31 demandantes de asilo viven en un centro para los sin techo

Nueve familias demandantes de asilo político llevan hasta 20 días alojados en unas instalaciones de emergencia del Samur Social destinadas a personas sin techo durante las campañas de frío. El centro, situado en la calle de Rafael Alberti, en el barrio de Palomeras Sureste, acoge a 31 personas, una docena de ellos menores de edad de entre 10 meses y 12 años. Se espera que permanezcan allí hasta al menos el próximo mes de marzo.

Los solicitantes de asilo denuncian que las instalaciones no están preparadas para albergar tantas personas durante tantos días. "Esto es muy duro para nosotros. Cuando llegamos a este lugar me eché a llorar, no es lo que esperábamos cuando aterrizamos en España", explica Arianna Mendoza, abogada venezolana de 33 años. Su temor y el de los demás demandantes, casi todos procedentes de Venezuela, era que tuvieran que permanecer allí hasta la cita para comenzar la tramitación de asilo, que en algunos casos había sido asignada en agosto, si bien después de que EL PAÍS contactara con los afectados sus citas fueron adelantadas cinco meses.

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De entre los solicitantes de asilo hay dos enfermos de varicela (un menor de dos años y un adulto) que convivieron durante más de dos semanas con dos embarazadas de tres y siete meses en las mismas estancias. "Intentaron en un principio separarnos de los enfermos poniéndonos en distintas alas del edificio, pero el sitio es muy pequeño y de todos modos tenemos que compartir los baños con los enfermos", lamenta Mariana Mendoza, una de las mujeres en cinta de 27 años. En estos momentos ya se encuentran reubicadas en otros emplazamientos del Samur Social. Muchos de los afectados afirman, además, haber sufrido episodios de diarrea y vómitos debido al contraste en la dieta con sus países de origen, agravado por la escasa calidad de la comida disponible en las instalaciones. 

Todos los inmigrantes coinciden en elogiar la labor del Samur a pesar de las dificultades que están pasando. "No tenemos queja contra ellos, están haciendo lo que pueden, pero se nota que no tienen los recursos suficientes para atendernos", apunta Daniel Fermín, administrativo de 32 años.

La atención de los solicitantes de asilo es responsabilidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pero solo una vez que el trámite administrativo comienza. Una vez que una persona solicita ser un asilado político, se le da cita para solicitar el inicio de los trámites, que puede darse meses después. Durante ese periodo de espera, el inmigrante que llega a España queda en una situación de extrema vulnerabilidad. Solamente cuando se ha confirmado la solicitud, los demandantes entran a formar parte del programa de refugiados, en el que la Cruz Roja participa en buena medida para dar cobijo a los solicitantes de asilo en pisos tutelados. José Javier Sánchez Espinosa, subdirector de Cruz Roja España, señala que la ONG tiene programas específicos para alojar a las personas que esperan a su cita, pero que existen a parte del programa oficial de refugiados estatal y que no pueden cubrir la demanda.

Marta Higueras, directora del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, critica duramente al Ministerio de Empleo por los prolongados tiempos de espera que tienen que padecer los demandantes de asilo político, que durante ese periodo quedan en un "limbo jurídico". "Cuando les dan la cita quedan totalmente desamparados y acuden a nosotros. Tenemos que acogerlos entonces en unas instalaciones que están pensadas como recursos de emergencia y no como alojamientos permanentes", explica la responsable, "el Ayuntamiento está asumiendo competencias que deberían ser del Estado". Actualmente, 83 demandantes de asilo político se encuentran bajo la protección del Samur Social.

En los últimos años el tiempo de espera ha aumentado de una semana hasta varios meses, asegura, aunque afirma que el Samur trabaja con la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y el Ministerio para acortar esos márgenes en la medida de lo posible.

El número de solicitudes de asilo no han dejado de aumentar en los últimos años. Desde 2012 la cifra ha crecido exponencialmente, de 2.500 a las 30.000 que, se estima, rondarán en 2017, aunque no se han publicado cifras exactas.