Un nuevo contrato da 160 millones a las empresas del director del CatSalut

El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) adjudicó el pasado mes de noviembre un concurso que reportará en la próxima década un total de 160,2 millones de euros —ampliables a 240,3 millones, según una cláusula de la licitación— a seis empresas del grupo Corporación Fisiogestión (CF). Josep Maria Padrosa, director del CatSalut, era también apoderado de las seis empresas beneficiadas en el momento de la adjudicación.

El concurso entregó a CF la gestión de los servicios en la sanidad pública de rehabilitación y logopedia —ambulatoria y a domicilio— hasta 2022. La cifra obtenida por CF supone un 79% de los 203,6 millones de euros licitados y marca para el grupo un salto cualitativo importante respecto al anterior contrato, convocado en 2006 y con vigencia para seis años. Entonces, la porción del pastel obtenida por CF se quedó en el 56% del total del importe licitado.

Josep Maria Padrosa se vio envuelto la pasada semana en una enconada polémica después de que EL PAÍS y la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (PARS) destaparan que alternaba su puesto al frente del CatSalut —el ente con mayor presupuesto de la Generalitat, con 8.506,5 millones en 2012— con el de apoderado de 16 sociedades del grupo CF. Entre ellas están las seis que trabajan para el propio CatSalut: Fisioterapia, SA; Fisio Girona, SA; Servicios de Fisioterapia, SA; Instituto Logopédico de Barcelona, SA; Centro de Recuperación Funcional y Fisioterapia, SA, y Kinesiterapia, SA.

El consejero de Salud catalán, Boi Ruiz, rechazó entonces “rotundamente” que la doble faceta pública y privada de Padrosa sea irregular. Mientras, el propio Padrosa responsabilizó de lo ocurrido al grupo CF por no haberle retirado los poderes cuando dejó la dirección del grupo en enero de 2011 al ser elegido por Boi Ruiz para dirigir el CatSalut. La empresa, por su parte y tras admitir que Padrosa seguía de apoderado en 16 sociedades del grupo, anunció que empezaba a dejar sin efecto los mandatos.

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) abrió de oficio una investigación al apreciar “la posible existencia de incompatibilidades en la actuación” de Padrosa. La OAC es un ente público que persigue la corrupción en las Administraciones catalanas. Concluye sus investigaciones publicando unas recomendaciones o, en caso de apreciar delitos, remitiéndolas a la fiscalía.

Dos leyes catalanas prohíben que el director del CatSalut pueda “compatibilizar su actividad con el ejercicio de cualquier otro cargo, puesto, representación...”, y dejan claro que “la condición de miembro del comité de dirección del CatSalut es incompatible con cualquier vinculación con empresas o entidades relacionadas con la prestación de servicios”.

El caso de Josep Padrosa ha coincidido en el tiempo con otros escándalos que han sacudido la sanidad catalana y la de la Comunidad de Madrid. Josep Prat y Carles Manté, exdirectores del CatSalut, están imputados por varios delitos, entre ellos el de malversación, mientras los exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela y Juan José Güemes, también han sido encausados por el proceso de privatización de hospitales desarrollado en la última década.

La noticia publicada por este diario el pasado miércoles se refería al pago a las seis empresas de CF de los conciertos correspondientes a 2011 y 2012 del contrato de 2006, que ascendían a 14,3 millones de euros.

EL PAÍS ha tenido desde entonces acceso a otros documentos que detallan el nuevo contrato firmado por el CatSalut con las empresas de las que Padrosa era apoderado. Cualquier comparación que se haga entre los contratos de 2006 y 2012 da como resultado que CF resulta ahora mucho más beneficiada.

Por cada uno de los seis años licitados en 2006, el CatSalut preveía un gasto de 25,7 millones en servicios de rehabilitación y logopedia para la sanidad pública. De ellos, 7,75 fueron ganados en solitario por empresas de CT (o uniones entre ellas). Otros 6,54 millones fueron a parar a uniones temporales de empresas (UTE) en las que al menos había una filial de CF. La suma de ambas cifras ascendió a 14,3 millones, un 56% del importe total licitado.

Las cifras del contrato de 2013-2022 son contundentes. El importe adjudicado por año es menor en una quinta parte —de 25,7 a 20,4 millones de euros— a causa de los recortes, aunque una cláusula permite ampliar esta cifra en un 50% —hasta 30,6 millones anuales—. El concurso justifica el hecho en “previsión de las posibles modificaciones durante la vigencia del contrato”, aunque no entra en más detalles sobre las condiciones que deben reunir estas posibles modificaciones.

Las adjudicaciones ganadas por las empresas de CF en solitario crece ahora respecto a 2006 hasta los 9,75 millones, un 26% más. En total, las adjudicaciones en las que está presente Corporación Fisiogestión aumentan desde los 14,29 millones de 2006 a los 16,02 millones de 2012.

La conclusión más destacable del nuevo contrato es, pues, que mientras la partida del CatSalut destinada a rehabilitación y logopedia se reduce en una quinta parte, el negocio para el grupo del que formó parte Padrosa creció de forma muy notable.

Preguntado por la importante mejora lograda en el último contrato del CatSalut, el administrador de CF, Carlos Núñez, contestó por correo electrónico que “el concurso estuvo regido por el principio de transparencia e igualdad, al igual que en 2006”. “La actividad real que nos ha contratado el CatSalut es prácticamente la misma”, sostiene Núñez, pese al incremento adjudicado a sus empresas, y añadió: “Reiteramos que los recortes que han afectado la sanidad catalana han sido aplicados con el mismo porcentaje que en todo el sector”.

Un portavoz del Departamento de Salud, por su parte, insistió en que Padrosa “no ha utilizado ninguno de los poderes [en las empresas de CF] de los que era titular” y aseguró que “en su labor como director del CatSalut, no ha participado en ninguno de los procesos de adjudicación (...) ni en deliberaciones del CatSalut ni en los órganos de contratación, con el objetivo de garantizar la mayor transparencia y objetividad en estos procesos”.