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El secesionismo en bloque registra en el Parlament la ley del referéndum

La ley queda pendiente de una reunión de la Mesa del Parlament para que empiece su trámite parlamentario

Junts pel Sí y la CUP registran la proposición de ley de referéndum en el Parlament. JOAN SÁNCHEZ

Junts pel Sí y la CUP registraron ayer en el Parlament la proposición de ley del referéndum con la que pretenden amparar la consulta del 1 de octubre. Los diputados Lluís Maria Corominas y Marta Rovira, de Junts pel Sí, y Benet Salellas y Gabriela Serra, de la CUP, formalizaron el trámite por la vía de urgencia. La iniciativa es la respuesta a la decisión del Gobierno de pedir al Tribunal Constitucional la suspensión, decretada ayer, de la reforma del reglamento de la Cámara con la que quieren acelerar las denominadas leyes de desconexión.

La proposición de ley la han suscrito 67 diputados, todos los del bloque independentista salvo, por razones de procedimiento, los cuatro de Junts pel Sí que son miembros de la Mesa de la Cámara —Carme Forcadell, Lluis Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet— y el diputado no adscrito Germà Gordó. El presidente Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras y otros cinco consejeros del Gobierno catalán (Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Toni Comin y Dolors Bassa) firmaron el documento. El texto, impulsado por la vía de urgencia extraordinaria, ha quedado registrado y permanecerá en suspenso hasta, como mínimo, el día 16 de este mes cuando, previsiblemente, la Mesa de la Cámara, que regresa de sus vacaciones parlamentarias, lo admita a trámite.

La iniciativa consta de 34 artículos y una disposición final. El primer apartado de este punto establece que, cuando la ley de referéndum sea aprobada —el programa es que obtenga luz verde en el pleno del día 6 de septiembre— el resto de normas seguirán siendo vigentes en Cataluña siempre que no la “contravengan”. La oposición contraria al independentismo critica el plan al estimar que está fuera de la legalidad, burla el principio de jerarquía normativa y el bloque de constitucionalidad y carece de legitimidad.

Es un recurso por razón de origen, preventivo y no tiene base jurídica", dice Corominas, presidente de Junts pel Sí

Los ponentes no invirtieron ni un minuto en detallar el contenido de la ley, que habían presentado ya hace semanas en una sesión informal en el Parlament y en un acto en el Teatro Nacional de Cataluña investigado ahora por el juez. Su objetivo fue replicar con dureza la impugnación del Gobierno a la reforma del Reglamento y la posterior suspensión del Constitucional.

Nos quieren atemorizar pero no cederemos y no daremos ni un paso atrás", afirma Benet Saellas, de la CUP

En una comparecencia de los diputados de Junts pel Sí y la CUP, Corominas sostuvo que su respuesta a esa medida era el registro de la ley del referéndum. Tras aclarar que no está definido el mecanismo que utilizarán para impulsarla, el presidente de Junts pel Sí rechazó que se pueda criticar que la lectura única se pueda presentar sin unanimidad o que no haya lugar a enmiendas cuando se tramite. Ese procedimiento, dijo, está contemplado en el Reglamento del Congreso y en el de varios Parlamentos autónomos. “Es un recurso por razón de origen, preventivo y sin base jurídica”, concluyó.

Una campaña institucional

À. PIÑOL

El artículo 10 del texto de la ley del referéndum registrado ayer contempla que el Govern impulsará una campaña institucional para informar sobre las modalidades de voto e incentivar la participación en la consulta. La convocatoria del referéndum se firmará después de que se apruebe la ley. El texto recoge que las Administraciones públicas catalanas deberán ser neutrales y no deberán recurrir a fondos públicos para favorecer ninguna de las opciones. La pregunta es: “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”.

Los ponentes quieren aplicar al 1 de octubre la misma normalidad de cualquier proceso electoral y por ello estarán llamados a votar solo los mayores de 18 años y con DNI. En el 9-N votaron los mayores de 16 años y ciudadanos extranjeros.

La norma no fija un mínimo de participación —los secesionistas recuerdan que tampoco se exigió en Escocia y que la Comisión de Venecia rechaza esa medida para no alentar el boicot— y apunta que bastará un voto más, en favor del o del no para fijar un veredicto vinculante. Si el voto es favorable a la independencia, en 48 horas habría en el Parlament una declaración formal de secesión. Si gana el no, convocatoria electoral en 48 horas.

En consonancia con ese discurso, Salellas dijo que no debería pasar desapercibido que por primera vez desde 1978 el Alto Tribunal suspende un reglamento. El diputado de la CUP subrayó la determinación irrevocable de los independentistas de seguir con su hoja de ruta pese a las “amenazas” que atribuyó a la Guardia Civil, a Mariano Rajoy y a Juan Ignacio Zoido, el ministro del Interior. “Nos quieren atemorizar. Pero seguimos con los acuerdos: no cederemos y no daremos un paso atrás”, dijo. Los anticapitalistas consideran que los interrogatorios que realiza la Guardia Civil certifican que se está “consolidando el Estado de excepción”, aseguró Salellas.

El recorrido que le aguarda a la proposición del referéndum es por ahora una incógnita. Se da por hecho que la Mesa de la Cámara la tramitará el día 16 y queda la duda de si el Constitucional puede suspenderla antes de que sea elevada al Pleno. La CUP expresó su confianza en que otros grupos se sumen al debate del texto. Fue una alusión directa a Catalunya Sí que es Pot, formado por fuerzas con sensibilidades diferentes respecto al 1 de octubre como Iniciativa —que lo rechaza de plano— , Podem —que llama a votar— y Esquerra Unida i Alternativa, proclive a participar. “Queda mucha partida por jugar. No es una ley de partidos. Es una ley de país”, dijo el diputado de la CUP.

Albano Dante Fachin, líder de Podem, remarcó que la ley pone sobre la mesa el “nudo” que vive la política catalana y pronosticó que su grupo vivirá un debate profundo. “Espero que prevalezca el contenido político sobre el estrictamente jurídico”, señaló confiando en que se alcance un consenso. La socialista Alicia Romero pidió a la Mesa que no admita a trámite la proposición por quedar fuera del actual ordenamiento jurídico.

 

 

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