Efial se “infiltró” en 20 municipios para lograr contratos millonarios

Efial, una consultora de Barcelona, logró “infiltrarse” en una veintena de municipios españoles y crear “ayuntamientos paralelos”. La compañía ayudó a crear entes públicos para gestionarlos después, lo que le permitió eludir los “controles administrativos”. Efial logró de esta forma contratos millonarios con la connivencia de alcaldes, funcionarios e interventores; algunos de ellos recibieron dinero y favores como compensación, según revela el sumario de la Operación Térmyca, al que ha accedido EL PAÍS. La mayoría de consistorios “contaminados” (once) son catalanes y estaban en manos de CiU.

La Operación Térmyca es una pieza separada del caso 3%, que investiga el presunto pago de comisiones ilegales de constructoras a Convergència. Nació en Torredembarra (Tarragona), donde se descubrió que el alcalde Daniel Masagué, de CiU, adjudicó a Efial contratos a dedo (los de importe inferior a 18.000 euros) por asesoramientos “muy variados”, “sin contrato” e incluso vinculados a una fundación privada presidida por el edil.

El verdadero negocio para la consultora llegó con la creación Torregestió, una Entidad Pública Empresarial Local (EPEL) de urbanismo. Los directivos de Efial pasaron a copar la EPEL y se “implicaron en la gestión cotidiana del Ayuntamiento”; por ejemplo, proveyendo técnicos municipales. Todo con la aquiescencia del alcalde, que llegó a recibir pagos de los empleados que se incorporaban al consistorio. Efial ha cobrado de Torredembarra 350.000 euros.

El esquema se repite en otros municipios y por eso el juez habla de “infiltración” de Efial. El único objetivo era “eludir los mecanismos de control” municipales (interventores y secretarios). L’Ametlla de Mar, también en Tarragona, es otro ejemplo. El exalcalde convergente, Andreu Martí, creó la empresa pública Cala Gestió. Ésta “pasó a ejercer la mayoría de funciones” del consistorio y podía contratar “por valor de seis millones de euros”, según la denuncia del secretario. ¿Y quién auditaba sus cuentas? Una empresa vinculada al fundador de Efial, Antoni Martos.

El juez, que en julio del año pasado ordenó una docena de detenciones, concluye que el exalcalde de L’Ametlla recibió dinero por permitir que Efial se enriqueciera a costa del Ayuntamiento. Entre 2009 y 2011, la consultora le pagó unos 26.000 euros por supuestas “ventas”. Al exedil le constan, además, activos en cuentas de la Banca Privada de Andorra —la misma que guardó la fortuna de la familia Pujol— por 2,3 millones. También recibió pagos, presuntamente, de un constructor implicado en el caso 3%, Josep Manuel Bassols, por la adjudicación de los accesos a la comisaría de los Mossos d’Esquadra.

Los pinchazos telefónicos constaron que Efial pasó a integrarse en Consultoría de Gestión Innovadora (CGI), que exportó el modelo al resto de España. En la operación de julio de 2016, los agentes pidieron información a un total de 23 municipios de diez provincias. La mayoría son de la Comunidad de Madrid. Allí, CGI logró tener a sueldo a una interventora con influencia en varios municipios. Como el de Torrejón de Ardoz. En julio de 2015, la interventora, Lucía Mora, habla con el representante de CGI: “Necesito que os presentéis al concurso. Quiero arrastrar a estos hijos de puta. Ya me diráis porque los datos os los voy a dar yo, he hecho el pliego”.

Las conversaciones telefónicas también muestran los intentos del responsable de CGI en Madird por colocar en ayuntamienos a personas de su confianza. En enero de 2016, comunica a Lucía Mora que quiere situar como “tesorero acumulado” al interventor de Aranjuez. El modelo, según los investigadores, puede haberse reproducido en un total de 23 municipios. La Guardia Civil tiene que analizar ahora la documentación hallada en los consistorios y, también, en las sedes de las empresas involucradas y en los domicilios de los directivos.

La trama desvió parte de los beneficios  a Andorra, según la investigación

El juez concluye, en base a los informes, policiales, que la creación de las EPE parece “únicamente encaminada a favorecer la relajación del control administrativo”. Y, también, a “beneficiar a Efial” y a “los profesionales que ejecutan los encargos”. Las llamadas muestran que directivos y empleados públicos hablan sobre concursos públicos cuando “ni siquiera se han publicado”.

Los agentes registraron los casos sobre los que poseen más indicios: Ascó, Vandellòs, Tortosa y L'Ametlla de Mar (Tarragona), Miraflores de la Sierra, Chinchón y Torrejón de Ardoz (Madrid) y Trillo (Guadalajara). Las irregularidades son abundantes y han sido denunciadas por concejales de la oposición, interventores e incluso inspectores de Hacienda. Como en el caso de Vandellòs, que creó IDETSA, una sociedad participada al 100% por el consistorio y dedicada a temas de urbanismo. El inspector, sin embargo, que no tenía estructura y que se limitaba a recibir facturas de contratistas y refacturarlas al consistorio.

Capital suizo para Tortosa

Efial prestó para IDETSA “servicios de asistencia económico-financiera y tributaria” a Idetsa por valor de 255.000 euros entre 2009 y 2012, señala el sumario. No hay rastro documental de esos trabajos, por lo que la sociedad solo pretende “variar el régimen jurídico de las adjudicaciones de obra”, señala el juez en el auto en el que ordena los registros y las detenciones.

El Ayuntamiento de Tortosa influyó, presuntamente, para “beneficiar” a la emprsa Acsa-Sorigué. De nuevo, el consistorio creó una EPEL, que bautizó GUMTSA. Los investigadores han constatado una “elevada facturación” de Efial a esa empresa pública. En las conversaciones telefónicas, directivos de Efial y de Acsa hablan sobre la manera de obtener financiación para la construcción de una piscina que pretendía licitar el consistorio. En abril de 2015, en el restaurante Samoa de Barcelona, los directivos se reunieron con el alcalde de Tortosa, Ferran Bel.

En el sumario también se cita Girona. Durante el mandato del actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como alcalde, el consistorio contrató a dedo a Efial. La consultora cobró 113.000 euros entre 2012 y 2015.

El sumario alude también a un supuesto delito de blanqueo de capitales por parte de directivos de Efial, que habrían desviado parte del dinero a Andorra.