Torrent desautoriza al letrado mayor del Parlament y pide otro informe

El presidente del Parlament, Roger Torrent, desautorizó la semana pasada al letrado mayor de la cámara, Antoni Bayona, y pidió que los servicios jurídicos redactaran un nuevo informe sobre los plazos para investir al presidente de la Generalitat. La pretensión de Torrent es ampararse en abogados para mantener abierta durante el máximo tiempo posible la posibilidad de investir a Carles Puigdemont, huido en Bruselas.

La redacción ha provocado un enfrentamiento sin precedentes entre los abogados de la Cámara por la diferencia de criterio, de manera que ahora otros dos juristas distintos están elaborando un nuevo documento.

Después de que Torrent aplazara el pleno de investidura el pasado 30 de enero, la Mesa del Parlament encargó el informe a sus servicios jurídicos para saber cual era la situación legal que se abría. La cuestión a determinar era si había empezado a correr o no el plazo de dos meses que marca el Estatut desde la primera votación de investidura para elegir presidente o si, por el contrario, se había parado el reloj, teniendo en cuenta que esa votación no se había producido.

El informe estaba listo el pasado viernes y lo redactó el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, que se lo entregó al secretario general de la Cámara, Xavier Muro. Este, a su vez, se lo hizo llegar a Torrent, quien le expresó su disconformidad con el texto y reclamó un nuevo redactado, según explicaron fuentes parlamentarias.

Muro le pidió a Bayona que rehiciera el texto y este se negó, por lo que ahora es el propio Muro y otro abogado los que están redactando un nuevo informe. De ahí la demora en el texto, que debería haberse entregado el pasado día 6 a la Mesa del Parlament.

El informe de Bayona consideraba que el plazo de dos meses para elegir presidente no ha empezado a correr pero instaba a Torrent a actuar para no entrar en un tiempo muerto indefinido. En ese sentido, el letrado mayor ofrecía tres alternativas al presidente de la Cámara: que propusiera otro candidato, que aguardara a que el Tribunal Constitucional resolviera la admisión del recurso del Gobierno y confirmara o no las medidas que afectan a Carles Puigdemont o que el presidente del Parlament comunicara al pleno que no había candidato y eso sirva como inicio del plazo de dos meses, tomando como precedente lo ocurrido en el año 2003 en la Asamblea de Madrid en el llamado Tamayazo.

Evitar el limbo

Las mismas fuentes han explicado que el rechazo de Torrent al documento vino motivado porque se le instaba a actuar y a evitar que la Cámara entrase en un limbo jurídico del que sería responsable.

De esa manera, Torrent pretendía ganar tiempo y dejar abierto el plazo para una posible investidura de Puigdemont y a la espera de que el Constitucional resolviera las alegaciones presentadas por la Cámara antes de decidir si admite o no el recurso del Gobierno contra la convocatoria de la sesión de investidura para elegir a Puigdemont y sobre la presentación de su candidatura en el pleno aplazado del pasado día 30.

Ahora nadie se atreve a pronosticar cuándo estará listo el informe de los letrados, ni cual será su contenido. Entre ellos hay unanimidad en que los plazos no han empezado a contar. La discrepancia radica en si se ha de instar o no a Torrent a que no se quede de brazos cruzados y actúe. A la espera del desenlace, lo que se da por hecho es que el informe no será unánime y que, además de Bayona, se podrían descolgar alguno de los otros siete letrados.