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Formación Profesional, una asignatura pendiente de Educación

La Junta aprueba el proyecto de ley para elevar la cualificación y potenciar la empleabilidad

La consejera de Educación, Sonia Gaya, este martes en Sevilla.
La consejera de Educación, Sonia Gaya, este martes en Sevilla.

Ya en 2013 Andalucía soportaba estos datos: Más de 41.000 personas no lograron plaza de Formación Profesional en el grado que habían pedido. Educación se comprometió en 2014 a trabajar en un anteproyecto de ley para mejorar el sistema. Tres años después, tras culminar el proceso definitivo de asignación de 79.121 plazas de Formación Profesional Básica, de Grado Medio, Superior y Específico, la Consejería de Educación ha reordenado sus apuntes y ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno el proyecto de ley de Formación Profesional con el objetivo de "elevar el nivel de cualificación y potenciar la empleabilidad de los jóvenes". Hasta el pasado 2 de noviembre, 31.293 personas no habían sido admitidas en grado Medio y Superior tras finalizar el proceso ordinario de admisión. Una formación, eminentemente la superior, con un alto índice de inserción laboral en una comunidad con 850.000 desempleados.

Ha tardado tres años en reordenar sus apuntes porque, según ha reconocido la consejera del ramo, Sonia Gaya, al anteproyecto le faltaba consenso y con el nuevo texto se ha partido prácticamente de cero para una cuestión que ha valorado de "necesidad imperiosa". "Ha habido cuestiones modificadas sustancialmente, había trámites ralentizados. Ahora será una ley con éxito, es más oportuno esperar a que haya consenso", ha declarado este martes en Sevilla después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado el texto, que todavía debe pasar el trámite parlamentario. "Entre las propuestas se prevé una red de centros de formación profesional tanto reglada como dirigida al empleo; se han simplificado los procesos administrativos; se pide nuevos esfuerzos y compromisos a las empresas para las enseñanzas; se potenciará la formación del profesorado y se regulará el servicio de acreditación", ha mencionado Gaya entre otras cuestiones como fomentar la formación dual, que consiste en combinar la actividad formativa con la laboral.

La memoria económica dispuesta para la norma es de 189 millones de euros, que servirá eminentemente para que hasta 2020 se sumen 25.800 plazas de nuevo ingreso a las 79.121 admitidas y también para aumentar los ciclos de 687 a 715 e incrementar en 1.621 las vacantes de profesorado. Una cuantía que resulta insuficiente para el sindicato CC OO, que considera que adolece de recursos. "Esperamos que la norma cuente con la dotación presupuestaria necesaria para que tanto la Formación Profesional del sistema educativo como para el empleo puedan desarrollarse con eficacia", ha informado el sindicato en una nota en la que "considera un error" que el Instituto de Cualificaciones pase a ser gestionado por la Consejería de Empleo.

"Más de 30.000 personas sin plaza es una cifra tremenda, el sistema recupera después a muy pocas de esas personas, hay un déficit crónico en la Formación Profesional tanto nacional como autonómico", apunta Pedro García, inspector de la Asociación Redes, que considera además que esta ausencia de plazas públicas beneficia a la oferta privada de formación, "y supone un agobio para muchas familias", resalta el inspector, que reclama también más transparencia en el proceso de adjudicación de las plazas y más diálogo político. La nueva ley recoge también un Consejo Rector como órgano consultivo, de planificación estratégica y evaluación de las políticas del sistema de formación y cualificación profesional que estará conformado por representantes de la Junta y de organizaciones empresariales y sindicales.

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