La Generalitat, condenada a pagar 2,3 millones a Cornellà por los recortes en las guarderías

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictaminado que la Generalitat de Cataluña debe pagar un total de 2.358.200 euros al Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Barcelona) por los recortes realizados en las aportaciones para guarderías públicas. La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, que aún se puede recurrir, reconoce "el derecho a percibir 1.300 euros anuales por alumno" correspondientes a los cursos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015, así como los intereses de los 826.800 euros que corresponden al pago tardío en el curso 2011-2012.

El consistorio cornellanense ha sostenido que la resolución judicial "clarifica" el deber que tiene la administración catalana de cofinanciar las guarderías públicas, de acuerdo con el pacto autonómico al respecto que se firmó en 2005.

En 2011, en plena crisis económica, el gobierno que encabezaba Artur Mas, y con Irene Rigau en la consejería de Enseñanza, decidió reducir la aportación comprometida de 1.800 a 1.300 euros anuales por alumno de 0 a 3 años, y en 2015 eliminó formalmente de los presupuestos la partida destinada a sufragar parte de los costes de las guarderías públicas.

Asimismo, la Generalitat dejó de formalizar los convenios necesarios para regular las aportaciones a las guarderías públicas, por lo que en 2014 el pleno de Cornellà acordó requerir al gobierno catalán el pago de la deuda exigible hasta la fecha, de 826.800 euros, a razón de la cofinanciación comprometida para el curso 2011-2012.

Un mes después, la Generalitat accedió al pago, pero no respondió directamente al requerimiento, por lo que en 2015, una vez desaparecida la partida para guarderías de los presupuestos de la Generalitat, el Ayuntamiento de Cornellà decidió llevar a la administración catalana ante los tribunales, una acción que emularon otros municipios catalanes.

El Ayuntamiento que encabeza el socialista Antonio Balmón ha anunciado que no recorrerá la sentencia del TSJC, pese a que inicialmente reclamaban 1.800 euros anuales por alumno. Este era el importe que percibían hasta 2010.

No obstante, sí que abre la puerta a pedir a la Generalitat el importe correspondiente a los cursos a partir de 2015 y en adelante, ya que entiende que la sentencia avala que la administración autonómica tiene la obligación de aportar fondos para la educación de 0 a 3 años, y que también la Ley de Educación de Cataluña (LEC) amparan esta posibilidad.