La condena a Convergència complica los planes del separatismo

La condena a Convergència Democràtica (CDC) a pagar 6,6 millones por las comisiones ilegales a cuenta de la adjudicación de obra pública que ha dictado este lunes la Audiencia de Barcelona pone al límite al PDeCAT y sus dirigentes. La sentencia dificulta aún más la investidura de Carles Puigdemont y dibuja un escenario muy adverso para pagar ese dinero en caso de que la confirme el Tribunal Supremo.

La reacción del PDeCAT al conocerse la sentencia es todo un síntoma del intento de la extinta Convergència de desentenderse del caso y abominar de un pasado marcado por sospechas de corrupción, ahora convertidas en hechos probados por la justicia. El PDeCAT entiende que la condena no va con ellos, sino que “tiene que ver con Convergència Democràtica de Catalunya, una formación política que ya ha asumido todas las responsabilidades políticas”, se asegura un comunicado emitido.

Se trata de “un asunto que es anterior al año 2010”, añade la formación, en un intento de salvar a Artur Mas de cualquier responsabilidad. Ese fue el año en que se celebraron las elecciones autonómicas que le llevaron a la presidencia de la Generalitat después los dos gobiernos tripartitos.

El expresidente de la Generalitat dimitió como presidente del PDeCAT el pasado día 9 y negó entonces que se tratase de una medida preventiva ante una eventual condena a Convergència. Tras conocerse la decisión judicial aseguró en un comunicado que no esperaba una sentencia tan “dura” y recalcó que Convergència ya pagó, con su disolución en 2016, un “precio muy alto”.

La afirmación es imprecisa, porque Convergència sigue existiendo como persona jurídica y cuando la sentencia sea firme se suscitará el debate de si el PDeCAT debe implicarse también en el pago del dinero que se establezca y que, de momento, no se ha podido cubrir con el embargo de 15 sedes. Francesc Sànchez, representante legal de Convergència, también insistió en que Convergència “ha desaparecido de la órbita de los partidos que se presentan a las elecciones”.

De momento, la sentencia llega en el peor momento de las relaciones entre el PDeCAT y Esquerra Republicana para lograr un acuerdo que haga posible la investidura de un presidente de la Generalitat. En esa línea, el portavoz de Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, reaccionó con mucha prudencia y tras conocer la sentencia afirmó que “quién tenga que asumir responsabilidades que las asuma”, aunque añadió lo que no hará su formación es “mirar hacia otro lado”.

Pese a la prudencia, Sabrià recordó que los republicanos no han tenido ni un solo caso de corrupción en sus casi 87 años de historia, reclamó la necesidad de “desterrar de la política los comportamientos vinculados con la corrupción” e insistió en que cuando se prueben estas prácticas “hay que ir hasta el fondo y que recaiga todo el peso de la justicia sobre los responsables”.

Críticas de la CUP

Las críticas contra los actuales dirigentes del PDeCAT por la sentencia también llegaron de la CUP, otro aliado durante la pasada legislatura. Así, la concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona y exdiputada en el Parlament Eulàlia Reguant señaló que los actuales dirigentes del PDeCAT deben explicar cuál es la herencia que quieren de CDC “¿Es la del 4%?”, se preguntó, y reclamó a Artur Mas que dé explicaciones.

En la misma línea, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, exigió a Carles Puigdemont y otros dirigentes del PDeCAT, como los consejeros destituidos Jordi Turull o Josep Rull que “consideren asumir responsabilidades apartándose de los cargos que ocupen u opten a ocupar”, informa Clara Blanchar. Para la edil, la sentencia “acredita que Convergència se presentó en 12 elecciones engañando y haciendo trampas, con dinero extra que conseguía a través de la trama”. Colau eludió en diversas ocasiones la respuesta a la pregunta sobre si Puigdemont debería renunciar a presidir la Generalitat tras la sentencia.

La presidenta del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, consideró que con la sentencia “se constata que Convergència era una organización delictiva” cuyo objetivo era “saquear a los catalanes en beneficio de determinadas personas”

Desde el PSC, el secretario de organización, Salvador Illa, exigió a Mas y Puigdemont “que den explicaciones y no escondan más la cabeza bajo el ala”, mientras que, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, calificó de “buena noticia” la sentencia del caso Palau porque “se demuestra que en España todos estamos obligados al cumplimiento de la ley”.