Los cooperativistas de Fernández Villaverde denuncian que el Ayuntamiento les deja sin su jardín

"Rehenes de la política". Así han asegurado sentirse los socios de Residencial Maravillas, la cooperativa formada por más de 300 familias que pretenden levantar su hogar en la calle de Raimundo Fernández Villaverde, 50. Los miembros de la sociedad ven como su objetivo se demora y este jueves han acusado a la alcaldesa, Manuela Carmena, de no respetar la ley: "Confunde ley con ideología". Sostienen que para aprobar el convenio de gestión el Ayuntamiento les pide ahora requisitos que no se ajustan a la normativa y que no estaban recogidos en el plan parcial aprobado por el pleno el 27 de noviembre. Una de las nuevas condiciones que pone el Consistorio, según los cooperativistas, es la cesión, para uso público, del jardín interior, un espacio privado de casi 2.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento subraya que el caso se puso sobre la mesa desde el principio y que su intención es que el 10% del terreno, que antes pertenecía a Defensa, "siga siendo de uso público".

Otro punto de fricción con el Ayuntamiento, y por el que también han presentado alegaciones, está en que en lugar de una compensación económica por ellos, el Consistorio pretende recibir algunos de los locales comerciales que se levantarán en el exterior del complejo. Los socios han explicado este jueves en una rueda de prensa que en el plan parcial se recoge que el equivalente a la cesión por redes públicas (infraestructuras y equipamientos) se monetizara (se compensara con dinero), en lugar de canjearlo por locales, lo que "no se ajusta a la legalidad". Para hacer ese cambio habría que tramitar un nuevo proyecto urbanístico. Ambas peticiones son independientes al 10% del terreno que toda construcción debe ceder al Ayuntamiento para aprovechamiento lucrativo.

Juan Andrés García, un socio de 37 años, afirma que en la cooperativa está su "proyecto de vida". "No pueden pedir oficialmente cosas que no son legales, por eso nos solicitan que las propongamos nosotros. En su opinión, el Ayuntamiento juega con el factor tiempo, ya que no hay un límite para cerrar el convenio de gestión: "Es un órdago. Si cedéis, avanzamos, si no, esperaremos a que os muráis de inanición". García explica que para aprobar el plan parcial en noviembre, los cooperativistas ya accedieron a retranquear la acera para prolongar la avenida. Además, renunciaron a 460 plazas de garaje, tal y como les solicitó el Consistorio. La reducción supuso pasar de las 1.450 plazas proyectadas inicialmente a las 990 actuales, lo que ha significado "un importante perjuicio económico", ya que los socios pretendían financiar sus viviendas con la venta de los aparcamientos.

Cada mes, los cooperativistas aportan al fondo unos 1.500 euros de media. Además, tienen que pagar el alquiler de las casas que ocupan hasta que se lleve a cabo la demolición del antiguo Taller de Precisión de Artillería, en el distrito de Chamberí y a escasos 500 metros del paseo de la Castellana. El solar, de 14.500 metros cuadrados y con una edificabilidad de 54.225 metros, fue adquirido al Ministerio de Defensa por los 318 socios en 2014. Costó 111,5 millones de euros. La finalización de las viviendas estaba prevista para finales de 2018, una fecha que ya han descartado las familias, que hasta el momento han invertido unos 250.000 euros.

"Pedimos que se nos escuche y que se escuche a los técnicos del Ayuntamiento", ha insistido Juan Andrés García. "Podría darse el caso de llegar a una especie de acuerdo (con el Consistorio) e incurrir en algo ilegal. No queremos hacer algo ilegal, por eso hemos contratado a un bufete de abogados, porque no podemos confiar en ellos (en el Gobierno municipal)". Otro de los socios, Juan Alonso Márquez, de 45 años, ha matizado que "hoy nos ha tocado a nosotros, pero mañana les puede tocar a otros". Para Márquez, "hay instrumentos que dan seguridad jurídica, como el plan urbanístico o la Ley de Suelo. Pedimos que se cumplan esos criterios".

Rita Maestre, portavoz del Gobierno municipal, ha abordado el tema este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno: "Lo que se está tratando con los cooperativistas, a los que este equipo de gobierno aprobó el plan parcial que les va a permitir construir sus viviendas, es que el 10% del terreno público no se monetice y siga siendo de uso público, tal y como está estipulado en el proyecto". Que la plaza no sea de uso privativo se puso sobre la mesa desde el principio, ha asegurado Maestre. "Los intereses privados deben ser compatibles con que la ciudad es de todos. Tiene que haber un derecho a disfrutarla, que esa plaza no se cierre y que los ciudadanos puedan seguir pasando". Los cooperativistas rechazan esa posibilidad. Temen que la cercanía con Azca, una zona copada por oficinas donde los mendigos duermen por la noche, convierta el patio interior de sus residencias en un lugar similar.

"Les hemos recibido en diversas ocasiones y han tenido reuniones directas con el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible y con sus técnicos. Les seguiremos recibiendo”, ha confirmado la portavoz del Gobierno municipal. Los socios, sin embargo, aseguran que ningún político se ha reunido con ellos. Afirman que solo han mantenido encuentros esporádicos con técnicos del Ayuntamiento, a pesar de que han solicitado, "en más de una ocasión", una reunión con el concejal del ramo, Juan Manuel Calvo.