Convergència cobró otro millón en ‘mordidas’ con Mas como ‘president’

Las pruebas sobre la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) van mucho más allá de los años del pujolismo. Si el caso Palau ha acreditado -hay sentencia condenatoria- que el partido nacionalista recibió comisiones a cambio de obra pública por 6,6 millones de euros hasta 2009, el caso 3% -aún en fase de investigación- indica que la financiación irregular continuó funcionando hasta fechas muy recientes. De 2008 a 2013, o sea incluso durante la etapa de Artur Mas como presidente de la Generalitat, CDC cobró mordidas por valor de 1,04 millones de euros, según un nuevo informe de la Guardia Civil remitido al juez que investiga el caso.

El informe ratifica los indicios acumulados contra Convergència en el caso 3%, aunque con cifras muy precisas. Al menos entre 2008 y 2013, diversas empresas adjudicatarias de la Generalitat abonaron generosas donaciones a tres fundaciones afines al partido: CatDem, Fundació Fòrum Barcelona y Fundació Privada Òmnium. Las tres entidades declararon a Hacienda, en ese periodo, donaciones por 10,3 millones de euros. Los investigadores recuerdan que las tres entidades funcionaban "bajo el principio de caja única" de Convergència. Y concluyen que el monto de donaciones "vinculadas a la adjudicación de obras" asciende a 1.040.800 euros. El informe destaca que se han producido "otra clase de pagos" a dirigentes nacionalistas como "entradas a partidos de fútbol, viajes, alojamientos de hotel y cacerías".

La Guardia Civil ha examinado al detalle un total de 24 adjudicaciones públicas presuntamente fraudulentas de obras y servicios, tanto de la Generalitat como de ayuntamientos y entes públicos controlados por Convergència i Unió. Esos expedientes suponen un importe total de 218,7 millones de euros si se atiende al precio de licitación (168,7 millones si se examina el precio final de adjudicación).

Convergència se financió entre 1999 y 2009 a través del Palau de la Música, la institución cultural saqueada por Fèlix Millet y Jordi Montull. La Audiencia de Barcelona ha condenado recientemente al partido por cobrar 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la empresa Ferrovial a cambio de la adjudicación de grandes obras públicas, como la línea 9 del metro o la Ciudad de la Justicia de Barcelona. La constructora camuflaba como donaciones altruistas al Palau lo que, en realidad, eran mordidas al partido. Lo hacía mediante pagos en efectivo a los tesoreros de la formación, pero también mediante facturación falsa de empresas y falsos convenios de colaboración con la Fundación Trias Fargas, antecedente de la CatDem.

Del Palau al 3%

Cuando los Mossos d'Esquadra registraron el Palau de la Música en julio de 2009, Convergència tuvo que cambiar la forma de lograr financiación. El partido halló en las donaciones a sus fundaciones el nuevo sistema ideal para camuflar esos supuestos pagos irregulares, según los indicios acumulados en el caso 3%. El sistema funcionó, según la Guardia Civil, al menos desde 2008. En ese momento, un tripartito de izquierdas gobernaba la Generalitat, pero Convergència mantenía aún el control sobre importantes ayuntamientos catalanes. En 2010, Artur Mas se hizo con la presidencia de la Generalitat. Algunos de los concursos bajo sospecha fueron adjudicados a partir de esa fecha por Infraestructures.cat, la mayor adjudicataria pública de la Generalitat. 

En el caso Palau solo se ha podido probar la participación del extesorero Daniel Osácar, aunque la sentencia explicita que "altos responsables" del partido que no han podido ser identificados debieron conocer la financiación irregular. El caso 3% ha permitido ir más allá. Además de Osácar, están imputados su sucesor en el cargo, Andreu Viloca, pero también el exdiputado, exconsejero y ex hombre de confianza de Mas, Germà Gordó, así como el ex director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell.

El caso 3% lo investiga desde hace más de tres años un juez de El Vendrell (Tarragona) por los delitos de malversación, cohecho, prevaricación, alteración de precios en concursos, grupo criminal, blanqueo y financiación de partidos políticos. Recientemente, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que se inhiba a favor de la Audiencia Nacional.