Expertos y familias acusan al Govern de perjudicar a las clases medias

Los cambios tributarios acordados por el Gobierno catalán y la CUP cayeron ayer como un jarro de agua fría sobre las asociaciones de familias numerosas y monoparentales. A sus críticas se sumaron expertos en fiscalidad, que denunciaron que la supresión del 1,5% de deducción del IRPF para jóvenes, personas en paro o con hijos a su cargo que pagan hipoteca y cobran más de 30.000 euros es un ataque a la economía de las clases medias. Patronales de apartamentos turísticos y de fabricantes de refrescos anunciaron recursos a los nuevos impuestos que les afectarán y que se incluirán en la próxima ley de Acompañamiento.

El director de la Federación Española de Familias Numerosas, Raúl Sánchez, denunció que la medida “perjudicará a las clases medias y a las que tienen más personas dependientes en casa”, una versión corroborada por la presidenta de la Federación Catalana de Familias Monoparentales, Sònia Bardají — “nos sentimos discriminadas”, dijo— y por el expresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Antonio Duran-Sindreu: “Que la deducción se limite al nivel de renta me parece bien, pero el límite de 30.000 euros es demasiado bajo: no es significativo de rentas altas”. El presidente de los Fiscalistas del Colegio de Economistas de Cataluña, Nacho Cornet, cuestionó la decisión de la Generalitat con una pregunta: “¿Cuánta gente con una renta inferior a 30.000 euros puede adquirir una vivienda habitual?”

La Generalitat tomó esta decisión para zanjar el debate sobre la posible subida de la presión fiscal a las rentas más altas que demandaba la CUP y sacar adelante los Presupuestos de 2017. La alternativa del Gobierno catalán pasa por utilizar su tramo autonómico del IRPF, que aplicaba unas deducciones por inversión en la vivienda habitual (un 9%, que permitía elevar las deducciones hasta un 16,5% si se tiene en cuenta el tramo estatl) superiores a las que aplican el resto de comunidades (7,5%). Según sus cálculos, la medida afectará a 250.000 de los 886.000 contribuyentes que se benefician de esa deducción actualmente y supondrá recaudar 12,6 millones.

Miguel Ángel Mayo, coordinador del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en Cataluña, consideró que la afectación de esa deducción del 1,5% es “pequeña”. Un contribuyente se puede llegar a deducir un máximo de 135 euros al año por ese concepto en el caso de amortizar 9.040 euros de su hipoteca, el importe máximo deducible.

Según Mayo, la CUP ha impuesto su demanda de aplicar mayor progresividad fiscal. Se apoya en la futura creación de un impuesto que grave “los activos no productivos” —afectará a inmuebles, embarcaciones y coches de lujo— en sociedades mercantiles, de forma que se pueda evitar que los más ricos eludan el pago de impuestos. La gran incógnita es cómo se articulará ese impuesto y de dónde sacará la base de datos de esos bienes. Mayo también destaca la subida de un 10% a un 11% del impuesto de transmisiones patrimoniales para la compraventa de inmuebles de más de un millón de euros. Cronet lamentó que se impone “mucho control para poca recaudación”.

Críticas de patronales

La creación de otros impuestos generó críticas en los sectores afectados. La reacción más beligerante fue la de las patronales de los apartamentos turísticos, que amenazaron al Ejecutivo catalán con llevarlo a los tribunales por querer obligar a sus clientes a pagar la misma tasa turística que pagan los hoteles. Cuestionan “la legalidad de una medida discriminatoria, injustificada, arbitraria y sin sentido”. El presidente de Apartur, Enrique Alcántara, calificó de “animalada” la propuesta de que los clientes de pisos turísticos de Barcelona paguen 2,2 euros por noche. Entiende que esta cantidad perjudica al turismo familiar y favorece a la oferta ilegal. “Va en contra de cualquier política fiscal progresiva”, destacó y añadió que los apartamentos son el único alojamiento al que incrementará la tasa.

En el lado opuesto, la plataforma Airbnb acogió “con agrado la oportunidad de trabajar con el Gobierno de Cataluña en una normativa fiscal parecida a la que existe en otras ciudades del mundo” al permitírsele cobrar la tasa. En el caso de Barcelona, con todo, el gobierno de la alcaldesa Ada Colau no ve bien que las plataformas —a las que ha multado por anunciar pisos sin licencia— cobren la tasa porque entiende que sería legitimar la oferta ilegal que anuncian. La propuesta de la Generalitat también prevé cobrar tasa turística a los cruceristas. El director de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, Alfredo Serrano, asegura que no hay ningún puerto europeo donde se pague tasa por una estancia corta y alertó que se perderá competitividad.

También crítica se mostró la patronal de las bebidas azucaradas, Anfabra. Su director, Josep Puxeu, alerta que gravar estas bebidas es “discriminatorio con una categoría y no con el ingrediente, el azúcar”, que emplean otras industrias agroalimentarias. “El sector está dispuesto a trabajar en la mejora de etiquetas y a favor de un estilo de vida saludable, a hacer pedagogía…”, afirmó a la espera de reunirse con la Generalitat.

También mostraron cautela las patronales de las grandes superficies. Fuentes de Anged aseguraron que no conocen el detalle del proyecto. “Es un tema muy técnico, preferimos esperar a conocer todos los detalles antes de valorar en qué medida puede afectar a nuestras empresas”, manifestaron. En la misma línea se expresó el sector de los juegos de azar: “No tenemos el detalle pero el sector ya está tremendamente gravado”, afirmaron fuentes del negocio. La patronal de las nucleares, ANAV, también pidió cionocer el detalle para hacer valoraciones.