La justicia belga cierra oficialmente el proceso contra Puigdemont y los exconsejeros

La justicia belga ha archivado este jueves oficialmente la causa abierta contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, según ha informado la fiscalía de Bruselas en un escueto comunicado. El fin del proceso de extradición fue solicitado por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena hace nueve días, cuando retiró la euroorden dictada el pasado 3 de noviembre por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Con la decisión de dar marcha atrás, Llarena ha querido evitar que la justicia belga limite los delitos por los que pueden ser enjuiciados, lo que habría impedido a los jueces españoles actuar contra los políticos fugados por delitos como el de rebelión, el más grave de los que se les atribuyen.

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El juez de primera instancia belga ha dado carpetazo al caso pasadas las 11.30 de esta mañana, declarando que "no hay caso", en un trámite esperado que ha durado tan solo unos minutos. La presencia de los antiguos miembros del Govern no ha sido necesaria, y han estado representados en la audiencia por sus abogados, que no han puesto ninguna objeción. Sobre los cinco políticos pesa todavía una orden española de detención, por lo que serían arrestados en caso de regresar a España.

La retirada de la orden europea dejó sin validez el 5 de diciembre las medidas cautelares impuestas por la justicia de ese país como condición para dejarles en libertad durante el transcurso del juicio. Puigdemont y los exconsejeros huidos, que se entregaron en una comisaría de Bruselas el 5 de noviembre, no podían abandonar Bélgica, tenían que comunicar una dirección fija y su agenda del día, y debían presentarse ante las autoridades cuando les fuera requerido.

Todo eso ha quedado atrás, aunque la defensa de los políticos catalanes mantiene la cautela sobre la posibilidad de abandonar Bélgica: el abogado Paul Bekaert señaló, en entrevista con este diario, que en caso de desplazamiento a otro país menos favorable a sus intereses judiciales, cabe la posibilidad de que España emita una nueva euroorden. "Si el señor Puigdemont viaja a otro país europeo puede haber problemas. No existe la misma certitud judicial. Cada país tiene leyes penales y jurisprudencias diferentes", afirmó. Las fuerzas de seguridad han extremado los controles en la frontera con Francia ante una posible aparición estelar de Carles Puigdemont en Cataluña en plena campaña electoral, y la colaboración con el país vecino en caso de que el expresidente pisara territorio francés parece garantizada.

El fin del caso supone también un alivio para el Gobierno belga. La llegada de los antiguos representantes de la Generalitat ha provocado un conato de crisis política interna en un Ejecutivo muy fragmentado del que forman parte, entre otras fuerzas, los nacionalistas flamencos aliados del independentismo catalán. Además, dado que la justicia no deberá pronunciarse, se evitan nuevos roces diplomáticos con el Gobierno español, con el que ha mantenido diversos rifirrafes a cuenta de la crisis catalana.