Las listas de espera quirúrgicas crecen con Puigdemont

La llegada de Carles Puigdemont al Govern y el cambio de consejero —entró Toni Comín, antiguamente del PSC pero vinculado ahora a la órbita de ERC— ofrecía un cariz más progresista en cuanto a las políticas sociales. Comín, más vehemente y político que su antecesor —Boi Ruiz tenía un perfil técnico, carecía de carné del partido y no gustaba del conflicto político abierto—, entró al Govern asegurando que las listas de espera se terminarían con la independencia. “Necesito 1.000 millones para reducir la lista a una espera mínima, nula. La manera más segura de disponer de estos 1.000 millones es la independencia”, aseguró en el Parlament en febrero de 2016.

El escenario que le había dejado su antecesor, no obstante, no era nada halagüeño. Con quirófanos a medio gas, plantas cerradas y una plantilla adelgazándose año tras año, las listas de espera no dejaron de crecer desde que Mas entró al Govern. En 2011 se tocó techó con 193.879 personas esperando solo para intervenciones quirúrgicas. Al menos otras 125.132 personas aguardaban para someterse a una prueba diagnóstica. Faltan en este cómputo los pacientes que esperaban para visitar al especialista, unos datos que nunca trascendieron.

Con ese panorama sobre la mesa —a diciembre de 2015, justo antes de entrar Comín al Govern, había 160.804 personas aguardando por una operación, 145.503 por una prueba médica y 656.924 para visitar al especialista—, el nuevo consejero de Salud tuvo que desplegar un plan de choque para contener las dilatadas listas de espera. Con una inyección de unos 50 millones de euros, Comín quería reducir un 50% el tiempo medio de espera para pruebas diagnósticas y para primeras visitas al especialista y rebajar un 10% la lista de espera quirúrgica en los 18 meses de legislatura que tenía por delante.

Sin embargo, el plan de choque no ha surtido efecto y Comín no ha alcanzado los objetivos que se propuso, aunque sí ha reducido las demoras, sobre todo en consultas externas y pruebas diagnósticas. La lista de espera quirúrgica, no obstante, no ha dejado de crecer.

Según los últimos datos disponibles del Departamento de Salud, a octubre de 2017, hay 119.648 pacientes esperando una media de 69 días para someterse a una prueba diagnóstica. Otras 467.793 personas esperan 121 días de media para una visita en consultas externas y, además, 170.490 pacientes —10.000 más que en diciembre de 2015— esperan para ser operados. Trabajadores y sindicatos alertan también de que los catalanes tienen que aguardar hasta tres semanas, en algunos casos, para visitar a su médico de cabecera (Salud estipuló un término máximo de 48 horas). “Esperaban bajar la lista en verano y liberar camas en invierno pero se han encontrado que no han podido llevarlo a cabo porque no había gente para operar. Con esos contratos precarios que hacen, los profesionales no quiere venir”, apunta Josep Maria Puig, secretario general de Metges de Catalunya, mayoritario en la sanidad catalana.

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Además de las listas de espera, Comín dedicó el inicio de su mandato a lavar la cara de un departamento acuciado por las sospechas de privatización y el temor de más recortes. En esta línea, el nuevo consejero anunció la “gran desprivatización del sistema sanitario” al sacar a un hospital privado con afán de lucro de la red pública. Prometió además grandes planes para reestructurar la atención primaria y las urgencias hospitalarias, saturadas habitualmente. Y anunció, también, la creación de una estructura de Estado, la que le faltaba, según él, para que el departamento de Salud funcionase como un ministerio: la Agencia Catalana del Medicamento y Productos Sanitarios.

Al final, sin embargo, buena parte de los anuncios de Comín se quedaron en el aire, por lo menos, hasta la fecha. La Agencia Catalana del Medicamento no funciona. Los planes prometidos y desplegados sobre el papel en atención primaria o urgencias todavía no se han traducido en la práctica clínica. Tampoco se ha incorporado al sistema todo el personal perdido—aunque sí ha mejorado la precariedad con un plan de estabilización laboral— y, en definitiva, no se han revertido completamente los recortes del gobierno de Artur Mas. De hecho, Comín reconoció que con los presupuestos de 2017 había conseguido revertir solo un tercio de los recortes.

Durante su gobierno, el nuevo consejero también tuvo agrios enfrentamientos con el Ministerio de Sanidad. Por ejemplo, en lo que se refiere al conflicto de la prescripción enfermera: según un Real Decreto aplicado en las navidades de 2015, los enfermeros no podían utilizar o dispensar algunos fármacos que necesitan receta sin permiso expreso de un médico. Comín recurrió el Real Decreto porque dejaba a los enfermeros en un limbo jurídico, según él, y puso en marcha una ordenanza autonómica para sortear la norma estatal. Antes de que entrase en vigor, sin embargo, la nueva ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, corrigió la norma estatal tras un acuerdo entre los representantes de los enfermeros y de los médicos.

En su última comparecencia antes de que el Gobierno central aplicase el artículo 155 de la Constitución y destituyese al Govern, Comín advirtió de que el Ministerio iba a recurrir también otra norma en conflicto, la ley de universalización sanitaria, que daba entrada gratuita a la sanidad pública a todos los ciudadanos y sorteaba así el Real Decreto 16/2012 del Gobierno central que fulminó el acceso universal gratuito al sistema.