Marrullerías con el déficit

Lo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro con el déficit es sencillamente asombroso e irritante. Vamos con el malísimo dato del déficit 2015 de España. Ante el preocupante resultado, Montoro no dedica un solo comentario a su responsabilidad en el fiasco, ni mención a que los ingresos impositivos no hayan cumplido el objetivo previsto en los Presupuestos del Estado en 5.349 millones de euros y ni a las consecuencias de haber puesto en marcha una reforma fiscal electoralista que ha costado 7.867 millones de euros a las arcas públicas.

La culpa, como siempre en la política española, la tienen otros, y para no variar -en este tema- les toca a las Comunidades Autónomas, a las que será necesario meter en cintura por su desviación del objetivo en más de 9.000 millones de euros (del 0,7% al 1,66% del PIB). Ninguna alusión, a los 2.500 millones de euros de gasto que se deben a la devolución del 50% de la paga extra de 2012 a los empleados públicos que el propio Gobierno aprobó por puro calendario electoral, y ni un solo comentario sobre el efecto que en esta situación pueda tener el retraso, de ya tres años, de la imprescindible revisión de la Financiación Autonómica, ni a que la misma pueda afectar a los 6.500 millones de desviación restantes.

Para evaluar esta situación quiero aportar dos datos. Montoro ha fijado para las Comunidades Autónomas un objetivo de déficit en 2015 del 0,7% del PIB y para la Administración Central un objetivo del 2,9% del PIB. Nadie ha explicado esta distribución, ni un solo documento oficial aborda el porqué de esta asignación de objetivos entre administraciones públicas. La Comisión Europea ha advertido sobre el tema, pero nada que hacer. Es una decisión impuesta por el dueño de la caja a las Comunidades Autonómas, aunque a partir de ella, luego pivotará toda la evaluación de la gestión autonómica.

Veamos, las Comunidades gestionaron en 2014, un gasto de 164.629 millones de euros, del cual el 71% se aplicó a sanidad, educación y protección social. La Administración Central gestionó en 2014 un gasto de 224.500 millones de euros, del cual solo un 9% se aplicó a sanidad, educación y protección social. ¿Por qué esta desequilibrada asignación del déficit?¿Por qué no una asignación de objetivos equitativa, al menos proporcional al gasto que se gestiona, lo que significaría atribuir un objetivo del 2,07% de PIB a la Administración Central, y un 1,53% de PIB a las Comunidades Autónomas? Son preguntas sin respuesta. Nadie lo sabe, misterios de la política española y una evidencia más de que nuestra gestión de la estabilidad presupuestaria es manifiestamente mejorable.

En todo caso, resulta muy evidente cual sería la lectura del resultado si la asignación de los objetivos de déficit hubieran sido equitativos: las Comunidades Autónomas sería cumplidoras con un resultado del 1,66%, respecto al 1,53% del objetivo y la Administración Central incumplidora pues se habría desviado al 2,68% respecto un objetivo del 2,07%.

Y algo más, las Comunidades Autónomas gastaron, en 2014, 107.403 millones de euros en sanidad, educación y protección social (un 10% menos que la Unión Europea). Para garantizar la suficiencia financiera de la prestación de esos servicios públicos fundamentales el prorrogado modelo de financiación autonómica de 2009 aportó, en 2014, 68.602 millones de euros. Es decir, las Comunidades Autónomas soportaron, en 2014, un déficit estructural de financiación para atender los servicios fundamentales de sanidad, educación y protección social de 38.801 millones de euros. En 2015, la cosa sigue igual y las Comunidades Autónomas obtuvieron un déficit de algo más de 17.000 millones de euros. ¿De verdad a alguien le parece esto incomprensible? A Montoro sí.

José Antonio Pérez García es experto en financiación autonómica.