Los indicios que apuntalan el 3% de Convergència en el ‘caso Palau’

El PDeCAT del expresident Carles Puigdemont tiene este lunes una cita con su pasado más oscuro. El partido que hasta hace poco respondía al nombre de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) recibe la sentencia del caso Palau. Tres magistrados deciden si la formación —obligada a renacer, precisamente, por las sospechas de corrupción— se financió de forma irregular durante una década, entre 1999 y 2009. Si lo hacen, por primera vez habrá quedado acreditado el “3%”, una alusión al cobro de mordidas por obra pública en Cataluña que popularizó Pasqual Maragall. El sistema funcionó en los últimos años de Jordi Pujol, pero también durante la travesía del desierto de Convergència en la oposición, antes de que Artur Mas accediera (2010) a la presidencia de la Generalitat.

Convergència figura en el caso Palau como responsable civil a título lucrativo. La Fiscalía Anticorrupción concluye que se benefició de la comisión de un delito. Y pide que esos cobros irregulares (que cifra en 6,6 millones) sean decomisados. Para afrontar su responsabilidad, el partido tuvo que poner 15 sedes como aval. Aunque es el heredero político y jurídico de Convergència, el PDeCAT busca desvincularse del caso. Una condena, sin embargo, probaría por vez primera la financiación ilegal de la que, durante muchos años, ha sido la fuerza política central en Cataluña.

Tras ocho años de silencio, Millet dio la puntilla al confesar en el juicio

Convergència, según la tesis del fiscal, recibió 6,6 millones de Ferrovial a cambio de la adjudicación de grandes obras públicas, como la Ciudad de la Justicia —donde se celebró el juicio el año pasado— o la línea 9 del metro de Barcelona. Esos pagos suponían el 4% del importe de la obra adjudicada. La mayor parte del dinero (2,5%) iba al partido; el resto (1,5%) a Fèlix Millet y Jordi Montull, máximos responsables del Palau de la Música y saqueadores confesos de la institución. Millet y Montull, que este lunes afrontan también su previsible condena, participaban como comisionistas. La constructora, por su parte, camuflaba las mordidas como donaciones altruistas al coliseo modernista.

La investigación arrancó en 2009 por el desvío de fondos de Millet y Montull, pero pronto afloraron las pruebas contra CDC. Solo un responsable del partido —el extesorero Daniel Osácar— está acusado penalmente y afronta ocho años de cárcel. El fiscal cree que “altos responsables” de CDC conocían la trama. Estos son los principales indicios que apuntalan la existencia del 3%.

Documentos contables

Los documentos son explícitos: citan obras, pagos e incluso porcentajes

Los Mossos registraron el Palau el 23 de julio de 2009. Allí apareció, entre otros documentos, una tabla contable del año anterior. En las columnas figuran, sucesivamente, “cobro Ferrovial”, “pagos a Daniel”, “cobro a GPO” y “cobro Fundación”. Aunque los acusados lo negaron en un primer momento, el fiscal concluye que Daniel no es otro que Daniel Osácar, el tesorero. En otro documento aparece una de las vías de financiación irregular: los falsos convenios entre el Palau y la Fundación Trias Fargas, ligada a CDC. El Palau entregó 630.000 euros a la fundación hasta 2008. En los papeles aparecen cheques correlativos y con la misma fecha: un pago del Palau a la Trias Fargas y, el mismo día, un pago de Ferrovial al Palau por supuesto “patrocinio”.

Las notas de Gemma

Una de las protagonistas del caso Palau es Gemma Montull, hija de la mano derecha de Millet y administradora financiera del Palau. En sus anotaciones manuscritas, relaciona pagos de Ferrovial al Palau con pagos de la institución musical a la Trias Fargas.

El ordenador de Milllet

En los ordenadores de Millet y de su secretaria también se halló oro. Uno de los documentos exhibidos en el juicio es muy elocuente. Ahí se menciona “adjudicación Ciudad Judicial” junto a unas cantidades y porcentajes. Bajo el epígrafe Carles Torrent (tesorero de CDC fallecido en 2005) aparece “Ciudad Judicial” (263 millones), “Ferrovial” (57 millones) y “el 4%” (la comisión a repartir entre Convergència y Millet y Montull) que ascendió a 2,3 millones de euros.

Reunión con el tesorero

La autora de parte de los documentos incriminatorios es Cristina T., una de las tres secretarias que tuvo Millet en su larga etapa al frente del Palau. Según su declaración en el juicio, el expresidente citaba de forma frecuente a reuniones fugaces en su despacho al extesorero Torrent, que en una ocasión salió cargado con una “bolsa” que no llevaba al entrar. El extesorero acudía en coche a la cita. “Era un momento, subía y se iba”, detalló la secretaria, que dijo ignorar el contenido de esa bolsa.

Las confesiones del juicio

Fue la última estocada. Durante ocho años, los principales implicados en el saqueo del Palau mantuvieron un escrupuloso silencio sobre sus tratos con Convergència. Llegado el juicio, decidieron colaborar para aligerar sus penas. Las confesiones no aportaron elementos nuevos, pero reforzaron la tesis del fiscal. “Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergència a cambio de obra pública”, dijo maquinalmente Millet desde su silla de ruedas. Fue una voladura controlada: el prohombre señaló a los tesoreros (uno fallecido, el otro acusado), pero evitó mencionar a altos cargos del partido. Con su peculiar sentido del humor, Jordi Montull —mano derecha de Millet— apuntó que, en un momento dado, las mordidas pasaron del 3% al 4% porque Convergència “quería más dinero”. Gracias a su colaboración, Millet y Montull lograron que el fiscal rebajara —a 15 y 11 años— sus peticiones de cárcel. La más beneficiada, sin embargo, fue Gemma Montull, que afronta finalmente una petición de tres años de prisión.