Los pisos turísticos ilegales se extienden a la periferia de Barcelona

El incendio del pasado lunes en el que murieron dos niños de una familia que había ocupado un piso propiedad de un banco en el barrio del Besòs de Barcelona, a pocos metros de La Mina, reveló que en la misma finca había un apartamento turístico ilegal. Los cinco turistas resultaron heridos al saltar al vacío desde un segundo. Se acababan de instalar para pasar unos días de playa y fiesta en la capital. Los padres de uno de ellos, británicos de origen asiático, estuvieron este jueves en el piso para recoger las maletas y confirmaron que lo alquilaron “por cinco días, por internet”. Este caso es la punta del iceberg de la extensión de los pisos turísticos ilegales por los barrios periféricos de la ciudad, donde los precios caen respecto al centro.

Basta consultar páginas como Airbnb o Homeaway para ver que la oferta es amplia, tanto de pisos enteros en los que no consta el número de licencia (obligatorio según la Ley de Turismo), como de habitaciones. Hay pisos en barrios tan dispares como Badal, La Prosperitat, Sagrera, La Pau, Guinardó o el Turó de la Peira. La oferta legal, 9.857 pisos, quedó congelada en mayo de 2014, cuando el ex alcalde Xavier Trias dictó una moratoria de nuevas licencias. Sobre la oferta ilegal no hay cifras, pero sí datos que constatan la expansión. Por ejemplo, una cuarta parte de los expedientes abiertos por el Ayuntamiento este año y el pasado corresponden a pisos ilegales que están fuera de Ciutat Vella y el Eixample.

El Plan de Choque de la alcaldesa Ada Colau contra la oferta ilegal cuenta con efectivos en toda la ciudad, no solo en el centro, subrayan fuentes municipales. Hay 20 visualizadores que patean todos los barrios, las arañas informáticas rastrean toda la oferta en internet, cualquier vecino puede comprobar si un piso tiene licencia en la página creada para ello y las cartas pidiendo la colaboración ciudadana se enviarán a toda la ciudad.

El jueves, Juan, vecino de la finca donde murieron los dos niños, explicaba que “hace ya unos años que funciona el piso turístico”. “El problema del Besòs y la Mina es la gente, no el lugar, tenemos la playa al lado y en 20 minutos estás en el centro”, argumentaba una joven vecina dando a entender que no es tan extraña la oferta para turistas en el Besòs. Incluso fuentes municipales reconocen su sorpresa por la ubicación de un piso turístico en la zona, pero admiten que los vecinos explican que comienza a haber oferta.

En la calle, el jueves revelaban que en plena crisis algunos rusos “o georgianos” compraron veinte pisos en el barrio “por muy poco dinero”. “Los han arreglado y los alquilan por días en internet”, aseguraba Juan. Este caso es especialmente llamativo, por la convivencia entre vecinos de toda la vida, okupas con la luz pinchada y turistas en una finca con aluminosis en un barrio con una de las rentas más bajas de la ciudad.

Desde la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS), Daniel Pardo cuenta que “han detectado pisos ilegales en zonas de Nou Barris o de Horta Guinardó, y de forma no estrictamente puntual”. Pardo vincula la proliferación de oferta sin reglar en la periferia “a los desorbitados precios de la oferta de Ciutat Vella y el Eixample”.

Uno de los barrios donde se ha multiplicado la oferta de pisos es Indians, en Sant Andreu. David, vinculado a la ABTS, apunta que la presencia de apartamentos turísticos “todavía no es masiva, pero hay lugares donde la incidencia es significativa y las molestias evidentes”. “En un barrio sin atractivo turístico, el desfile de turistas es diario”, asegura.

Desde Airbnb, un portavoz confirma que “anfitriones y visitantes, de manera creciente, están presentes en zonas alejadas del centro de las ciudades repartiendo los beneficios a los barrios alejados de las zonas más turísticas”. “Las personas que buscan alojamiento a través de Airbnb son viajeros respetuosos que quieren vivir las ciudades como un local”, subraya y añade que la compañía, multada por la Generalitat y el Ayuntamiento por ofertar pisos sin licencia confía en un cambio normativo. Quien no está de acuerdo en que la oferta crezca en la periferia es el presidente de Apartur, la patronal de los apartamentos turísticos. Enrique Alcántara afirma que “no hay una gran oferta porque no sale a cuenta” y porque “los propietarios se exponen a multas enormes, de hasta 600.000 euros”.