La Generalitat vetará a empresas que evadan impuestos en paraísos fiscales

El Gobierno de la Generalitat introducirá con la llamada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para el año que viene limitaciones de contratación pública para grupos empresariales que operen en paraísos fiscales. Siguiendo el precedente impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, el Ejecutivo de Carles Puigdemont establecerá una cláusula que obligará “a los licitadores, adjudicatarios y subcontratistas a cumplir rigurosamente la legislación tributaria, la laboral y de Seguridad Social, y muy específicamente que no lleven a cabo operaciones financieras contrarias a la normativa tributaria en países que no tienen normas sobre control de capitales y son considerados paraísos fiscales”.

El Departamento de Exteriores, Transparencia y Relaciones Institucionales es el responsable de contratación pública. La consejería que dirige Raül Romeva asegura a EL PAÍS que la consideración de paraíso fiscal será la que establezca la Unión Europea. La Comisión Europea prevé que en 2017 entre en vigor la lista única comunitaria de países considerados paraíso fiscal (Estados que son opacos fiscalmente y que no aportan información tributaria a terceros). El decreto de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona que regula esta materia prioriza la consideración de la UE pero también admite la lista de paraísos fiscales del ministerio de Hacienda español. El Ministerio considera que hay 34 países opacos fiscalmente con España.

Una portavoz del Departamento confirma que se estudiarán medidas de transparencia similares a las de Barcelona, como obligar a las empresas licitadoras a declarar en su oferta, o en su perfil de contratante público, sus vínculos con sociedades registradas en paraísos fiscales. La norma barcelonesa, como la que prepara la Generalitat, propone acciones que se enmarcan en la legislación estatal de contratación pública, que impide sancionar las opciones de un licitador de contratación pública por el hecho de operar legalmente en paraísos fiscales.

El decreto de la alcaldesa Ada Colau, en vigor desde junio, menciona una moción de 2015 del Parlament como texto inspirador en la nueva regulación de contratación pública. La moción solicitaba al gobierno “estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para prohibir la contratación de empresas privadas para prestar servicios públicos que tengan su sede social en paraísos fiscales o sociedades que formen parte de la matriz industrial domiciliada en paraísos fiscales”.

Resolución parlamentaria

La efectividad de esta moción es muy limitada, entre otras razones porque pocos grupos empresariales tienen su sede social en paraísos fiscales. Desde la toma de posesión del gobierno de Junts Pel Sí (JxSí), en enero, hasta principios de noviembre, la Generalitat ha concedido contratos a como mínimo una docena de multinacionales con filiales registradas en paraísos fiscales, según sus memorias anuales, sentencias y declaraciones ante las autoridades bursátiles de EE UU: Generali, Pzifer, OHL, Axa, Menarini, Air Products, General Electric, Endesa, Gas Natural, BDO y Striker.

Las medidas contempladas en el borrador de la ley de Acompañamiento tienen su origen en el mandato que el Parlament elevó al gobierno en octubre. Las resoluciones aprobadas durante el Debate de Política General, pactadas entre JxSí y la CUP, solicitan al gobierno que en seis meses ponga en marcha “cláusulas sociales en la contratación pública de la Administración de la Generalitat y de las entidades del sector público en los ámbitos siguientes: la transparencia fiscal y la no utilización de paraísos fiscales de acuerdo con la normativa vigente”. La segunda resolución parlamentaria sobre esta cuestión es idéntica a la cláusula que prepara la Generalitat —mencionada al principio de esta información— con la diferencia que también incluye a Andorra y Mónaco. Ambos principados ya no son considerados paraísos fiscales por la UE. Andorra ya ha expresado su malestar a la Generalitat y Mónaco hizo pública en EL PAÍS una declaración de protesta. Representantes de JxSí han asegurado que incluir a Mónaco y Andorra fue una iniciativa de la CUP. La consejería de Romeva descarta posicionarse sobre esa mención parlamentaria.

Un portavoz del PDECAT explica que los puntos programáticos del partido se están materializando en las medidas que llevará a cabo el gobierno de JxSí. Mireia Vehí, diputada de la CUP, destaca que su partido quiere ir más allá, y propone restringir el acceso a la contratación pública a multinacionales que transfieran ingresos a sociedades en países con baja presión fiscal, como los casos denunciados por la UE de Google en Irlanda o Ikea en Holanda y Luxemburgo. Vehí también cita la francesa Leroy Merlín como empresa que no debería recibir contratos púbicos por usar ingeniería fiscal para evitar impuestos locales. ERC no ha contestado las preguntas de este diario.