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Colau apuesta por municipalizar el agua tras la anulación del contrato

El Área Metropolitana de Barcelona no recurrirá la sentencia en contra de la sociedad mixta controlada por Agbar

Planta potabilizadora de Sant Feliu de Llobregat.
Planta potabilizadora de Sant Feliu de Llobregat.

La sentencia que anula la actual concesión del suministro del agua en 23 municipios catalanes, ahora en manos de una empresa mixta controlada por Agbar, ha reabierto el debate sobre la conveniencia de que un servicio básico esté en manos públicas o privadas. Janet Sanz, la vicepresidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), señaló ayer que tras el fallo “es necesario que desde la administración también se dé una respuesta y se plantee un modelo de gestión pública del agua, que es la propuesta que más beneficiaría a la ciudadanía”. Agbar tiene intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, lo que no hará el AMB, gobernada por Barcelona en Comú, el PSC y ERC. Los socialistas impulsaron la sociedad mixta ahora impugnada.

“Se empezará a trabajar para plantear el modelo público de suministro del agua”, dijo Sanz, quien aseguró que no se esperará a la sentencia del Tribunal Supremo para empezar a valorar la municipalización del servicio, ahora controlado por una empresa en la que están Agbar (con el 70% del capital), La Caixa (15%) y el AMB (15%). Fuentes de las empresas que llevaron a los tribunales (Aguas de Valencia, Aqualia y Acciona Agua) la creación de esa sociedad público-privada por no abrir un concurso señalaron que se solicitará la ejecución de la sentencia, pero el recurso que presentará Agbar abona la posibilidad de que el fallo quede en suspenso hasta que el Supremo dé una solución definitiva.

Ese periodo que ahora se abre es el que quiere aprovechar el AMB, presidido por Ada Colau, para abrir un debate sobre las posibilidades de crear un operador metropolitano público y seguir el camino de París o Berlín, donde el suministro de agua ha sido rescatado del capital privado. De momento, los planes sobre la empresa mixta están congelados. La presentación del contrato-programa y del plan de inversiones fueron retirados ayer in extremis del orden del día de la Comisión Informativa de Medio Ambiente de la corporación metropolitana, tras conocerse la sentencia.

Diferencias BComú-PP

La sentencia judicial ha abierto una brecha en el modelo de gestión de agua y también en el Gobierno de la corporación metropolitana, que junto a Barcelona en Comú gobierna el PSC y ERC. El PSC aprobó junto a CiU la constitución de la sociedad mixta hace casi cuatro años y ahora se encuentra en la tesitura de defender el modelo que aprobó entonces o el de asumir el fallo judicial como hará la formación de Ada Colau. De momento evitará romper el acuerdo de Gobierno y se negará a recurrir la sentencia, lo que supone ir en contra de sus propios actos pasados. Pero los socialistas consideran que se tiene que realizar un análisis pormenorizado antes de apostar por una u otra opción. “Tenemos que pensar en no causar perjuicios a la institución”, señaló Antoni Balmon, alcalde de Cornellà y vicepresidente del AMB.

Agbar cifra en unos 500 millones de euros el coste que tendrá que asumir el Área Metropolitana de Barcelona si se decide municipalizar el abastecimiento del agua y desmontar la empresa mixta. Aseguran que ese es el valor de los activos que aportó a la empresa público-privada. Fuentes del AMB, no obstante, aseguran que esa cifra podría situarse por debajo de los 100 millones, si se tiene en cuenta que la sentencia del TSJC asegura que algunos de los activos aportados por Agbar son fruto de una concesión (o sea, que no son propios y no los puede aportar como propios) y que otros no tendrían que estar en la sociedad porque no cumplen unas funciones imprescindibles en el suministro a hogares.

Barcelona en Comú, que presionaba para realizar una auditoría de la empresa mixta, ha encontrado en la sentencia la mejor auditoría. Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, reclamó que sea cual sea la decisión que se tome, “esta no tenga impacto en el recibo del agua que han de pagar los consumidores”.