Comín supedita a la secesión acabar con las listas de espera

El estreno del nuevo consejero de Salud, Toni Comín, en su primera sesión de control en el Parlament volvió a dar cuenta ayer del cambio de aires que se avecina en la política sanitaria catalana. Lejos queda ya el lenguaje técnico que usaba el extitular del ramo, Boi Ruiz, en sus argumentaciones. Comín, ducho en las lides políticas pero novato en materia de salud, supeditó a la secesión el fin de las listas de espera. El consejero aseguró que la financiación adecuada para fulminar las demoras (unos 1.000 millones de euros) solo se puede lograr “con la independencia”.

El plan de choque pactado entre Junts pel Sí y la CUP contempla reducir un 50% el tiempo de espera para visitas al especialista y pruebas diagnósticas, y otro 10% para intervenciones quirúrgicas. La previsión presupuestaria para llevar a cabo esta medida es de 96 millones. Para la diputada socialista Assumpta Escarp, este presupuesto es “insuficiente”, dado que en los últimos años se han recortado unos 1.400 millones en sanidad. Comín coincidió con la diputada del PSC e invitó al grupo socialista a sumarse “a esta nueva aventura de construcción de un estado independiente”. “Disponer de un estado independiente nos permitiría recuperar los 1.000 millones que necesitamos para acabar con las listas de espera”, sentenció. Comín tildó la secesión como “el instrumento más poderoso para garantizar los derechos sociales”.

En lo que sí coincidieron ambos diputados es la necesidad de "maximizar" la capacidad operativa de los ocho hospitales del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y dotar a los centros sanitarios de más recursos, personal e infraestructuras. Comín apeló al diálogo entre las formaciones políticas y los actores sociales "para alcanzar el consenso perdido".

Defensa del Visc+

El plan del anterior gobierno para vender datos sanitarios anónimos a centros de investigación (VISC+) encendió también ayer la mecha del debate entre los grupos parlamentarios. Después de que EL PAÍS revelase que Salud desoyó al Parlament y cedió datos anónimos a una decena de centros públicos sin someter el proyecto a una jornada participativa, el diputado de Catalunya Sí Que Es Pot, Albano Dante Fachín, exigió al consejero saber qué planes tiene el nuevo equipo de Salud con el controvertido proyecto. 

Comín defendió el VISC+ siempre que la actividad se limite al sistema público y no tenga ánimo de lucro. "No tiene sentido poner trabas a los centros de investigación del país. Estos centros necesitan un modelo de 'big data' para seguir siendo líderes a nivel internacional", argumentó.

El consejero garantizó que no se venderán datos sanitarios de los catalanes a empresas con ánimo de lucro. "No tenemos ninguna intención de que haya intervención privada y así figura en nuestros compromisos políticos", indicó. Comín apuntó también que el anterior gobierno decidió a principios de 2015 reorientar el proyecto y limitarlo a los centros de investigación financiados con recursos públicos. Sin embargo, el nuevo consejero no hizo referencia a que el impulsor del proyecto, Josep Maria Argimon (actual subdirector del Servicio Catalán de la Salud) corrigió 20 días después que "en una primera fase" entrarían sólo empresas públicas pero la idea era retomar el proyecto inicial basado en una colaboración público-privada, con lo que quedaba abierta la entrada a empresas privadas.