Un alto cargo de Infraestructures admite el amaño de adjudicaciones

La empresa pública Infraestructures.cat, la principal adjudicadora de obra pública de la Generalitat, era uno de los epicentros del caso 3%. Allí se amañaban concursos para que determinadas empresas se llevaran los concursos de obra pública. Uno de los responsables técnicos de la empresa, Jaume Cortasa, lo reconoció por escrito ante el actual presidente de la compañía, Joan Jaume Oms, a quien confesó que se modificaban las valoraciones que efectuaban los técnicos a petición del entonces director general de la empresa, Josep Antoni Rosell.

La confesión de Cortasa tumba la que ha sido hasta ahora una de las principales tesis sobre el caso del expresidente catalán Artur Mas, quien siempre ha asegurado en que la contratación de obra pública bajo sus gobiernos era "impecable".

El sumario del caso incluye el acta de la confesión de Cortasa ante sus superiores. "Por parte del director general de Infraestructures, Josep Antoni Rosell i Polo, se pedía a la OTA [siglas en catalán de la Oficina Técnica de Evaluación, de la que Cortasa era responsable] que si era posible variar la puntuación técnica de los licitaciones de forma que la mejor valoración fuera la de un determinado licitador", recoge el acta. Recibida la petición, Cortasa "hablaba con los técnicos para ver si era posible hacer esta variación, de acuerdo con la oferta del licitador y dentro de los criterios del pliego, y si era posible, se llevaba a cabo", concluye el documento.

Tras el estallido del caso 3%, la nueva dirección de Infraestructures expedientó a Cortasa, sancionándolo en un primero momento a 90 días de empleo y sueldo por una falta muy grave. Posteriormente, ante la gravedad de las nuevas evidencias, Cortasa acabaría siendo despedido. “Esta empresa tiene la certeza de que usted inventó las puntuaciones de ciertos aspectos técnicos en relación a las ofertas presentadas por determinados licitadores, […] puntuaciones totalmente ficticias ya que no había documentación de ningún tipo que pudiera justificarlas”, reza un fragmento de la carta de despido a Cortasa que consta en el sumario del caso. La misiva continúa: “Este hecho nos lleva a concluir que no se trata de un simple error”.

En otro documento, en el que Infraestructures comunicaba a Cortasa la apertura de un expediente, el organismo se manifiesta con una contundencia similar: "Usted ha participado en actuaciones tendentes a variar, de forma irregular, la puntuación técnica de las licitaciones, de manera que la mejor valoración técnica fuese la de un determinado licitador, previamente identificado".

La Guardia Civil registró la sede de Infraestructuras el 21 de octubre de 2015. Tras esa primera entrada se decomisaron de 8 expedientes supuestamente modificados y se detuvo a Rosell. Cortasa fue quien firmó las valoraciones definitivas, que al menos en cinco de los casos habían sido modificados.

La carta de despido de Cortasa destaca que en 2011, coincidiendo con la incorporación de Josep Antoni Rosell como primer ejecutivo de la sociedad, se incorporó a los procesos de contratación la OTA, un ente unipersonal formado por Cortasa y que dependía directamente de Rosell, que también era quien presidía la Mesa de Contratación de la empresa pública. Desde la OTA se modificaban las valoraciones de las ofertas que realizaban los técnicos de Infraestructures y la carta deja claro que fue Cortasa quien llegó a modificar al alza valoraciones de 0 en determinados apartados sin que hubiera documentación que lo argumentara.

Entre las adjudicaciones cuestionadas se encuentran las obras de la escuela La Trama de Sabadell, cuya modificación permitió que se hiciera con el concurso Grupo Ortiz, que admitió haber pagado a Convergència 400.000 euros para entrar en el mercado catalán de obra pública. Otra de las adjudicaciones cuyo amaño se achaca a la participación de Cortasa es la de una distribución de riego en el pantano de Rialb, en el que se impuso una UTE formada por Construccions Pirineu 2001 y Teyco.

En un segunda entrada a la sede Infraestructures.cat, la Guardia Civil registró el despacho de Pilar Matesanz, directora de contratación. Si bien, la principal actuación es la que se realizó contra Rosell, después de que uno de sus hombres de confianza, Vicente Francisco Campanales, entregara a la Guardia Civil una caja fuerte y cuatro maletines que Rosell le había confiado. De la documentación entregada por Campanales, que trabajaba en Infraestructures a través de un contrato mercantil, la Guardia Civil se centra en un correo electrónico enviado por el alias infraworker@yahoo.es en el que se detallan las vinculaciones de Rosell con Germà Gordó, exconsejero de Justicia y hombre de confianza de Artur Mas.