El plan de Colau contra los pisos turísticos detecta 32 albergues ilegales

Ni uno, ni dos, ni tres. Hasta 32 albergues o pensiones ilegales ha detectado el plan de choque contra los pisos turísticos que ha puesto en marcha el Gobierno de la alcaldesa Ada Colau en Barcelona. El Ayuntamiento ha hecho este lunes balance de denuncias e inspecciones de los meses de julio y agosto. El plan ha recibido más de mil denuncias de vecinos e incluso turistas (1.123 en total) y el Consistorio ha multado y ordenado el cierre de 615 pisos turísticos que no tienen licencia.

Con todo, la batalla que el Gobierno de Colau libra contra la oferta ilegal de alojamientos será larga. Lo ha admitido la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, que ha explicado que entre las órdenes de cierre y su cierre efectivo pueden pasar un año o un año y medio. Por ahora, el Consistorio solo tiene constancia del cese de actividad de 71 pisos, que corresponden a expedientes iniciados en 2015.

Tanto Sanz como la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, han subrayado que el objetivo del plan de choque es garantizar el derecho a la vivienda en Barcelona. Sanz ha recordado que las estadísticas oficiales de población demuestran que el barrio Gòtic ha perdido el 45% de sus vecinos en paralelo a la presión turística. "El trabajo se tenía que intensificar dado que había una sustitución de vivienda de vecinos a turísticos", ha justificado sobre el plan de choque. Un estudio encargado por el consistorio ha revelado que el 40% de los pisos turísticos que hay en Barcelona son ilegales (un total de 6.275 sin licencia), además afirmar que su presión sobre el mercado residencial provoca una subida de los precios de alquiler.

El resultado del plan de choque es fruto del trabajo de un cuerpo de "visualizadores" que han localizado viviendas ilegales en la calle y de la web en la que los ciudadanos podían chequear si en una determinada dirección el piso turístico que hay es legal o ilegal y denunciarlo. De los 615 expedientes de multa y cierre abiertos, 418 han sido identificados por los visualizadores y 197 son  fruto de los inspectores que han respondido a las denuncias de la web.

Janet Sanz también ha insistido en que tras dos multas de 30.000 euros a las plataformas de alquileres turísticos Airbnb y Homeaway mantienen conversaciones para que dejen de anunciar pisos sin licencia, pero que si no responden "en pocas semanas" el Consistorio procederá a multarles con 600.000 euros. "Hay abierta una vía de diálogo pero no parece que responda a lo que ponemos sobre la mesa", ha explicado.

En este sentido, Pin ha alertado de que el Ayuntamiento tiene constancia de que "cada vez más los turistas reciben instrucciones de plataformas o anfitriones de eludir las inspecciones". Y a la pregunta de si les consta si los propietarios de los pisos ilegales detectados son realmente anfitriones o empresas, ha respondido que no tiene el recuento exacto, pero que en Airbnb hay 80 pisos cuyos anfitriones son los mismos: "Diego y Raül".

Además de todos estos casos relacionados con pisos turísticos y albergues o pensiones ilegales, el Ayuntamiento también ha multado a dos residencias de estudiantes que en realidad operan como alojamiento turístico. Operan bajo la marca Melon District y están en Poble Sec y el Poblenou. Con todo, la empresa asegura que no han recibido ninguna notificación al respecto.