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Las conferencias de prensa del Govern sobre el referéndum serán de pago

Mediapro, la empresa que gestiona el centro internacional de prensa de la votación, cobra 10 euros por periodista al día

referendum cataluña
La sede de Mediapro, en Barcelona

Las conferencias de prensa en las que el Gobierno de la Generalitat dará los detalles del referéndum independentista serán de pago. Cada periodista tendrá que abonar 10 euros al día para acceder al International Press and Broadcasting Center (IPBC), el centro puesto en marcha por la empresa Mediapro para atender especialmente a los medios internacionales que seguirán la votación. Allí comparecerá este viernes el vicepresidente Oriol Junqueras para explicar el dispositivo del 1 de octubre, una información de interés público y sobre la que hay un hermetismo total por parte del Govern.

Se trata de un modelo de cobro para tener información de una fuente oficial y de primera mano inédito en Cataluña. La tarifa incluye WiFi, catering y servicios de traducción simultánea. El pasado miércoles, el grupo que preside Jaume Roures anunció que pondría en marcha el centro de prensa, una decisión que la empresa negó que respondiera a un encargo de la Generalitat pero que subsanaba un problema logístico del Govern ante la suspensión de la votación por parte del Tribunal Constitucional.

Mediapro, que defiende que ve en el centro "una oportunidad de negocio", ha preparado el espacio en sus instalaciones en la Avenida Diagonal de Barcelona para atender a los medios. La Generalitat, en su convocatoria de prensa, no anunció que la conferencia sería de pago. La de Junqueras no será el único acto del Govern que se celebre este viernes en el IPBC. El consejero de Justicia, Carles Mundó, también ofrecerá a las cuatro de la tarde otra rueda de prensa para informar "sobre legalidad de las acciones contra el referéndum".

De las agendas de prensa de los partidos a favor del sí en el referéndum se da a entender que los datos del escrutinio se darán a conocer desde este mismo lugar. El dispositivo de información electoral de la consulta del 9-N fue uno de las acciones argumentadas en la querella de la Fiscalía para acusar a la exconsejera de Gobernación Joana Ortega de malversación y prevaricación. 

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