Los principales acusados del ‘caso Palau’

El fiscal pide para el expresidente del Palau de la Música, que ahora tiene 81 años, 27 años y seis meses de cárcel por los delitos de malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación y fraude fiscal. Apunta que "conducía como si fueran una sola" y "con máxima responsabilidad ejecutiva" los "entes diferenciados que integran lo que se conoce como Orfeó Català o Palau de la Música". Le responsabiliza junto a Jordi Montull y "en un determinado momento también de la hija de este, Gemma Montull" de crear un entramado que "sin oposición consiguieron disponer en la forma más favorable a sus depredadores propósitos". De Millet el fiscal apunta que ejercía su cargo "de forma personalísima y con un intenso cariz jerárquico a la vez que carismático".

Apunta que los tres crearon una "estructura operativa especialmente compleja orientada no a servir a los fines sociales propios sino a conferirles una absoluta libertad de movimientos y la capacidad de disimular eficazmente sus ilícitos manejos". Y que al "acaparar los máximos cargos ejecutivos", sus actuaciones "carecían absolutamente de control". El esquema de los hechos delictivos que relata el fiscal incluye el expolio patrimonial al Palau, conductas relacionadas con la adjudicación de obra pública a Ferrovial y la satisfacción de comisiones ilegales a la formación CDC. También habla de pagos a terceros, confección de documentos falsos para evitar el descubrimiento de los hechos, operaciones inmobiliarias y fraude a Hacienda.

La petición de la fiscalía para quien fue el director administrativo de la institución es la misma que para el expresidente: 27 años y seis meses de cárcel por malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo, falsificación y fraude fiscal. El fiscal apunta que "gozaba de la absoluta confianza de personal de Millet" y que junto a su hija "aprovecharon descaradamente la confianza pública generada por el prestigio cultural y social inherente al Palau de la Música, que envolvía de aparente respetabilidad incluso los comportamientos más dudosos".

La exdirectora financiera del Palau, cargo al que se incorporó en 2003, es hija de Jordi Montull y afronta una petición de 26 años. El fiscal afirma en un momento de su escrito que "mostrando la misma falta de escrúpulos que aquellos [Millet y su padre] sufragó también con fondos de la Fundación obras en su residencia particular". Afirma que los tres "configuraron en la Fundació y la Associació un confuso entramado de cuentas bancarias precisamente para favorecer sus intereses depredadores" y habla de cuentas bancarias que ni constaban ni estaban registradas; además de la realización de "un número inusualmente elevado de transacciones en efectivo", por cantidad de operaciones y cuantía para financiar. 

Fue tesorero de Convergència Democràtica y de la Fundación Trias Fargas y el fiscal pide para él una pena de siete años y seis meses por haber recibido parte del dinero que la constructora Ferrovial dio al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de obra pública. En su escrito, el fiscal le acusa de tráfico de influencias y blanqueo y apunta que "la lógica apunta a que" en su actuación debió contar "como mínimo con el asentimiento de altos responsables del partido, extremo que no ha podido ser suficientemente acreditado". También apunta que "los flujos ilícitos quedaban convenientemente disfrazados, incorporándose de forma aparentemente impoluta al patrimonio del partido político o entes vinculados al mismo".

Para el exdirector territorial de Ferrovial en Barcelona, el fiscal pide cuatro años y seis meses por tráfico de influencias. "Por parte de Ferrovial la fragua del acuerdo criminal fue protagonizada sin excluir a otras personas [...] por el imputado Pedro Buenaventura [...] auxiliado a tal menester por el imputado Juan Elizaga", apunta el fiscal. Ambos, dice, "dispusieron todo lo necesario para que cuantiosos fondos de Ferrovial , a espaldas de su accionariado y abusando de sus facultades directivas, se aplicaran a la financiación ilícita de CDC". Unos pagos que, aclara, se vistieron como parte del patrocinio de la firma al Palau, cuando el patrocinio real era mucho menos cuantioso. Y se realizaban con entregas en efectivo al tesorero del partido, falsos convenios de colaboración cultural o pago de facturas por servicios inexistentes de empresas que se prestaron a tal fin. La empresa siempre ha negado que estos pagos fueran comisiones para adjudicación de obra pública.

Fue director de relaciones institucionales de Ferrovial y afronta una petición de pena igual a la del otro representante de la constructora: cuatro años y seis meses, y por el mismo delito, tráfico de influencias. Le acusa junto a Buenaventura de "utilizar la relación de patrocinio publicitario con el Palau para conseguir que Ferrovial dispusiera abultadas transferencias de fondos al Palau, parte de las cuales se correspondían con las comisiones ilegales a las que se viene haciendo referencia, para de este modo garantizar suculentas y continuadas adjudicaciones de obra pública a dicha empresa". El fiscal apunta que la comisión era del 4% del importe de las adjudicaciones: un 2,5% para CDC y un 1,5% para Millet y Montull, que se lo repartían con un porcentaje del 80% y 20% respectivamente. La constructora siempre ha negado el pago de estas comisiones.

Los principales acusados del ‘caso Palau’