El CJC rechaza la demanda de 25 millones del Valencia contra Riba-roja

El club ha reclamado al Ayuntamiento por la anulación judicial del plan urbanístico donde proyectó su nueva ciudad deportiva

Miembros de la comisión del Parlamento Europeo visitan los terrenos de Porxinos tras las denuncias por presunto abuso urbanístico.
Miembros de la comisión del Parlamento Europeo visitan los terrenos de Porxinos tras las denuncias por presunto abuso urbanístico.JORDI VICENT
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El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha emitido un dictamen en el que rechaza la demanda de 25 millones de euros de la empresa Litoral del Este -mercantil vinculada al Valencia CF- por la anulación del programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos en el que se preveía la construcción de 2.700 viviendas, un campo de golf y una ciudad deportiva sobre un área de 1,2 millones de metros cuadrados del término municipal, según el Ayuntamiento de la localidad.

El dictamen del este órgano consultivo señala que la petición del Valencia "no cumple ninguna de las premisas necesarias para su estimación puesto que ni nos encontramos ante un daño real y efectivo en los términos exigidos por la ley, ni, en consecuencia, la anulación del instrumento de planeamiento ha generado una minoración en un derecho de aprovechamiento que nunca llegó a tener".

Según señala el Consistorio en un comunicado, "los planes del Valencia de llevar a cabo este programa urbanístico fueron fruto de un convenio entre el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, encabezado por el ex alcalde Francisco Tarazona, del PP, y la empresa Litoral del Este en el que las arcas municipales recibieron 20 millones de euros como compensación por la recalificación de los terrenos considerados como no urbanizables de protección agrícola". La Consejería de Territorio dio también su visto bueno.

Sin embargo, primero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de abril de 2013 y una posterior del Supremo de junio de 2015 declararon nulo el plan parcial y la homologación del proyecto urbanístico al considerar que no existían suficientes recursos hídricos como ponía de manifiesto un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), además de que no se respetaron las condiciones que imponía la declaración de impacto ambiental respecto del paraje colindante de les Rodanes y, por último, la adjudicación de la urbanización se realizó "a dedo" y "sin la necesaria oferta pública".

A pesar del "revés judicial", añaden, Litoral del Este volvió a tramitar un nuevo plan que presentó en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en marzo de 2016 quien a su vez trasladó a la Generalitat como administración pública competente para dictaminar sobre este tipo de proyectos urbanísticos.

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La Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat rechazó en abril pasado la tramitación del nuevo plan porque éste triplicaba los límites de crecimientos previstos en Riba-roja de Túria. Además, en septiembre pasado la Consejería de Medio Ambiente ha ampliado el área de protección del plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria en el que el paraje de Porxinos quedará incluido en la denominada interfase 1 como zona forestal y agrícola no urbanizable, por tanto, el PAI es inviable.

Ahora, el Consell Jurídic Consultiu subraya en su razonamiento que "tampoco se ha demostrado que se le haya privado de derecho alguno, generador de la responsabilidad de la administración" y desestima la demanda del Valencia "por no hallarse en los supuestos indemnizatorios previstos" y porque "no concurre el supuesto de causalidad entre la actuación de los órganos de urbanismos y los daños alegados por la mercantil reclamante, sin que tampoco se hayan acreditado".

El dictamen de este organismo se añade al informe jurídico que el propio Ayuntamiento de Riba-roja de Túria encargó y en el que se señalaba que el actual equipo de gobierno ha cumplido "escrupulosamente" el convenio firmado en su momento entre el consistorio y la empresa promotora en el que la administración local se comprometía a tramitar un nuevo plan urbanístico, tal y como realizó en abril de 2016.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha afirmado que el dictamen del Consell Jurídic Consultiu "avala plenamente la actuación que hemos llevado en esta legislatura por preservar los intereses de nuestros vecinos ante el riesgo y los problemas ambientales y económicos que se podrían derivar de un PAI".

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