El Supremo amplía la investigación a Marta Rovira y a la CUP

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha puesto bajo el foco de su investigación a todos los protagonistas del proceso independentista de Cataluña. En una providencia dictada este lunes, Llarena ordena a la Guardia Civil que detalle en un informe la participación de los partidos PDeCAt y ERC, de las Asociaciones ANC y Òmnium y del llamado comité estratégico del documento Enfocat, considerada por el magistrado como la hoja de ruta independentista, que incluye a la número 2 de la candidatura de ERC para las elecciones del 21-D, Marta Rovira, al presidente y vicepresidenta del PDecAT, Artur Mas y Marta Pascal, y a la presidenta y portavoz de la CUP, Mireia Boya y Anna Gabriel, aunque no los cita por su nombre.

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La plañidera del procés

La causa actualmente abierta en el Supremo abarca a los principales líderes políticos (Govern y Mesa del Parlament) y civiles (ANC y Òmnium) del procés. Con el escrito dictado este lunes, el juez amplía la investigación a los siguientes niveles de responsabilidad, desde vicepresidente y portavoces de los partidos, incluido la CUP, a las asociaciones, incluida la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI), pero no se pronuncia todavía sobre su posible imputación en la causa judicial.  En el escrito, el juez pide a la policía judicial que practique una docena de diligencias encaminadas a esclarecer y justificar si hubo un “concierto inicial” entre los partidos políticos CDC, ERC y las asociaciones ANC,  Òmnium y AMI que hayan podido estar orientados a compartir una estrategia para lograr la independencia de Cataluña. Del mismo modo, el magistrado pregunta si algunas de estas entidades han sufragado algunas de las actuaciones acordadas por los partidos.

Fuentes judiciales explican que la providencia del juez Llarena es obvia y natural en el momento inicial de la investigación. “Se trata de algo prospectivo, a futuro”, sin prejuzgar las responsabilidades, afirman. Con su batería inicial de diligencias, el juez busca tener “una panorámica de todo el proceso independentista”, con el papel de los partidos, las asociaciones y de sus responsables. Las mismas fuentes hacen hincapié en el hecho de que el magistrado reclama a la Guardia Civil que en sus informes se limiten a incluir “datos objetivos”, sobre los que luego él hará la valoración jurídica que corresponda. El espiritu de esta providencia se resume en una palabra: concierto. Llarena busca a todos los posibles participes en ese "plan concertado" y coge la batuta dejando claro a la Guardia Civil que solo pide datos objetivos, porque las valoraciones judiciales las hará él.

En el auto dictado el pasado 24 de noviembre por la que asumió la causa por rebelión, sedición y malversación contra los líderes independentistas, Llarena ya advirtió que, muy probablemente, se acabaría ampliando la lista de investigados. En cada resolución que ha dictado, el juez insiste en que hay indicios de que los partidos independentistas, los miembros de la Mesa del Parlament y las asociaciones civiles se organizaron en una estrategia conjunta para conseguir la independencia a toda costa, incumpliendo la Constitución y desobedeciendo resoluciones del Tribunal Constitucional. En la providencia dictada ahora, el magistrado pide a la Guardia Civil que recabe las pruebas que puedan existir sobre esa trama y averigüe si los partidos y asociaciones o cualquiera de sus principales integrantes “impulsaron, sostuvieron o conocieron sin alterar después sus planes” las movilizaciones sociales que se llevaron a cabo como instrumento para lograr o facilitar la declaración de independencia.

El juez reclama también a la Guardia Civil un informe "individualizado y secuencial" sobre los distintos actos de “agresión, daño, así como de grave resistencia o amedrentamiento” sufridos en Cataluña con ocasión del proceso secesionista, principalmente los días 20 y 21 de septiembre (días de los registros a sedes del Govern relacionados con la preparación del referéndum ilegal) , 1 de octubre (día de la consulta anulada por el Constitucional), 3 de octubre y 8 de noviembre (días de huelga en Cataluña), para esclarecer la participación de cada uno de los investigados.

Además, el juez pide a la Guardia Civil un informe sobre las actuaciones concretas desarrolladas por los llamados “Comité de Defensa del Referéndum” y “Comité de Defensa de la República”, integrados por asociaciones y vecinos, y por los responsables de los mismos, así como un informe sobre los integrantes del comité estratégico definido en el documento “Enfocats”. Este documento, intervenido por la Guardia Civil en uno de los registros, es considerado por Llarena como una pieza clave dentro del plan político y civil para conseguir la independencia. El documento establece que el control del procés lo llevará el llamado comité estrategico, sobre cuyos miembros pone ahora Llarena el foco. Los integrantes de este comité son: el expresident y exvicepresident del Govern, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras; los máximos responsables de los dos partidos independentistas del Govern destituido (Artur Mas y Marta Pascal, del PDeCAT; Junqueras y Rovira, de ERC); los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios separatistas (de Junts pel Sí, Jordi Turull, hasta que entró en el Govern (julio 2017) y posteriormente, Lluís Corominas;  y la presidenta y la portavoz de la CUP, Mireia Boya y Anna Gabriel, respectivamente); y los presidentes de la ANC, Jordi Sánchez, y de Omnium, Jordi Cuixart, así como la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, alcaldesa de Villanova y la Geltrú.

En la misma providencia, el juez solicita otro informe sobre los fondos públicos de los que se haya podido disponer para iniciativas administrativas que hubieran sido anuladas o prohibidas por el Tribunal Constitucional, como campañas de civismo, diseño y emisión de vídeos promocionales, impresión de carteles y papeletas o su distribución pública, compra de urnas o registro de catalanes en el extranjero, u otras semejantes.  Por último, solicita a la Guardia Civil que indague si el exconsejero de Interior catalán Joaquim Forn (al que Llarena ha rechazado dejar en libertad con fianza) ordenó que se incumplieran las prohibiciones acordadas por los tribunales sobre los hechos investigados, entre ellas, la celebración del referéndum independentista.

El magistrado reclama también al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona diversas actuaciones practicadas en relación con el proceso secesionista y que puedan resultar de interés para la causa especial que investiga por los delitos de rebelión, sedición, prevaricación o malversación de caudales públicos contra los miembros de la mesa del Parlament, los exconsellers y los representantes de ANC y Òmnium.