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El Gobierno toleraría una elección simbólica de Puigdemont

Aún no hay acuerdo en el independentismo, que se debate entre la pretensión de Puigdemont de reconocimiento y la oposición de ERC a participar en acciones con consecuencias penales

Elsa Artadi en los pasillos del Parlament, este jueves.Foto: atlas | Vídeo: M. Minocri

Nada que objetar por parte del Gobierno a que una mayoría independentista del Parlament vote la eventual investidura de Elsa Artadi, mano derecha de Carles Puigdemont, como presidenta de la Generalitat. Pero el Ejecutivo de Rajoy ignorará los actos de reconocimiento, o nombramientos honoríficos que el expresident pueda recibir siempre que no tengan traducción administrativa o económica, señalan fuentes gubernamentales. Pero aún no hay acuerdo en el independentismo, que se debate entre la pretensión de Puigdemont de reconocimiento y la oposición de ERC a participar en acciones con consecuencias penales.

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Cada paso del independentismo es seguido con fruición por el Gobierno que preside Mariano Rajoy. Este jueves se atisbó desde La Moncloa la posibilidad de que el desafío secesionista termine con la elección de un presidente de la Generalitat de acuerdo a la legalidad. La opción de Elsa Artadi, portavoz de Junts per Catalunya, como candidata se baraja en el Ejecutivo central desde hace días. Su preocupación se centra en cómo terminarán las negociaciones del expresidente catalán con ERC, la CUP y el PDeCAT. Si no hay “reconocimiento administrativo ni económico a cargo del erario público pueden nombrarle y reconocerle cuantos títulos y honores quieran”, afirman fuentes gubernamentales.

Los nombramientos honoríficos a una persona en un lugar privado no pueden recurrirse ante el Tribunal Constitucional, señalan en referencia al marco donde se tributen honores a Puigdemont. El Gobierno sabe, no obstante, que el político catalán y sus más directos seguidores quieren que el Parlamento de Cataluña apruebe una resolución donde se le cite como presidente “legítimo”. En este caso, el Gobierno de Rajoy considera que sí podría recurrir ante el Constitucional, por la posibilidad de que hubiera alguna ilegalidad.

Forcadell se escudó en Torrent

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell afirmó ante el juez que el 27 de octubre, cuando se aprobó la declaración unilateral de independencia (DUI), “no se proclamó nada” y se limitó a leer lo que le dijo el entonces portavoz adjunto de Junts per Sí y hoy presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent.

Según las grabaciones de su declaración ante Pablo Llarena el pasado 9 de noviembre, Forcadell atribuyó a Torrent la petición de leer la declaración votada en el Parlament, “una petición como muchas otras veces ha habido en este sentido”, dijo.

La intención de Puigdemont es la de seguir influyendo en la política catalana, aunque no sea como presidente de la Generalitat sino como líder de un ente —el llamado Consejo de la República— ubicado en Bruselas. En Barcelona habría un Gobierno formado por responsables de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana que, precisamente, se hallan enfrascados en unas caóticas negociaciones para desbloquear la situación. Oficialmente siguen manteniendo que su candidato a la presidencia no es otro que Puigdemont, pero cada día hay nuevas evidencias de que la verdadera negociación radica en encontrar una alternativa al expresidente cuando vuelva a confirmarse que su investidura es imposible. El tira y afloja se halla precisamente en el perfil de este candidato o candidata que accedería a la presidencia tutelado directa o indirectamente por Puigdemont.

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Tercera en discordia

Los acólitos del expresidente dan por hecho que la plaza estaría reservada en ese caso para Elsa Artadi, mano derecha de Puigdemont en la Generalitat y número 10 de la candidatura Junts per Catalunya. Fuentes conocedoras de la negociación explicaron ayer que Artadi provoca adhesiones pero también recelos, especialmente en el PDeCAT, tercera parte en discordia en las negociaciones aunque muy debilitada por la preeminencia del núcleo de Puigdemont en Junts per Catalunya.

Fuentes de Esquerra Republicana explican que Artadi, pese a no ser una opción que les entusiasme, sería un plan válido para devolver la normalidad institucional. Ante las cámaras, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, aseguró que no les consta formalmente la opción de Artadi, pero dejó abierta la puerta al cambio de presidente. “En caso de que se proponga a otro candidato para la investidura seguro que no será un problema”, dijo.

Candidatos sin penas

La propia Artadi intentó ayer quitarse presión de encima una vez que su nombre ha vuelto al primer plano y optó por no salirse del guion escrito con antelación. “Puigdemont es nuestro candidato pero, sobre todo, es el candidato del Parlament”, zanjó desde los pasillos de la Cámara catalana.

Desde el Gobierno se reconoce que no hay otra opción que la de un candidato independentista, pero en su pugna con Ciudadanos continúa con la demanda a Inés Arrimadas, que ganó las elecciones del 21-D aunque sin mayoría parlamentaria, de que intente formar Gobierno. Así lo hizo ayer Mariano Rajoy en el Foro ABC donde se preguntó por qué quien ganó las elecciones no intenta formar Gobierno. Según el presidente, debe ser difícil para los catalanes entender por qué después de haberse celebrado unas elecciones “normales” no se presenta “un candidato normal”, ironizó.

Forzar las leyes desde Bruselas

Para desazón del Gobierno central, en las filas nacionalistas no solo se habla de Elsa Artadi como posible candidata a la investidura sino también de Jordi Sànchez, encarcelado, y Jordi Turull, que puede ser inhabilitado próximamente. Los dos nombres tampoco son bien vistos por los sectores, especialmente de ERC, que buscan formar un Gobierno sin imputados. El PDeCAT, por su parte, tiene también en cartera el nombre de Marc Solsona, alcalde de Mollerussa (Lleida), uno de los pocos de la candidatura de Junts per Catalunya bien conectado con la dirección del partido.

La confusión que reina en los partidos independentistas, con constantes anuncios de supuestos acuerdos seguidos de desmentidos, comienza a hacer mella en las bases y algunos cuadros. En ERC hay especial preocupación porque la investidura se está dilatando y porque Carles Puigdemont sigue queriendo forzar las leyes en un momento en el que los políticos presos del procés intentan por todos los medios salir de la cárcel. Además, la próxima semana comienza una nueva tanda de declaraciones de dirigentes imputados ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Entre otros, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel.

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