del Real. En un auto notificado este jueves, el magistrado se basa en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a los derechos subjetivos de voto y de elegibilidad que estableció que no son derechos absolutos, por importante que sean, y que cada Estado puede modularlos “siempre que la participación democrática no pierda su efectividad y que las limitaciones respondan a fines legítimos y guarden adecuada correspondencia con los motivos que las impulsan”.

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El juez decidió el pasado 4 de diciembre mantener a Sànchez en prisión preventiva incondicional al entender que existe riesgo de que vuelva a alentar “movilizaciones públicas violentas” como las que considera que impulsó desde la presidencia de la ANC. Tras esta decisión, el abogado de Sànchez pidió permiso para que (“debidamente custodiado por las fuerzas de seguridad, si se entendiera necesario”) el preso pudiera acudir a los actos de campaña de su candidatura, conceder en la cárcel entrevistas con los medios de comunicación y conectarse a internet en un horario más amplio al permitido en prisión.

El juez considera, sin embargo, que si se accediera a su solicitud se "posibilitarían las situaciones de riesgo que la prisión ha tratado de conjurar". Llarena cree que hay peligro no solo de que Sànchez impulsara "movilizaciones inmediatas" aprovechando esos permisos, sino que podría aprovecharlos "para propiciar que los tumultos se materialicen en respuesta a la conformación institucional que resulte de los comicios, o como reacción a cualquier actuación política que cristalice en el modo que rechaza el ideario del encausado, tal y como los hechos investigados sugieren que ya aconteció”.

La defensa invocó la doctrina constitucional de la presunción de inocencia y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que todos los ciudadanos tienen derecho al  sufragio activo y pasivo, lo que entraña, en su opinión, que todos los ciudadanos tienen derecho a conocer en condiciones de igualdad las propuestas de los diversos candidatos. Pero el juez considera que la candidatura de Junts per Catalunya en la que Sànchez participa no se verá perjudicada por su estancia en prisión ya que hay otros 84 miembros de la lista que pueden defender su ideario. Llarena recuerda, además, que Sànchez se presentó como número dos en la lista por Barcelona estando ya privado de libertad. “Por más que comporte una limitación evidente para su participación en la campaña electoral, ni supone la imposibilidad de ser elegido ni entraña una pérdida o una alteración esencial de la efectividad del derecho de participación democrática de quienes comparten el proyecto político que defiende su agrupación de electores o del propio encausado, pues el investigado no tiene hoy completamente anulada su capacidad para dirigirse al electorado y, de otro lado, su elegibilidad va engarzada de manera favorable a la de otros integrantes de la misma candidatura, que sí abordan plenamente las actividades de campaña”.

Nueva citación ante el juez

Por otra parte, el juez Llarena ha citado a declarar en calidad de investigados para el próximo 11 de enero a partir de las 9.30 horas a Sànchez, al exconseller catalán de Interior Joaquim Forn, y al presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, comparecencias que los tres habían solicitado después de que Llarena rechazara dejarles en libertad bajo fianza.

Los tres declararon el pasado 1 de diciembre por primera vez en el Supremo después de que este asumiera la causa por rebelión contra los líderes independentistas. Pero esas comparecencias, que apenas duraron 15 minutos, se centraron en las medidas cautelares impuestas a los investigados por la Audiencia Nacional y no entraron en el fondo de los delitos que se les atribuyen ni hubo un interrogatorio de la fiscalía sobre los hechos de los que les acusa. Después de que el instructor dejara en libertad bajo fianza a seis exconsellerspero mantuviera la prisión incondicional para Forn, Sánchez, Cuixart y Junqueras, las defensas de los tres primeros solicitaron que se les citara para una declaración más amplia, a lo que ahora ha accedido el juez.