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Aragón pedirá auxilio a la juez para llevarse de Lleida los bienes de Sijena

Si la Generalitat no informa hoy del plan de devolución de las 44 piezas del monasterio pendientes, el Gobierno de la Comunidad solicitará a la jueza que la policía se incaute de ellas

Un visitante observa una de las piezas del tesoro de Sijena.
Un visitante observa una de las piezas del tesoro de Sijena.

La partida de póker jurídica en que se ha convertido el caso Sijena sigue la ley de acción-reacción. Dado que ayer, en su fecha límite para ello, la Generalitat de Cataluña no entregó a las autoridades aragonesas el plan de devolución y traslado de las 44 piezas del monasterio pendientes de retornar, el Gobierno de Aragón pedirá hoy a la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Huesca, que ordenó la devolución de los bienes del monasterio oscense, que autorice el próximo lunes, día tope fijado para la entrega, la entrada en el Museo de Lleida de técnicos de Aragón, junto con miembros de la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional (o de su homóloga de la Guardia Civil), para incautarse judicialmente de esos bienes.

La única respuesta que dio ayer el Gobierno catalán fue también de tipo legal a partir de un detalle como es la entrada de un nuevo jugador en la partida jurídica: el Consorcio del Museo de Lleida, donde están las obras en litigio. Así, la Generalitat recuerda a la juez que la Audiencia Provincial de Huesca admitió hace apenas 13 días, el pasado 13 de julio, que el Museo de Lleida pueda personarse en la causa “al resultar ser poseedor de parte de los bienes litigiosos”, lo que hasta ahora había denegado el juzgado de primera instancia. A partir de ahí, la alegación del gabinete jurídico del Gobierno catalán presentada ayer argumenta ahora que la Generalitat “no dispone de la posesión inmediata de las piezas objeto de la presente ejecución”, al estar “en poder de terceras personas, que son poseedoras de buena fe de los bienes litigiosos”. O sea, imposible que pueda devolverlas el próximo lunes.

La presencia jurídica del Museo de Lleida permitiría aportar nueva documentación y pruebas al caso “que ya estamos estudiando”, aseguraron ayer fuentes del departamento de Cultura de la Generalitat a este diario, aunque no quisieron avanzar en qué línea. Sí reconocieron que, al menos, este giro “puede ayudar a cambiar los tempos judiciales”. El Gobierno aragonés ya ha recurrido la decisión de la Audiencia de Huesca.

Las mismas fuentes de la Generalitat admiten, sin embargo, que la juez podría no responder a esta alegación, por lo que seguiría vigente la resolución por la cual el Gobierno catalán debería depositar las obras en Sijena el día 31.

Entre el equipo jurídico del Gobierno catalán, sin embargo, hay cierta tranquilidad ante la que se perfila será firme postura de la Generalitat de no librar los objetos artísticos esa jornada, como se apunta desde el entorno del flamante consejero de Cultura, Lluís Puig, que sustituyó a Santi Vila hace apenas tres semanas. Agosto es un mes inhábil judicialmente, de ahí, según esas fuentes, que la juez eligiera esa fecha: la magistrada preferiría evitar la imagen de las fuerzas de seguridad entrando en el Museo de Lleida y requisando las obras. El calendario judicial tampoco le ayuda mucho: la Audiencia aún no se ha pronunciado por lo que respecta al núcleo duro de las alegaciones, en un retraso que supera ya los dos años.

Entrar en el museo

Justamente, esa situación de limbo jurídico es la que quiere evitar a toda costa el Gobierno aragonés, ya que el año pasado se fijó el 25 de julio como día límite para la entrega de las obras. Entonces la Generalitat retornó 51 bienes (dos parecen haberse extraviado), considerados de menor valor patrimonial y que contaban con una protección jurídica menor, que estaban en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. “Estamos como en una especie de déjà vu: la Generalitat nos tiene acostumbrados a incumplir las sentencias reiteradamente”, se quejó ayer la consejera de Educación, Cultura y Deporte de Aragón, Mayte Pérez.

En el fondo, la petición de que la juez ordene la entrada en el Museo de Lleida con la intervención policial para resolver el caso ha sido un recurso muy utilizado tanto por el Gobierno aragonés como por el propio Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, que habrían solicitado este recurso al menos en una veintena de ocasiones. La partida prosigue.