Colau anula la compra de un edificio de pisos turísticos, que serán sociales

Con la polémica entre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la Generalitat por la intervención este miércoles de unidades antidisturbios de los Mossos en un desahucio en el barrio de Sants todavía coleando, el Ayuntamiento ha hecho balance este jueves de su política en materia de vivienda. El Consistorio ha explicado que ha ejercido por primera vez el derecho de retracto —ha anulado una compraventa entre privados y ha comprado él— un edificio de Ciutat Vella que estaba destinado a albergar pisos turísticos para que sea de vivienda social. El Ayuntamiento también ha comprado el edificio donde estaba ubicado el Espacio del Inmigrante, en la calle del Hospital, amenazado de desahucio.

La primera compra ha sido posible por el decreto de la Generalitat del año pasado de Medidas Excepcionales en materia de vivienda, que permite a los Ayuntamientos comprar preferentemente pisos procedentes de transmisiones tras ejecuciones hipotecarias. El edificio era de la Sareb, la sociedad que gestiona los activos tóxicos de los bancos, que lo vendió a una empresa de apartamentos turísticos. Está en la calle de Metges, es de interés histórico y el Consistorio lo ha comprado por 861.000 euros, la misma cantidad que había pagado la empresa de apartamentos. Tiene diez viviendas y un local en cinco plantas. En el caso de la finca del Espacio del Inmigrante, de 1825, ha ejercido su derecho de tanteo y lo ha comprado por un precio inferior al de mercado, 1,4 millones de euros. La finca tiene nueve pisos y tres locales, que también se convertirán en viviendas sociales.

Sobre la polémica por el desahucio de ayer, Colau ha admitido que "fallaron los protocolos" y ha pedido a la Generalitat revisarlos para que no vuelva a ocurrir. "No quiero rifirrafes, pero algo se hizo mal y se trata de que un desalojo con menores y con antidisturbios no se vuelva a producir", ha dicho desde "una actitud constructiva y propositiva". Colau ha dicho que todavía no ha hablado directamente con ningún responsable de la Generalitat, pero ha ofrecido "máxima colaboración".

Desde la Generalitat, la vicepresidenta Neus Munté ha mostrado su malestar por las palabras de Colau ayer. "No se nos puede poner al mismo nivel que el Gobierno del PP, es ofensivo para un Ejecutivo [el catalán] que ha trabajado" para evitar desahucios. En última instancia, con todo, la alcaldesa ha culpado al Gobierno del PP y al Tribunal Constitucional por "suspender la parte de la ley 24/2015 que posibilitaba que se produjera, porque hubiera obligado al propietario a realojar a la familia". Desde la oposición en el Ayuntamiento, CiU y PP han criticado a Colau, a quien han emplazado a resolver el drama de los desahucios, que no se detienen en la ciudad; y la CUP se ha mostrado partidaria de desobedecer al Tribunal Constitucional.

En su repaso a las políticas de vivienda Colau y el concejal del ramo, Josep Maria Montaner, han asegurado que la UCER, la unidad que crearon y que actúa cuando el Consistorio conoce un caso de intento de desahucio, ha conseguido parar "más de 100 al mes". "Hoy mismo hemos evitado cinco desahucios en Nou Barris", ha dicho Colau. La unidad ha atendido 1.515 entre enero y julio de este año. "Nunca nadie se ha quedado en la calle", ha celebrado Montaner. El Ayuntamiento, además, ha abierto 250 expedientes para multar a grandes propietarios que tienen pisos vacíos desde hace más de dos años.