Filósofos proponen una comisión formada por partidos y expertos en derecho, ética y resolución de conflictos

Una treintena de filósofos de las universidades catalanas han publicado una declaración sobre la crisis en Cataluña que propone a los gobiernos catalán y español la creación de una comisión formada por todos los partidos políticos con representación en las cámaras parlamentarias española y catalana, también los que están en la oposición, y por expertos en derecho nacional e internacional, ética, filosofía política y especialistas en resolución de conflictos. Cuando las posiciones de los dos gobiernos parecen lejos de cualquier posibilidad de acuerdo, el objetivo de la comisión tendría que ser "construir un consenso sobre las normas procesales y sustantivas que deberían ayudar a reducir y resolver el conflicto".

Entre los firmantes, hay profesores de la Universitat de Barcelona, como Norbert Bilbeny; de la Universitat Autònoma de Barcelona, como Victoria Camps; de la Universitat Pompeu Fabra, como Josep Joan Moreso; de la Universitat de Girona, como Josep Lluís Prades, o de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), como Maria Ramon Cubells. La declaración, abierta a la adhesión de los ciudadanos, está en Change.org y ya ha recogido un millar de firmas.

El texto empieza con un rechazo claro de la violencia policial contra ciudadanos no violentos que se vivió el 1 de octubre. "En democracia, tal violencia no está justificada, exista o no sentencia del Tribunal Constitucional de España sobre la ilegalidad del referéndum. La violencia no era necesaria para evitar el referéndum", afirman. Citando a Bertrand Russell, añaden que estos “juegos del gallina” pueden acabar muy mal. "Si el conflicto continúa, todas las partes pueden sufrir pérdidas muy graves y lamentables. Es esencial impedir la escalada del conflicto", alertan.

En la comisión que proponen, los firmantes apuestan por considerar “no solo la legislación española, sino también partes del derecho internacional, como el Acuerdo de Helsinki (artículo 1.III), el tratado UE Maastricht (artículo 4.2), el Código de Buenas Prácticas del Consejo de Europa sobre referendos, así como la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Civil de las Naciones Unidas y la Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas".

Defienden que “un referéndum negociado sobre la independencia catalana podría ser una salida, aunque no la única. Los referendos tienen que ser cuidadosamente preparados, requieren un debate público justo, bien informado e imparcial, guiado por los ideales de la democracia deliberativa". En este debate, también tendría que haber “opciones alternativas”, como por ejemplo más autonomía para Cataluña o una reforma federal de España.

Partiendo del supuesto de que es "improbable —aunque no imposible— que todos los miembros de la Comisión lleguen a un acuerdo sobre procedimientos y otras normas para la reducción y resolución de conflictos, la mayoría requerida para la aceptación de las normas de trabajo debería superar ampliamente el 50%". "En las decisiones trascendentales de las democracias, con un efecto a largo plazo sobre las generaciones futuras, los acuerdos requieren mayorías claras y significativas, tal y como sucede al aceptar o revisar constituciones en muchos países", apuntan.

Los firmantes se toman “seriamente” la declaración de los partidarios de la independencia catalana según la cual se consideran proeuropeos, “a diferencia otros movimientos nacionalistas”, remarcan. Por eso, consideran que se tiene que abordar de forma que “reconozca que Cataluña no es el único lugar con una movimiento independentista en Europa y que la exigencia de más autodeterminación tiene que ser equilibrada con otras tareas y desafíos importantes que afronta la Unión Europea”. “Creemos que una actitud proeuropea tiene que tener en cuenta la consideración de los intereses relevantes en toda la Unión Europea”, concluye. Los impulsores invitan a todos los ciudadanos de Cataluña, España y Europa a sumarse a la declaración.