Patrimonio permite demoler el cuartel de Fernández Villaverde

La del viernes, era la segunda reunión que mantenía la Cpphan para valorar la situación del antiguo Taller de Precisión de Artillería. El terreno pertenecía al Ministerio de Defensa y fue adquirido en noviembre de 2014 por la Cooperativa Residencial Maravillas por 111,5 millones de euros. Necesitan derribar el edificio, construido en el siglo XIX, para construir sus viviendas, 355. En el anterior encuentro, en el que se debía informar si se daban las condiciones para derribarlo, el representante del PSOE (los grupos políticos forman parte de la Cpphan con voz pero sin voto) solicitó un informe jurídico antes de que se dictaminara, ya que sobre el proyecto pesan dos recursos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

"En solo una semana ya estaba listo ese informe", recalcan fuentes socialistas. EL PAÍS ha tenido acceso al documento, que argumenta que "no constatando resolución judicial de suspensión", las deliberaciones del consejo podían votarse ya que, de momento, nadie ha pedido una suspensión cautelar del derrumbe, algo que corresponde "al juez" tras "valorar todos los intereses en conflicto". El informe está firmado por Cristina Goncer, subdirectora de Régimen Jurídico en el Consistorio y secretaria del organismo.

"(La Cpphan) ha informado favorablemente a pesar de saber que el edificio tiene valores dignos de proteger. Es bastante decepcionante que el órgano cuya función es la protección del patrimonio de Madrid considere que pueda ser demolido así", afirma María de los Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción. En su opinión, el plan parcial aprobado en noviembre no cumple con el Plan General de Ordenación Urbana de la capital (PGOU) "que remite la protección del edificio al plan parcial". "Este, lo único que hizo fue decir que el edificio no estaba catalogado", por lo que "la comisión parte de un error" ya que, según la ecologista, "sí lo estaba".

En ello insisten fuentes socialistas, para quienes el Taller de Precisión de Artillería es un "Área de Planeamiento Remitido (APR)". Por tanto, en caso de demolición, "el plan parcial debería determinar qué elementos cuentan con protección y cuáles no". En ese caso, las zonas que estuvieran preservadas, no podrían tocarse. "No hicieron catalogación en la tramitación del planteamiento remitido y el plan parcial tampoco plantea nada sobre ello", subrayan las mismas fuentes. "En la ficha ponía que estaba sin catalogar. La información era incompleta, no sabemos si de forma deliberada o no".

Un edificio catalogado

"Creemos que mientras esté judicializado y hasta que el juez no haya hablado no se debería dar la licencia", manifiesta Mercedes González. La concejal del PSOE reitera que "al principio nos dijeron que no estaba catalogado y sí lo estaba". En su opinión, "terminarán demoliendo en agosto, para que no haya lío". Lo mismo piensa la representante de Ecologistas en Acción: "En ese mes hay menos gente y menos oposición. Es bastante lamentable esta situación: que seamos las asociaciones las que defendamos el patrimonio de la ciudad".

La concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible arguye que otorgar licencia "es un acto reglado" en el que no cabe "discrecionalidad". “Si cumple todos los requisitos, y se solicita, se tiene que conceder". En este caso lo haría porque el pleno de noviembre, en el que se aprobó el plan parcial, ya determinó que “no había elementos susceptibles a protección”. El 27 de noviembre, seis de los 20 ediles de Ahora Madrid ya votaron en contra del plan urbanístico que permite demoler el edificio. PP y Ciudadanos lo hicieron a favor y el PSOE, en contra, por lo que el proyecto salió adelante. Días antes, la alcaldesa había retirado la propuesta del orden del día. 

EL PAÍS, sin embargo, no ha podido obtener la opinión de los miembros de la cooperativa. El 4 de junio, en una rueda de prensa, denunciaron la demora del proyecto y acusaron a la alcaldesa de no respetar la ley porque, para aprobar el convenio de gestión (aún sin aprobar), el Ayuntamiento les pedía “requisitos que no se ajustan a la normativa y que no estaban recogidos en el plan parcial aprobado en noviembre”. Entre ellos, destacan los cooperativistas, la cesión del 10% del suelo para uso público (con el anterior plan parcial, en época del PP, se monetizaba) y del jardín interior, un espacio privado de casi 2.000 metros cuadrados.