La igualdad ante la ley

La igualdad total jamás ha sido alcanzada a pesar de los esfuerzos realizados para acercarse a ella. En Occidente, la igualdad formal ante la ley y los tribunales está garantizada. Solo quedan algunos vestigios, como los aforamientos, que en España deberían ser drásticamente reducidos en beneficio de todos, incluidos los aforados. Pero la igualdad real es otro cantar. En realidad, muchos factores conducen a la desigualdad, no solo los derivaos de la naturaleza humana, sino también los sociales. No se trata de predicar la resignación. Al contrario, hay que asumir que hay desigualdad y combatirla con responsabilidad, teniendo en cuenta que el ánimo de lucro es inherente a la condición humana.

En democracia, el sistema más idóneo para limitar la desigualdad es un régimen fiscal progresivo y de riguroso cumplimiento. Los que vulneran sus obligaciones tributarias, según el Código Penal, son unos parásitos sociales, además de unos despreciables ciudadanos. La pregunta, ante recientes acontecimientos, es ¿puede existir la igualdad ante la ley y los tribunales si, como hemos señalado, vivimos en una sociedad esencialmente desigual? Difícil, muy difícil.

Los tribunales reciben en sus estrados la desigualdad real que hay en la sociedad y por regla general no la agravan pero tampoco la remedian por una simple razón: no está en sus manos hacerlo. Así se deduce al menos de la interpretación que hacen de su cometido. La percepción de la ciudadanía es, sin embargo, que los poderosos reciben un trato privilegiado y no faltan datos que confirman esa impresión.

En primer lugar, la duración de los juicios por la complejidad de los delitos imputados, para terminar al cabo de años y años con penas poco severas comparadas con las impuestas a la delincuencia primitiva y violenta de los desfavorecidos. A lo que hay que añadir que raramente se devuelve el dinero robado. También contribuye a la dilatación de los procesos el exceso de garantismo, la falta de medios, la actitud de las defensas y los cambios de jueces y fiscales, etcétera.

En segundo lugar, contribuye a la idea de trato privilegiado el hecho de que los presuntos delincuentes de alto nivel social pueden tener defensas de primera categoría. Su posición les permite pagar los altos honorarios que estas perciben y tener una resonancia mediática asegurada. No se tiene noticia de que alguno de esos letrados haya renunciado a la defensa de esa clase de patrocinados por razones éticas o morales. De existir esas negativas sería bueno conocerlas.

Influye, en tercer lugar, la presencia entre esos defensores de funcionarios públicos en activo o en excedencia, que se han pasado al sector privado. La confusión entre lo público y lo privado es en nuestro país una lacra que explica mucho de lo que acontece. Un ejemplo: el fiscal del juicio del caso Nóos está pendiente desde hace meses de irse de la Fiscalía para integrarse en un bufete privado. Así son las cosas.

De existir voluntad política, habría remedios, aunque no soluciones absolutas. Bien lo saben los políticos responsables. Estas serían algunas de las posibles reformas: a) Establecer un sistema público de defensa de las personas desfavorecidas, como ya existe en otros países. b) Obligar a los bufetes de nivel superior o medio a asumir gratuitamente o a precio reducido la defensa de un número determinado de procesos al año. c) Revisar el actual sistema que permite que funcionarios públicos en activo puedan actuar en contra del Estado desde el sector privado, así como las salidas y regresos de los excedentes. d) Mayor protagonismo procesal de los jueces, especialmente en los juicios penales. e) Simplificación procesal, más medios para los Tribunales y mejora de la organización judicial; y f) Ejemplar castigo a las obstrucciones que impidan o retrasen la labor de la justicia y mayores beneficios para quienes colaboren.

Pese a todo, los tribunales de justicia constituyen la suprema garantía de los ciudadanos. Lo ocurrido con las cláusulas hipotecarias abusivas es un ejemplo que viene como anillo al dedo. Este es el camino a seguir, con esperanza, sin desfallecimientos aunque sabiendo que los obstáculos son poderosos y sus asistentes, también. Mientras, seamos conscientes de que la idea de que existen dos clases de justicia, una para los ricos y otra para los pobres, es generalizada. Solo en Finlandia se opina lo contrario.

Ángel García Fontanet es magistrado jubilado.