Puigdemont reniega del control al FLA y exige el dinero de la “guerra sucia”

Un día después de que el Gobierno central amenazara con bloquear las transferencias a la Generalitat si descubre que se dedica dinero a la organización del referéndum independentista, el presidente Carles Puigdemont ha salido a reivindicar las inversiones prometidas a Cataluña que nunca han llegado o que, según sus palabras, se han destinado a financiar la “guerra sucia” contra el secesionismo.

"Los intereses que hemos pagado para que nos presten nuestro propio dinero, que recaudan generosamente, ¿nos los puede devolver, ministro?", dice uno de los seis tuits en los que Puigdemont ha respondido al portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo. Durante de la rueda de prensa semanal posterior al Consejo de Ministros, el portavoz aseguró que "ni un euro público de los catalanes sufragará la consulta ilegal. Es una medida preventiva".

El Estado, explicó ayer Méndez de Vigo, vigilará las cuentas catalanas y en caso de encontrar algún desvío para financiar el referéndum suspenderá las entregas de dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la línea de crédito pública puesta en marcha en plena crisis económica y que le ha permitido a la Generalitat pagar a las farmacias ante la mala situación de sus arcas. Desde 2012, Cataluña ha recibido 63.000 millones de este fondo y este ejercicio se preveía la llegada de 3.600 millones adicionales.

Puigdemont, citando las palabras del portavoz, ha pedido que se devuelva a Cataluña el dinero público destinado, según él, a los ataques al independentismo. "Los euros públicos de los catalanes que han servido para sufragar la guerra sucia y han pagado informes falsos, ¿nos los puede devolver, ministro?".

El presidente catalán usa además la misma fórmula para pedir “los euros públicos de los catalanes que no se han invertido en Cataluña a pesar de estar presupuestados”; el regreso de los fondos que se dedicaron “para indemnizar” el fallido proyecto de almacenamiento de gas Castor; el “rescate” de las autopistas radiales de Madrid y los fondos destinados a "rescatar la banca (60.000 millones)" .

También se ha pronunciado sobre la decisión del Gobierno el consejero catalán de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull. “Vuelven a poner en valor lo que ocurría en la época de Franco, de pedir un certificado de buena conducta cada semana", ha asegurado el consejero en una entrevista en Europa Press.

"Es una expresión de sectarismo que no podemos entender de ninguna de las maneras y más cuando el FLA forma parte del sistema de financiación autonómica, un mal sistema pero que el Estado español tiene la obligación de gestionar y de hacerlo sin amenazas", ha expresado Rull.