Millet confiesa la financiación ilegal de CDC sin apuntar a altos cargos

Fèlix Millet ha tardado ocho años en detonar la bomba del 3%. El expresidente del Palau de la Música ha confesado este miércoles, en el juicio por el caso Palau, la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de esta institución cultural. “Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergència a cambio de obra pública. Esto no lo dije en mi confesión, pero esta es la verdad”, ha afirmado en una declaración de alto voltaje político y que, sin embargo, fue una explosión controlada. Millet señaló a los tesoreros, pero ha evitado implicar a altos cargos del partido de Artur Mas en la trama corrupta.

Millet tiene 81 años y afronta una petición de 27 años de cárcel por saquear los fondos del Palau de la Música, institución emblemática de la cultura catalana. Su confesión puede ayudarle a rebajar la pena, aunque no lo suficiente como para librarle de prisión. Si este miércoles ha tirado de la manta ha sido sobre todo porque su mano derecha en el Palau, Jordi Montull, ya había cerrado antes un pacto con la fiscalía. Millet se le ha adelantado —fue el primero en declarar— y ha afirmado que medió en el pago de comisiones de Ferrovial a CDC. La constructora lo niega y defiende que “los pagos fueron por patrocinio”, según un comunicado.

La confesión de Millet tiene consecuencias para el recién nacido PDECat e implicaciones jurídicas, ya que corrobora los indicios acumulados por la fiscalía sobre la financiación ilegal del partido, el popular 3%. Millet, sin embargo, midió su impacto. “¿Conoce la participación de otros cargos políticos del partido, por encima del tesorero?”, le ha preguntado el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled. “Que yo sepa, no. Supongo que sí, pero no lo sé. Esto es una opinión mía”, ha respondido.

Olvidadizo

Cuanta más concreción pedía el fiscal, más olvidadizo se mostraba Millet. No ha recordado haber tratado el pago de comisiones en una reunión con cargos de CDC —el exdiputado Jaume Camps y el exgerente del partido y exconsejero de Justicia Germà Gordó— en el hotel Diplomàtic de Barcelona. “Debía haber algo de lo que hablar, pero no...”. Millet ha dicho que solo trató el tema con personas que ya han fallecido, como el extesorero Carles Torrent (muerto en 2005), al que recibía en el Palau para pagarle en efectivo, o el fundador de Ferrovial, Rafael del Pino (2008), que puso en marcha, ha dicho, el sistema de pagos ilegales.

El expresidente del Palau se ha limitado a corroborar la acusación de la Fiscalía. Para lo demás, se remitió a Montull, que declara mañana —“él conoce los detalles”— o ha contestado “no sé, no recuerdo”. “Cuando en los papeles aparecen cifras y el nombre de Daniel, ¿quién es?, ha preguntado Sánchez Ulled. “Daniel Osácar”, ha concedido Millet. Osácar sucedió a Torrent como tesorero y es el único cargo del partido acusado (afronta una petición de siete años y medio de cárcel). Millet ha dicho que hay muchas obras adjudicadas de forma irregular, pero ha insistido en que no las conoce. “Yo no entraba ni salía. Ferrovial me daba el dinero y yo se lo pasaba a Convergència. Pero no sé si le dieron el metro de no sé dónde”.

El fiscal sostiene que CDC y Ferrovial mantuvieron un “acuerdo criminal” durante una década (1999-2009, año en el que el Palau fue registrado por los Mossos d’Esquadra). La constructora camuflaba como donaciones altruistas al Palau lo que, en realidad, eran mordidas a Convergència.

Así logró la adjudicación de grandes obras públicas con el último Gobierno de Jordi Pujol, como la línea 9 del metro o la Ciudad de la Justicia. El importe pagado por Ferrovial es el 4% de la obra adjudicada; el 2,5% iba a parar al partido, y el 1,5% se lo quedaban Millet y Montull como comisión.

El caso Palau también trata de acreditar el saqueo del Palau de la Música, cifrado por Hacienda en 24 millones y ya confesado parcialmente por Millet y Montull. Millet se ha mostrado arrepentido (“fue un error”, “me equivoqué”, “pido disculpas”, repitió), especialmente por haber cobrado fondos públicos.