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La cooperativa del Taller de Artillería deberá pagar 41 millones para no ceder suelo

Los propietarios acusan al Ayuntamiento de triplicar la monetización y este replica que la valoración inicial era inferior a la correspondiente

Demolición del Taller de Precisión de Artillería el pasado enero.
Demolición del Taller de Precisión de Artillería el pasado enero. SANTI BURGOS

Los cooperativistas del Taller de Precisión de Artillería, demolido en enero, tendrán que abonar 41 millones de euros como compensación por no ceder el 10% del terreno de la calle de Raimundo Fernández Villaverde a servicios públicos. La valoración inicial, basada hasta en tres informes, estimaba que la cantidad que debían pagar en concepto de monetización ascendía a 13 millones. Los propietarios han denunciado este martes que la cifra se ha triplicado tras el período de alegaciones al proyecto. Un portavoz municipal explica que la anterior valoración era inferior a la correspondiente y que la nueva cantidad se ajusta a la normativa.

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Para cambiar la monetización (dinero en vez de cesión de un 10% del suelo para dotaciones públicas), los propietarios de los terrenos de la calle de Raimundo Fernández Villaverde, 50 denuncian que el Ayuntamiento habría aceptado una alegación “irregular” presentada por el arquitecto Alfredo Carda que no incluye ni registro de entrada ni firma. Un portavoz municipal confirma que esta alegación no reúne los requisitos, pero que existen otros documentos, como el presentado por el PSOE, que han permitido la nueva valoración del suelo, que contradice a tres informes previos que usó el Consistorio para acordar el importe. El plan parcial, aprobado en noviembre de 2015, estipula la superficie de cesión de 10.772 metros cuadrados, que no varía. Lo único que cambia es el valor que se hace del terreno.

El Ayuntamiento explica que el aumento de la monetización es legal y que corresponde a la normativa en vigor. “El nuevo cálculo está avalado por informes jurídicos internos y externos”, señala un portavoz municipal. Los afectados, sin embargo, no descartan acudir a la justicia ordinaria. “Esta situación provoca un nuevo y grave quebranto económico a la cooperativa y a su proyecto de 355 viviendas, que ya acumula un retraso de siete meses. Padecemos una situación de indefensión. Las graves irregularidades están poniendo en riesgo nuestro proyecto y nuestro futuro”, ha declarado Juan Andrés, portavoz de los cooperativistas.

El desencuentro entre ambas partes arranca en noviembre de 2014, cuando el Ministerio de Defensa, propietario del inmueble, vende el solar a la cooperativa Residencial Maravillas por 111 millones de euros. Los cooperativistas prevén demolerlo y construir viviendas en su lugar. Cada uno de los socios aporta más de 100.000 euros. Un año después, en noviembre 2015, el pleno municipal aprueba el plan parcial para permitir la operación urbanística. Lo hace con cierta polémica, ya que el grupo de Ahora Madrid se rompe: seis de sus concejales votan, junto al PSOE, en contra. El proyecto fue denunciado por prevaricación, su derribo fue autorizado y paralizado en varias ocasiones y hasta el hallazgo de un refugio de la Guerra Civil en el sótano estuvo a punto de tumbar el plan.

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