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Los hoteleros piden a Cifuentes que requiera una licencia de actividad en los pisos turísticos

El gremio madrileño ven “discriminatorio” el decreto sobre pisos turísticos de la Comunidad y habla de falta de diálogo

Edificio con pisos turísticos en Madrid.
Edificio con pisos turísticos en Madrid. Jaime Villanueva

Los hoteleros de la capital rechazan el planteamiento de la Comunidad de Madrid sobre los pisos turísticos. Gabriel García, presidente de la Asociación Empresarial de Hoteleros de Madrid (AEHM), calificó este martes de "discriminatorio" el borrador del texto normativo con el que el Gobierno regional pretende regular el sector y piden que los propietarios obtengan una licencia de actividad. El Gobierno regional asegura que tendrá en cuenta todas las alegaciones y que su plan va en línea con el de ciudades europeas como París.

"En juego está el modelo de ciudad", advirtió el representante de los hoteleros de la ciudad. García anunció que la AEHM presentará una serie de alegaciones al borrador del decreto normativo anunciado por Cifuentes a finales de diciembre. Según los hoteleros, este texto es demasiado "laxo" a la hora de regular el sector, y aboga por una desregulación que favorece a "ciertos intereses empresariales", que evitó detallar.

La Comunidad de Madrid contesta que el Gobierno "siempre está dispuesto a dialogar". Pero rechaza las críticas sobre la laxitud del plan. En opinión del equipo de Cristina Cifuentes, el plan regional representa el primer intento de regulación del sector, que sigue los pasos de otras grandes capitales europeas.

Un borrador analizado en Bruselas

En el pasado mes de noviembre, el gobierno regional de Cristina Cifuentes remitió el borrador de la directiva sobre los pisos turísticos a la Unión Europea. El Parlamento Europeo debe pronunciarse sobre la idoneidad del documento (en relación con las resoluciones y pronunciamientos judiciales europeos) en un plazo de tres meses.

En este sentido, insisten en que los dueños de los pisos deberán respetar varios requisitos para obtener el certificado de idoneidad. Entre ellas, destacan la obligación de remitir información sobre las personas que se alojen en ellos; disponer de extintores, señalización básica de emergencia, y respetar un ratio de personas alojables en función de los metros cuadrados útiles (dos personas por 25 metros cuadrados, otras dos hasta los 40 metros, etcétera).

Además, la Comunidad incide en que con la nueva normativa las plataformas que ofrecen viviendas turísticas pasan a tener consideración de empresa turística, es decir, que estarán sujetas a la legislación. Y que las comunidades de propietarios podrán prohibir la actividad.

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Aun así, el portavoz regional Ángel Garrido añadió este martes tras el consejo de Gobierno que "a día de hoy" no hay ninguna alegación registrada en el portal de transparencia. Pero especificó que el ejecutivo de Cifuentes (PP) contestará con "atención y respeto" e incorporará las alegaciones que considere "buenas".

"Competencia desleal"

Una de las propuestas que los hoteleros presentarán incide en la obligación para los dueños de los pisos de tener una licencia de actividad. "Con una simple inscripción en el registro, el piso turístico se convierte en actividad económica", sostuvo García, quien lamentó la "competencia desleal" que ese tipo de viviendas ejercen con respecto al sector hotelero.

"Falta coherencia y comunicación con los agentes implicados por parte de la Comunidad", denunciaron en la AEHM, que cifra en más de 15.000 los pisos turísticos fuera de la ley en la región. En este sentido, los hoteleros consideran que el plan del Ayuntamiento de Manuela Carmena es más sensible al "problema" (encarecimiento de los alquileres y huida del centro de los residentes). El Consistorio anunció el mes pasado que quiere exigir una licencia específica de actividad para las viviendas que se destinen al uso turístico más de 90 días al año, mientras que el borrador del decreto del Gobierno regional solo obliga a registrar el inmueble. Una propuesta que los hoteleros aplauden, aunque recuerdan la importancia de las inspecciones para que sea respetada.

En este sentido, la Comunidad sostiene que la clave para atajar la ilegalidad es multar a los que violen las normas. Con el nuevo decreto, y de acuerdo con la Ley de Ordenación del Turismo, las sanciones para los infractores podrían alcanzar los 300.000 euros. Cifras en línea con las de otras ciudades europeas, como París, mantienen desde el Gobierno regional.

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