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De Alfonso tiene muchas fichas, pero no tirará “de la manta, por ahora”

El director de la Oficina Antifraude irá este jueves al Parlament, pero dice que es "una farsa"

Daniel de Alfonso, en la Oficina Antifraude.
Daniel de Alfonso, en la Oficina Antifraude.

Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), explicó a EL PAÍS que guarda fichas con el contenido de las reuniones que ha mantenido con más de 40 altos cargos de todos los Gobiernos durante los más de cinco años que lleva en el cargo. “Por ahora no voy a tirar de la manta y esperaré a ver qué acuerda el Parlament. Después ya veremos”, dijo, si bien no alberga ninguna duda de que la Cámara acordará su destitución la próxima semana. “Tengo claro que este partido ya está jugado y que lo pierdo”, argumentó.

Si finalmente se confirma su destitución, De Alfonso regresará a su plaza de magistrado, como presidente de la Sección Séptima (Penal) de la Audiencia de Barcelona. Mientras llega ese día, asegura que no dimite porque no es “un cobarde”, porque le preocupa la imagen que pueda quedar de él y porque considera que no ha incumplido la ley que regula la Oficina Antifraude ni ha actuado con negligencia. Este organismo se creó en 2008, en la época del segundo tripartito, no tiene precedentes en España y depende del Parlament. Sus funciones son solo de investigación y hacer recomendaciones a las instituciones.

El director de la OAC defiende su actuación sin fisuras y admite que se ha reunido con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en más de una ocasión. “Tres, cuatro, cinco, no lo sé con exactitud”. En su opinión, entra dentro de sus funciones hablar con el ministro, con independencia del contenido de ese encuentro, en el que se intercambiaron información sobre familiares de políticos independentistas catalanes, intentar preparar pruebas contra ellos y pactar la forma en cómo difundirlas después.

Esas conversaciones están sacadas de contexto, se les puede dar un tono u otro, como a cualquier conversación privada. Pero lo más grave de todo es que nadie se centra en lo que es relevante del caso: que es delito grabar una conversación sin permiso y difundirla”, manifestó ayer.

De Alfonso está convencido de la legalidad de su actuación y por eso anuncia que, si finalmente es destituido, acudirá a la justicia para pedir que anule la destitución que muy posiblemente acordará el Parlament. “Las grabaciones ilegales son una prueba nula en cualquier proceso y parece que nadie lo quiere recordar, nadie ha dicho que eso sea asqueroso y repugnante”, dice.

“Yo qué sé quién lo puede haber grabado”

De Alfonso asegura “no tener idea” de quién puede haber grabado las conversaciones. Inicialmente sugirió que detrás de todo esto estaba el PSC, pero este miércoles lo matizó.

“La verdad es que no puedo señalar a nadie porque no tengo pruebas”, dijo. Sí explicó que habitualmente deja su teléfono fuera de los despachos oficiales, pero no sabe si lo hizo cuando se reunió con Fernández Díaz. Su hipótesis es que en aquella sala se había colocado un micrófono oculto por la calidad del sonido y descarta que la grabación se hiciera desde su teléfono, pero admite que “son especulaciones”.

Este miércoles acudirá a dar explicaciones en la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament. Asegura que no revelará ningún dato que haya conocido durante las investigaciones que ha realizado en su mandato. “Tengo mucha información y de gente muy diversa, pero de momento no la desvelaré”, insiste. “Todo esto es una farsa, pero es el trámite que me toca cumplir”, dice.

En su opinión, la publicación de las conversaciones responde a “una guerra sucia, asquerosa y delincuencial de los políticos, unidos por diversos intereses” y cita al dramaturgo Jacinto Benavente para referirse a la clase política catalana: “Los hombres se unen cuando hay odio de por medio”. Confiesa sentirse “muy decepcionado” con algunos miembros del Gobierno catalán con los que tenía previsto entrevistarse esta semana, aunque al final no lo hará.

Las reuniones con el ministro se produjeron siempre a petición del equipo de Jorge Fernández Díaz, en las dependencias del Ministerio del Interior. De Alfonso aceptó sin reparos porque consideraba que era su “obligación” hacerlo. “Yo he de saber lo que tiene la policía española de cualquier caso que está investigando la Oficina, igual que he de saber lo que tienen los Mossos y por eso me reúno también con el consejero catalán de Interior y no pasa nada”, explica para defenderse. “Desde que estoy en este cargo atiendo todas las llamadas, sean de ministros, consejeros, de periodistas o de confidentes, porque es lo que he de hacer”, remacha.

De Alfonso fue nombrado en 2011 tras la muerte del exfiscal David Martínez Madero. Votaron a favor CiU, PSC, Ciudadanos y el PP. Se abstuvieron Iniciativa per Catalunya y Esquerra y solo dos diputados de Solidaritat per la Independència votaron en contra.

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