"Somos ricos de antes" de Porxinos, dice la esposa del alcalde de Riba-roja
Declaran ante el juez una hija, un primo y un sobrino del edil por el 'pelotazo' del Valencia
El caso Porxinos siguió ayer su curso con las declaraciones en el juzgado de Llíria de una hija, un sobrino y un primo del alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona. Al primer edil y a dos de sus sobrinos, también concejales, se les imputan supuestos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias en la operación Porxinos, calificada en su día de "pelotazo urbanístico" por el presidente del Valencia CF, Juan Soler. La mujer del alcalde, Asunción Moreno, que acompañó a los declarantes, negó las acusaciones: "Nosotros, gracias a Dios, somos ricos de antes, no de ahora".
La querella presentada por los socialistas de Riba-roja el pasado agosto denunció una trama de intereses urbanísticos y uso de información privilegiada en torno al alcalde y su familia con el objetivo de obtener un "lucro personal". Parte de las irregularidades provendrían de la aprobación, en 2005, del PAI de Porxinos, una zona rústica donde el Valencia CF prevé levantar su nueva ciudad deportiva y miles de viviendas. Varios familiares de Francisco Tarazona, según la querella que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Llíria, se beneficiarán de la revalorización de terrenos que poseen en otros PAI cercanos.
Los testigos que declararon ayer rechazaron tener conocimiento de ningún delito, al igual que el alcalde y sus dos sobrinos. A estos tres se les imputa, entre otros, una supuesta prevaricación por haber votado el PAI. La madre del alcalde tenía parcelas en Porxinos, y aunque se desgajaron a última hora del proyecto, la querella dice que el interés personal no desapareció, ya que existían opciones de compra de Soler sobre unos terrenos que, además, se revalorizan. Los querellados han entregado un documento de caducidad de una de las opciones. La secretaria municipal y el interventor afirmaron ayer ante el juez que desconocían la existencia de esas opciones de compra cuando firmaron un informe sobre la posible incompatibilidad para votar de los imputados. En ese documento, se declararon incompetentes para dictaminar, aunque añadieron que si se sacaban los terrenos del PAI podía desaparecer el motivo de abstención.
Los imputados han puesto énfasis en negar que tengan relaciones familiares estrechas. Los testigos también. El más convincente ayer fue Ricardo Zaragozá, primo del alcalde, médico militar y actual director clínico del Hospital General de Valencia, que se limitó a saludar al resto. Más familiar se mostró Vicente Pinazo Peñarrubia, sobrino del primer edil. Ambos rechazaron haberse beneficiado de la posición del alcalde. Amelia Tarazona, hija del primer edil, también negó las imputaciones contra su padre. A Tarazona y a su esposa, que ayer hizo alarde de su patrimonio, se les conocía en Riba-roja por ser los propietarios de una carnicería, así como de numerosos terrenos.
Ventas sin informe
La querella socialista contra Tarazona y sus dos sobrinos y concejales sostiene que su gestión urbanística ha despojado de patrimonio a Riba-roja por la vía de vender a los agentes urbanizadores el 10% de aprovechamiento que recibe la población en los PAI e incorporar la ganancia a gastos corrientes, en vez de invertir en patrimonio municipal de suelo para vivienda protegida. La denuncia destaca que el alcalde se ha desprendido del aprovechamiento a precios por debajo de lo que podría haber alcanzado y no ha publicitado esas ventas para una mayor concurrencia de ofertas, como exige la ley. Por ello, los socialistas imputan a los denunciados de malversación y fraude. Las ofertas de los urbanizadores, en al menos un caso, se han aprobado sin informes de la secretaria y del arquitecto municipal, como admitió ayer la primera ante el juez, según fuentes judiciales. Las propuestas de los urbanizadores del PAI de Mas de Baló -aprobado antes del de Porxinos y en el que actuaron un hermano de Juan Soler y un directivo del Valencia CF- se llevaron al pleno, pero no fueron informados por la secretaria y el arquitecto. El alcalde, ante las quejas de la oposición, pidió un estudio posterior.
