Descoordinación contra el fraude fiscal

A más de uno le temblarían las canillas si de repente se encontrara en las páginas de los periódicos la fotografía de los máximos representantes de las administraciones tributarias en un gesto de unidad sin fisuras contra el fraude fiscal. Posiblemente esa noche dormirían mal si encima leyeran que las tres Diputaciones vascas, la Agencia Tributaria estatal, y la Hacienda de Navarra van a compatibilizar sus sistemas informáticos en busca de bolsas de fraude, allí donde más se produce, entre los profesionales liberales y los empresarios, además de entre las grandes fortunas.

Y siguiendo con la hipótesis de los defraudadores preocupados, la mayoría empezaría a tener pesadillas si dos párrafos más abajo los diputados, consejeros y ministro del ramo confirmaran que han trazado estrategias conjuntas y coordinadas, más allá de sus ámbitos geográficos de responsabilidad, para perseguir a los defraudadores en virtud de una nueva normativa fiscal más severa y contundente.

Pello González "Me interesa armonizar las campañas si es una prioridad"

El problema es que, de momento, los defraudadores no van a perder el sueño. La descoordinación fiscal es un hecho que en Euskadi va en sentido contrario a lo que empieza a suceder en el resto de los países. El volumen de información que fluye entre las administraciones tributarias es aceptable, pero no hay ninguna coordinación para atacar objetivos comunes.

Y eso que existe un mandato parlamentario que da plena cobertura a que la compenetración y la complicidad se convierta en una realidad. La ley de Armonización Coordinación y Colaboración Fiscal, de 1989, -modificada en 1998- establece en exactamente eso en su capítulo IV, artículo 13. "Las Diputaciones forales ejecutarán planes de inspección conjunta sobre sectores, colectivos y empresas, especialmente sobre aquellos que operen en más de un territorio histórico".

Pero además la ley especifica que la elaboración de esos planes se efectuará en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT). "A estos efectos las Diputaciones establecerán los mecanismos oportunos, incluidos los informáticos, para que la información de los contribuyentes esté a disposición del OCT", finaliza el artículo 13. Nunca se ha hecho.

El Gobierno se lo planteó a las Diputaciones, la pasada semana en la última reunión del OCT, pero "sin mucho convencimiento", según interpretaron los directores forales de Hacienda que asistieron a la reunión. El Ejecutivo insiste en que el escenario final es ese y que van a impulsar desde el Departamento de Hacienda las acciones que sean necesarias para lograr un frente de administraciones contra el fraude fiscal. Nadie dice que no. Las Diputaciones responden que van a mantener la lealtad institucional y prestarán el apoyo que se les pida. Pero pese a su trascendencia, la propuesta no parece emocionar a ninguna de las partes.

El diputado de Hacienda de Guipúzcoa, Pello González, no quiere medias tintas. "Me interesa la armonización de campañas si se hace como una prioridad. La lucha contra el fraude es una cuestión ética. No me interesa si se hace a la baja", dice con total claridad.

La tesis de que ha llegado el momento de afrontar esa batalla, que podría aflorar unos 2.700 millones de euros anuales en toda Euskadi, es compartida por muchos agentes sociales y políticos y desde luego por todos los sectores afectados por los recortes del gasto público y los ajustes del mercado. Y aunque es cierto que en Euskadi y España existe una cultura tributaria más próxima al pequeño fraude que al de la contribución como una vía para ganar en derechos, empieza a calar la realidad de que los paganos de esa cultura, heredada de la picaresca, son los trabajadores por cuenta ajena, a quienes se les aplican retenciones directamente sobre sus rentas de trabajo.

"Ya es hora de que las instituciones dejen de hacer la guerra por su cuenta y afronten el compromiso contra el fraude fiscal de manera unida", asegura el catedrático de Hacienda Pública de la UPV, Ignacio Zubiri, escéptico ante la posibilidad de que se abra de una vez el camino hacia la lucha coordinada.

Hasta el PNV es consciente de que sus diputaciones no obran de manera eficiente en esta guerra, pese a que están aflorando mucho dinero. En una enmienda a una proposición de EA que finalmente fue retirada el pasado jueves en el Parlamento, proponían a los diputados generales que agilizaran el tránsito de información para combatir el fraude. Zubiri duda de que las administraciones vascas tengan voluntad política para iniciar una guerra total en los juzgados, y a librar batallas contra los más poderosos. "Tienen en su mano la legitimidad para hacerlo, ahora tienen que dar el paso", asegura el catedrático. El secretario general de Inspectores de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre, tiene una visión global del problema, pero una solución local: "En Euskadi suplen la falta de coordinación con más medios, que es lo que nos falta a nosotros. Pero si trabajáramos todos juntos la lucha sería mucho más efectiva".