Corrupción y descrédito institucional

Hay fuerzas políticas conservadoras que cuando pierden peso no dudan en emplear todas las herramientas posibles para sobrevivir aun a costa de desacreditar a las instituciones que aseguran defender. En Madrid se están impartiendo lecciones magistrales del género. Fiscales y ministros son incapaces de dar explicaciones convincentes sobre actuaciones con las que, presuntamente, pretendían proteger a corruptos en el caso Lezo. El Congreso de los Diputados los reprueba, pero nada obliga al Gobierno a destituirlos. La reprobación es un brindis al sol que consagra el derecho a pataleta de la oposición y conduce a los ciudadanos a la melancolía. Los reprobados salen de la Cámara con la cabeza alta, anunciando que no dimitirán, y los ciudadanos con la cabeza baja y la fe perdida en una democracia que languidece. El ministro de Justicia, Rafael Catalá; el fiscal general, José Manuel Maza; y el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, a pesar de los rapapolvos sufridos, siguen desafiantes en sus puestos, aun habiendo ofrecido lamentables explicaciones en sede parlamentaria.

En este contexto, la Guardia Civil, nacida para combatir a bandoleros y salteadores, se ha revelado tremendamente incómoda y subversiva. El Instituto Armado se antoja de lo más sólido en esta lamentable sociedad líquida, aunque ahora son las gentes presuntamente de orden las que la ponen en tela de juicio. Los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) a las sedes del PP no son paseíllos que gocen del favor del tendido de autoridades.

Cataluña, tierra nada taurina, también está contaminada por virus tan hispánico. La derecha nacional, la nostra, se comporta como cualquier asiduo al taurino palco de notables, mientras afirma que prepara el alumbramiento de la república ideal. Y como el roce hace el cariño, ya son varios los asuntos relacionados con la corrupción en los que el PP y la exCDC, solidariamente, han decidido no pisarse la manguera. Primero fue el relevo de los incómodos dos fiscales del caso 3%, que investiga la financiación ilegal de Convergència en base a adjudicación de obra pública. Moix, el fiscal anticorrupción favorito del investigado expresidente de Madrid Ignacio González, tomó la medida ahora en stand by de que José Grinda y Fernando Bermejo dejaran el caso tan engorroso para CDC y el exconsejero y exgerente convergente Germà Gordó.

Pero sin duda el momento estelar ha llegado hace unos días con el caso Palau, cuando el odiado PP ha venido a socorrer a la antigua Convergència. Hace apenas una semana, la ausencia de los representantes del Gobierno central en la reunión del consorcio del Palau de la Música permitió por tres votos contra dos que el organismo no acusara a la vieja CDC y que el PDeCAT se saliera con la suya. Es decir, los Gobiernos catalán y español daban por bien empleado que no se acusara al partido que presuntamente contribuyó al expolio del Palau y que tiene embargadas 15 sedes por orden del juez. Pero el clímax en ese juego que hace la boca agua a los trileros todavía no había llegado. Mientras el pleno del Parlament instaba por medio de dos propuestas de resolución a que la Generalitat mantuviera la acusación contra Convergència, el abogado del consorcio —siguiendo el mandato de la última reunión del organismo— hacía lo contrario, contra el criterio del Ayuntamiento de Barcelona que había pedido una revisión del procedimiento.

Un nuevo episodio pues de descrédito y de cinismo político que contó con todos los ingredientes escenográficos. Primero el supuesto enfrentamiento entre PDeCAT y Esquerra Republicana, que votaron en sentido opuesto, a pesar de haber actuado en el Consell Executiu como Jesús y María; segundo un PP que votó las propuestas de resolución acusatorias para CDC a pesar de que minutos antes sus jefes de Madrid explicaban que habían decidido no acudir a la reunión del Consorcio para no entrar “en el juego” político entre Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona, según aclaró el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, en el Congreso de los Diputados.

Para los amantes del final feliz, es mejor creer que todo es atribuible a los rescoldos del viejo romance entre PP y CDC. Sería lamentable que todo hubiera sido fruto espurio de ese acuerdo furtivo por el que el PDeCAT ha permitido a los populares sacar adelante la reforma de la estiba en los puertos españoles.