Salud rescinde un contrato millonario a una empresa de rehabilitación

El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) ha iniciado los trámites para rescindir el contrato a la empresa que desde 2012 ha prestado los servicios públicos de rehabilitación y logopedia en el distrito de Nou Barris y una parte del de Sant Andreu, con una población atendida que supera las 200.000 personas. La medida llega después de que un informe de la Inspección Sanitaria haya revelado que UTE Acerf, la empresa adjudicataria, ha incurrido en “irregularidades laborales, técnicas y de registro”, entre ellas trabajar con falsos autónomos.

El contrato afectado por la previsible rescisión —a la espera de que culminen los trámites administrativos— asciende a 930.000 euros anuales con una vigencia prevista hasta mediados de 2022, por lo que el impacto económico de la medida supera los cuatro millones de euros. El CatSalut ha anunciado que los servicios afectados “pasarán a ser realizados por empresas públicas” con el objetivo de “agilizar el proceso y garantizar la continuidad de la asistencia a los ciudadanos”.

UTE Acerf es la unión de tres empresas del sector: Centros Cruz Navarro, Centre de Recuperació Funcional GRFy Multitrauma Girona. Según la Inspección Sanitaria, la UTE incumplía la normativa al ofrecer sus servicios ambulatorios en locales que no contaban con las autorizaciones pertinentes y que, además, no eran los que la empresa presentó en el concurso público que le adjudicó el contrato en 2012.

A estas irregularidades se añaden las laborales. La Inspección de Trabajo sancionó a la empresa en junio de 2016 por trabajar con falsos autónomos y le obligó a pagar 318.000 euros por las cuotas patronales de una veintena de empleados no satisfechas desde enero de 2012. A este importe hay que sumar la correspondiente multa económica, que ha sido recurrida en los tribunales por la empresa, según aseguraron entonces los responsables de la UTE. Estos no atendieron ayer a las llamadas de este diario.

La drástica decisión adoptada por el CatSalut es el último episodio de la convulsa situación que vive el servicio de rehabilitación y logopedia desde hace más de dos años, después de que EL PAÍS revelara varias irregularidades en el sector. Tras las primeras informaciones publicadas sobre el presunto fraude laboral, el Sindicato Profesional Sanitario de Cataluña denunció a UTE Acerf y otra empresa (Codebi BCN) ante la Seguridad Social, que acabó multando a ambas empresas. Posteriormente, fue el sindicato UGT el que extendió las denuncias al resto del sector en un proceso que acabó con una sanción millonaria —casi ocho millones de euros— a la mayor empresa del sector en Cataluña, Fisioterapia SA

Paralelamente, tras una investigación abierta inicialmente por la Oficina Antifraude, fue el Tribunal Catalán de la Competencia el que impuso en febrero de 2016 una multa de 950.000 euros a cuatro empresas —entre ellas también Fisioterapia SA— por incurrir en “una falta muy grave” al llegar a acuerdos contrarios a la normativa “para repartirse el mercado” en otro de los contratos sacados a concurso en 2012.

Esta licitación —junto a la de ambulancias la mayor hecha por la sanidad pública en la última década— adjudicó para una década los servicios públicos de rehabilitación y logopedia. En total, los contratos adjudicados en una veintena de lotes ascendían a más de 204 millones de euros, cantidad ampliable hasta en un 50% si el servicio lo requiere.