La economía sumergida supera el 17% del PIB en Euskadi

La economía sumergida se sitúa en Euskadi entre el 17 y el 17,4 % del PIB, 5 puntos menos que en el total de España, con una merma recaudatoria anual en las arcas públicas vascas entre los años 1990-2014, de 2.320 millones, practicamente el 25% del presupuesto vasco. Esa es una de las conclusiones del informe "Economía Sumergida y Fraude Fiscal en Euskadi", encargado por el Gobierno vasco y elaborado por los catedráticos del Instituto de Economía Pública de la UPV/EHU, Ignacio Zubiri y Javier Fernandez-Macho, y la catedrática, Mari Carmen Gallastegui. Un informe que ha sido colgado en la página del Gobierno vasco, pero sin haber sido explicado a los parlamentarios en sede parlamentaria. El PSE ha pedido la comparecencia urgente de los catedráticos.

El informe analiza y cuantifica el tamaño de la economía sumergida en Euskadi para estimar el fraude en las operaciones de producción y venta de bienes y servicios y bajo ciertas condiciones en las transacciones de riqueza pero no cuantifica los fraudes asociados a mecanismos de ingeniería fiscal, deslocalizaciones ficticias de beneficios, rentas en el exterior no declaradas y otros. Por ello, sus autores precisan que las estimaciones del fraude fiscal basadas en la economía sumergida son "cotas inferiores a los niveles reales de fraude".

Pese a todo, las tres diputaciones vascas, aunque han abierto sus bases de datos a inspecciones cruzadas, los datos se suministran, por lo general, solo bajo petición. La coordinación entre administraciones tributarias no cuenta con el apoyo decidido del PNV, aunque la pasada legislatura las haciendas firmaron convenios, y al principio de esta se constituyó la Comisión Interinstitucional que diseña campañas coordinadas.

El informe apunta que, durante el segundo cuatrienio de crisis económica 2011-2014, el impacto ha sido de 3.700 millones de euros anuales, de los cuales más del 60%, corresponderían a impuestos generales y concertados como IRPF, Sociedades e IVA, que recaudan las administraciones vascas, en concreto las tres Diputaciones y los Ayuntamientos. Ello supone una pérdida anual para las Administraciones de Euskadi de 2.320 millones de euros, de los que solo 300 serían de gestión estatal.

En el periodo 2012-2014, el 19,6% de las inspecciones de trabajo han encontrado empleo oculto. Este empleo es equivalente al 6,5% de los trabajadores de las empresas investigadas. Según la Inspección de Trabajo, el empleo oculto está fundamentalmente en la Hostelería, los Servicios profesionales y el Comercio. En el periodo 2012-2014, más del 55% del empleo aflorado pertenecía a estos tres sectores. De estos tres, la Hostelería es la que mantiene más empleo oculto.

Los autores del informe creen conveniente, ante estas conclusiones, crear un observatorio del fraude, independiente de las Administraciones Públicas, ya que "es una práctica habitual en muchos países y en diferentes ámbitos de la Administración". El observatorio, se encargaría de "cuantificar el fraude, evaluar las medidas tomadas, valorar la eficacia en la lucha y el cobro de deudas". Aconseja, asimismo, "seguir la experiencia internacional en la lucha contra el fraude y, en su caso, proponer medidas" para combatirlo, así como "rendir un informe anual al Parlamento Vasco y dar publicidad de sus análisis y recomendaciones".